La norma ya tenía media sanción en el Senado provincial y durante la mañana se trató en la Cámara Baja santafesina, donde tuvo luz verde en general por 23 votos positivos, 9 negativos y 11 abstenciones. En tanto, durante toda la jornada se registraron protestas en las inmediaciones de la Legislatura por parte de gremios docentes y estatales.

Cerca del mediodía la sesión tuvo que pasar a un cuarto intermedio por los incidentes en los alrededores de la Legislatura.

El momento más complejo tuvo lugar cuando se produjo cuando un grupo de manifestantes intentó ingresar al parlamento por la fuerza pero fue repelido por policías que estaban apostados en el interior del edificio. En las afueras, las fuerzas de seguridad reaccionaron con gases lacrimógenos, mientras los manifestantes iniciaron focos de incendio y arrojaron piedras y botellas a los efectivos. Una vez finalizado sancionada la reforma y finalzado el cuarto intermedio por los incidentes, los diputados provinciales retornaron al recinto.

Las modificaciones en materia previsional tienen como finalidad «bajar el nivel de déficit de la Caja de Jubilaciones», que para este año «alcanza los 430.000 millones de pesos», indicó el Gobierno provincial.

Además, el oficialismo busca «salvar la caja de los estatales» y evitar «una nacionalización del sistema previsional», ya que «significaría una caída de los haberes» que perciben los jubilados de la provincia, «donde rige el 82% móvil».

Otro de los puntos clave que se aprobó fue el «aporte solidario durante dos años, con la posibilidad de extenderlo otros dos, que deberán hacer los jubilados que cobren los haberes más altos». Según consignó el gobierno provincial, es una «medida que alcanza a quienes perciben tres veces el haber mínimo y establece un esquema escalonado que hace que los que más paguen sean los que perciben las jubilaciones más altas».

La nueva legislación en materia previsional establece también un «tope» en los haberes máximos para evitar que haya «jubilaciones que multiplican hasta 32 veces la mínima».

De esta manera, el Gobierno provincial estableció un «límite máximo de 20 haberes mínimos como techo». Otro punto relevante dentro de los cambios tiene que ver con limitar el tiempo de permanencia en sus puestos de trabajo a las personas que hayan iniciado los trámites para pasar al sector pasivo.

Desde el Ejecutivo provincial señalan que esto sucede principalmente en el sector judicial, donde «tienen sus jubilaciones ya otorgadas, pero que no se acogen al retiro para no dejar de percibir sueldos que, en algunos casos, llegan a los 14 millones de pesos».

Tampoco se permitirá a partir de la sanción de la nueva ley «acumular beneficios» y además «se pone un límite temporal a las pensiones».

Los límites que establece la norma determinan que «una pareja o cónyuge sólo cobrará la pensión por igual tiempo al que hayan convivido con quien en vida fue titular del beneficio».

Asimismo, existirá «tope por acumulación» de beneficios, de modo que «si dos empleados públicos están casados -o son cónyuges-, y uno de ellos enviuda y cobra más de 20 jubilaciones mínimas, no podrá percibir el beneficio de la pensión. El límite serán siempre 20 haberes mínimos», informó la administración provincial.