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Procesaron a Día por presunta evasión previsional y embargaron a la empresa por $800 millones

Procesaron a Día por presunta evasión previsional y embargaron a la empresa por $800 millones

La Justicia investiga 34 hechos entre 2015 y 2018 y sostiene que la cadena habría usado contratos de franquicia para, presuntamente, evadir aportes y contribuciones a la seguridad social.

La Justicia investiga si contratos de franquicia fueron usados para encubrir relaciones laborales.  

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

La Justicia procesó a Día Argentina S.A. en una causa por presunta evasión previsional, en una resolución que además incluyó un embargo de $800 millones sobre bienes de la compañía. La decisión fue adoptada por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2, a cargo de Pablo Yadarola, en el marco de una investigación por 34 hechos ocurridos entre 2015 y 2018.

Según la resolución, la empresa habría utilizado contratos de franquicia, concesión y consignación para encubrir relaciones laborales y evitar, presuntamente, el pago de aportes y contribuciones a la seguridad social. El magistrado consideró que existen elementos suficientes para avanzar en la causa penal, aunque aclaró que el procesamiento no implica una condena.

De acuerdo con el expediente, el procesamiento alcanza supuestos casos de evasión previsional simple y agravada, con montos que habrían superado los $7 millones mensuales en algunos períodos y los $14 millones en otros. La acusación apunta además al uso de terceros interpuestos como mecanismo para ocultar al verdadero sujeto obligado.

Entre las pruebas valoradas por el juzgado figuran cruces de información laboral y fiscal, testimonios, intervenciones telefónicas y el análisis de más de 20.000 correos electrónicos corporativos, de donde surgirían indicios de injerencia de la compañía en contrataciones, traslados y despidos de personal.

Uno de los elementos centrales mencionados en la resolución fue que 2267 empleados habrían prestado servicios para más de un franquiciado, un dato que, según la acusación, reforzaría la hipótesis de una dependencia directa con la empresa matriz. La fiscalización alcanzó, según la causa, a 13.690 trabajadores y a 1072 supuestos franquiciados.

Además, se incorporaron referencias al sistema interno conocido como “llave 4”, que habría permitido modificar stocks y precios de forma remota desde la compañía, junto con otros mecanismos de control sobre recaudación y pagos electrónicos que, para la Justicia, podrían ser indicios de dirección centralizada.

Para fijar el embargo por $800 millones, el juzgado tomó en cuenta montos ajustados por la fiscalización -estimados en más de $579 millones- además de eventuales multas y gastos procesales.

Desde Día Argentina rechazaron las acusaciones y afirmaron que cumplen con todas sus obligaciones tributarias, previsionales y laborales, además de remarcar que la causa se encuentra en una etapa inicial y que “no existe al momento ninguna resolución definitiva”. También señalaron que colaboran con las autoridades y cuentan con sistemas de control interno y auditoría.

Uno de los dueños de supermercados Coto fue denunciado por presunta estafa en Miami

Uno de los dueños de supermercados Coto fue denunciado por presunta estafa en Miami

En la denuncia, se sostiene que Germán Coto que -a través de sobreprecios en las expensas- habría perjudicado en unos 5.000.000 de dólares a los copropietarios del Aston Martin Residences

El empresario argentino Germán Coto fue denunciado en Miami por presunta estafa (foto: Desarrollador de Aston Martin Residences)

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

El empresario argentino Germán Coto -hijo de Alfredo, dueño de la cadena de supermercados Coto– fue demandado en Miami (Florida, Estados Unidos) por presunta administración fraudulenta y otros delitos conexos en el manejo del dinero de las expensas del lujoso edificio Aston Martín Residences.

Según The Real Deal -que cita a Alvarado Journalist-. la denuncia fue presentada por la Asociación de condominios (consorcio de propietarios) de las mencionadas residencias, ante el Tribunal de Circuito de Miami-Dade, y sostiene que Coto habría diseñado una estructura financiera ilegal para beneficiar a empresas vinculadas a su entorno personal, que habría perjudicado en unos 5.000.000 de dólares a los copropietarios del Aston Martin Residences. Dicho de modo coloquial: se habrían inflado las expensas pagando sobreprecios a proveedores amigos o a empresas de servicios propias o relacionadas con el desarrollador.

Según el documento judicial, mientras la desarrolladora mantenía el control administrativo del edificio (ubicado en 300 Biscayne Boulevard Way), los fondos de mantenimiento (expensas comunes) pagados por los propietarios habrían sido aplicados a contratos con sobreprecios hacia terceros relacionados con Germán Coto.

Una inversión de 1.000 millones de dólares

El Aston Martin Residencies es un complejo edilicio desarrollado por la familia Coto que demandó una inversiòn estimada en 1.000 millones de dólares.

El lujoso edificio está ubicado en Biscayne Boulevard 300, justo en el punto donde el río Miami se une con el océano Atlántico, uno de los lugares más exclusivos de la ciudad.

El edificio tiene forma de velero y 66 pisos, donde se distribuyen 391 departamentos que van de 70 a 300 metros cuadrados, incluidos siete penthouse con terraza y piscina privada. Además, el edificio cuenta con un hangar especial para aviones privados en el Aeropuerto de Miami y en la planta baja habrá un muelle para embarcaciones.

Los precios de estos departamentos comienzan en más de 500 mil dólares para unidades más pequeñas y llegan hasta 60 millones de dólares (por el penthouse más costoso)

Al comprador del mejor penthouse de su edificio (valuado en 60 millones de dólares), Coto le regala un Aston Martin deportivo exclusivo cero kilómetro.

 

La Plata: allanaron la Comisaría Octava por una denuncia de presunta plantación de pruebas

La Plata: allanaron la Comisaría Octava por una denuncia de presunta plantación de pruebas

Asuntos Internos allanó la Comisaría Octava de La Plata y secuestró documentación clave tras la denuncia de detenidos que luego fueron liberados.

Comisaría Octava de La Plata

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

La Comisaría Octava de La Plata fue allanada este viernes en el marco de una investigación por presunta plantación de pruebas durante un procedimiento realizado el pasado 15 de enero, que había concluido con dos personas detenidas por un robo a mano armada.

El operativo fue llevado adelante por la Auditoría General de Asuntos Internos en la sede policial ubicada en 7 y 74, tras una denuncia presentada por un padre y su hijo que habían sido arrestados luego de una serie de allanamientos vinculados a un asalto bajo la modalidad “motochorros”

La causa que dio origen al procedimiento policial se inició cuando un joven de 20 años denunció que caminaba por calle 89, entre 17 y 18, y fue interceptado por al menos tres personas que circulaban en dos motos. Según el relato, los atacantes lo amenazaron con un arma de fuego y le robaron zapatillas y otros elementos de valor.

A partir de esa denuncia, la Policía realizó allanamientos simultáneos en dos domicilios: uno en calle 18 y 89; y otro en Calle 79 entre 16 y 17.

Como resultado, fueron detenidos un hombre de 44 años y su hijo de 18, acusados de robo calificado por el uso de arma de fuego, agravado por su comisión en poblado y en banda.

Durante esos procedimientos se secuestraron prendas de vestir, dos réplicas de armas de fuego, dos revólveres calibre .32 sin numeración, municiones, cuatro motocicletas y diversas autopartes, entre otros elementos.

Sin embargo, tras quedar detenidos, ambos acusados radicaron una denuncia por falsedad ideológica contra los efectivos de la Comisaría Octava que intervinieron en el operativo. Según sostuvieron, las pruebas que motivaron las acusaciones habrían sido implantadas durante el allanamiento.

Ante esta situación, tomó intervención la Fiscalía N°15, a cargo de Cecilia Corfield, que dispuso la liberación del padre y su hijo. En paralelo, Asuntos Internos se puso a disposición de la Justicia y avanzó con el allanamiento de la dependencia policial para secuestrar documentación y dispositivos electrónicos considerados de interés para la causa.

La investigación continúa en curso y busca determinar la responsabilidad de los efectivos involucrados en el procedimiento cuestionado.

El Gobierno imputó por presunta cartelización a siete empresas de medicina prepaga, a la cámara que las agrupa y a Belocopitt

El Gobierno imputó por presunta cartelización a siete empresas de medicina prepaga, a la cámara que las agrupa y a Belocopitt

Manuel Adorni, vocero presidencial, anunció cuáles son las firmas que fueron alcanzadas por la resolución de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). La medida también abarca a la asociación que las agrupa y a Claudio Belocopitt, quien era el presidente de la entidad.

El Gobierno apuntó contra siete empresas de medicina prepaga y contra la cámara que las agrupa por los aumentos en las cuotas del servicio. 

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

«A partir de ahora, las firmas tienen 20 días hábiles para formular su descargo y ofrecer pruebas para desvirtuar las conductas imputadas. Las empresas alcanzadas son Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint y OSDE. Además de la confederación Unión Argentina de Salud (UAS) y de Claudio Belocopitt, quien en ese entonces ejercía el doble rol de presidente de Swiss Medical y de la UAS», precisó el funcionario.

En su exposición, también sostuvo que la medida surge a partir de una denuncia por cartelización vinculada a la fijación de precios entre los meses de diciembre 2023 y abril 2024. «En abril, el Ministerio de Economía intervino dictando una medida de tutela anticipada que obligó a las empresas del sector a retrotraer los precios de los planes de salud a los vigentes en diciembre, y dictaminó que los aumentos no podrán ubicarse por encima de la inflación», detalló.

Si bien Adorni no precisó qué denuncia se usó como base para tomar esta medida, en enero de este año dirigentes de la Coalición Cívica que responden a Elisa Carrió presentaron una denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia contra las empresas de medicina prepaga que integran la UAS por incurrir en una cartelización para incrementar los precios a usuarios y proveedores de manera coordinada.

En su escrito, explicaban que los aumentos registrados fueron del 40% durante enero y del 30% durante febrero y en ambas oportunidades fueron presentados por Belocopitt como resultado de un acuerdo celebrado en el marco de la cámara de empresas que los nuclean: la UAS.

De acuerdo a los plazos fijados por la Ley de Defensa de la Competencia (LDC), a partir de la notificación, las personas jurídicas y humanas imputadas tienen 20 días hábiles para realizar su descargo y ofrecer pruebas para desvirtuar la conducta imputada.

La CNDC fijará un plazo, que no podrá ser mayor a 90 días hábiles -y que de considerar necesario podrá prorrogar por hasta 90 días hábiles más- para que se produzca la prueba concedida. Concluido este periodo, las partes imputadas contarán con seis días hábiles para presentar sus alegatos.

En caso de que la prueba producida resulte suficiente para desvirtuar la imputación, la CNDC podrá disponer el archivo de las actuaciones. En caso contrario, la Secretaría de Industria y Comercio en conjunto con la CNDC podrán multar a las imputadas con hasta el 30% de su volumen de negocios o hasta el doble del beneficio ilícito obtenido.

La CNDC recuerda que los acuerdos entre competidores o prácticas concertadas, comúnmente conocidos como cárteles, constituyen una infracción grave a la legislación de competencia, que puede conllevar multas de hasta el 30% de la facturación de las empresas infractoras en Argentina.

En particular, el artículo 2 de la LDC clasifica a los cárteles de núcleo duro como prácticas absolutamente restrictivas de la competencia, los cuales consisten en el acuerdo entre dos o más competidores para fijar precios, restringir la oferta, repartirse el mercado o coordinar posturas en licitaciones, concursos o subastas.