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La Corte Suprema escuchó reclamos y pedido de justicia de la comunidad Pilagá por la matanza de Rincón Bomba

La Corte Suprema escuchó reclamos y pedido de justicia de la comunidad Pilagá por la matanza de Rincón Bomba

Integrantes de la Federación de Comunidades del Pueblo Pilagá de Formosa fueron recibidos esta semana por el secretario de la Secretaría Nº 4 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), el Dr. Sergio Napoli, quien estuvo acompañado por dos colaboradoras del mismo organismo.

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Así lo informó la abogada de la Federación, Dra. Paula Alvarado, quien señaló que la reunión, solicitada por la Federación y gestionada a través del amicus curiae (Amigos del Tribunal) SERPAJ (Servicio de Paz y Justicia de Argentina), se desarrolló en un marco de respeto y escucha activa y se inició con la intervención del secretario de la Federación de Comunidades del Pueblo Pilagá, quien presentó a los integrantes de la delegación y a los funcionarios presentes.

Seguidamente, la representante de las mujeres del pueblo Pilagá, Noole Cipriana Palomo, expresó a los funcionarios de la Corte Suprema la necesidad de una reparación en condiciones de igualdad ciudadana, destacando la relevancia de una causa que lleva más de veinte años de lucha y reclamo, y solicitó una reparación histórica y justa para el pueblo Pilagá.

Por su parte, el consejero representante Doroteo Domínguez manifestó ante el secretario de la Corte que la causa continúa viva gracias a los testimonios de los sobrevivientes y al legado espiritual de los ancianos que ya no están, enfatizando que los espíritus de los abuelos siguen presentes y que la causa no debe quedar impune.

En tal sentido, solicitó al Estado nacional una reparación integral por los hechos acontecidos durante la Masacre de Rincón Bomba en octubre del año 1947, exigiendo justicia.

En su intervención, el consejero suplente de ancianos, Ángel Navarrete, recordó el caso de una de las víctimas que fue violada y desaparecida durante la persecución llevada a cabo por Gendarmería Nacional, reiterando el pedido de una reparación justa y completa.

En tanto, el titular del Consejo de Ancianos de la Federación, César Zalazar, se dirigió a los presentes en su lengua originaria. Su intervención fue traducida por el secretario de la Federación, Esteban Navarrete, quien transmitió su agradecimiento por la recepción brindada por la Secretaría de la Corte y subrayó la importancia de avanzar hacia una reparación histórica.

En ese marco, entregó al Dr. Napoli un presente simbólico consistente en material documental de la causa (libros y CD).

Desde la Corte Suprema, los funcionarios presentes destacaron la importancia del encuentro, manifestando que es deber del Tribunal recibir a quienes lo soliciten y que constituye un derecho de la Federación mantener este tipo de audiencias.

Aclararon, asimismo, que deben mantener una posición de neutralidad institucional y escuchar a todas las partes interesadas, incluyendo al Estado Nacional.

Informaron que el expediente ha sido objeto de un estudio profundo desde su recepción, incluso antes de su remisión a la Procuración, dada su complejidad y la multiplicidad de aristas que presenta. Señalaron, además, que la decisión final corresponde a los señores ministros de la Corte.

Finalmente, tomó la palabra la abogada de la Federación, Dra. Paula Alvarado, quien expuso sobre el paradigma de los derechos humanos y su aplicación en relación con los pueblos indígenas, destacando la necesidad de interpretar los reclamos del Pueblo Pilagá a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos y de los principios de verdad, justicia y reparación integral.

La reunión se desarrolló en un clima cordial, caracterizado por el respeto mutuo y la apertura al diálogo intercultural.

Se cumplen 78 años de la masacre

En octubre de 1947, segundo año del primer gobierno de Juan Domingo Perón, en el paraje La Bomba, cercano a Las Lomitas, cientos de personas pertenecientes al pueblo Pilagá fueron asesinadas durante un operativo de Gendarmería Nacional, que hasta utilizó un avión armado con una ametralladora para perseguir a los aborígenes.

Los sobrevivientes del cruento hecho rememoraron que “ese día, miles de personas que se encontraban reunidas en La Bomba convocadas por Tonkiet, un sanador y líder espiritual Pilagá, fueron violentamente reprimidas al negarse a abandonar el paraje”. Las familias huyeron por el monte mientras eran perseguidas y capturadas por miembros de la Gendarmería Nacional, extendiendo la masacre durante más de dos semanas y en un territorio de unos 1.000 km cuadrados.

“A los fusilamientos del día 10 (de octubre) se sumaron nuevos asesinatos en distintos parajes, la violación fue utilizada como arma contra las mujeres y muchos niños y ancianos murieron de hambre y de sed. Aquellos niños y niñas que hoy ya son ancianos fueron capturados y llevados a las colonias indígenas”, evocaron.

Allí permanecieron por varios años y algunos con el tiempo lograron reunirse con sus familiares y reconstruir sus vidas. A pesar del manto de silencio con el que se cubrieron estos hechos, la memoria de los sobrevivientes permaneció y se transmitió a las nuevas generaciones.

El caso llegó a la Justicia Federal en el año 2005, a través de los abogados Julio García y Carlos Díaz, apoderados de tres personas que en ese entonces formaban parte de la Federación Pilagá que se estaba conformando.

La abogada que representa a la Federación Pilagá, Paula Alvarado, señaló que en el año 2010 la Federación obtiene la personería jurídica en el Registro Nacional de Comunidades y Organizaciones Indígenas y desde ahí la entidad comenzó a tomar un camino autónomo de trabajo.

Finalmente, el 4 de julio de 2019, catorce años después de iniciada la causa, la Justicia Federal, a través del entonces juez federal de Formosa, Fernando Carbajal, dicta un fallo favorable a la comunidad Pilagá, en el que declara que los hechos sucedidos el 10 de octubre de 1947 en Rincón Bomba, en Las Lomitas, constituyen crímenes de lesa humanidad y dispuso que el Estado nacional repare los daños causados a ese pueblo originario.

De esta manera, la Justicia hizo lugar a la demanda promovida por la Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá y condenó al Estado nacional a hacerse cargo de dos tipos de reparaciones en beneficio de esa comunidad: una reparación no patrimonial y otra patrimonial.

Este fallo fue apelado tanto por el Estado nacional como por la parte de la Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá, por lo que el expediente se encuentra ahora en el seno de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para su correspondiente decisión final.

Trabajadores judiciales se movilizaron por reclamos salariales y exigen diálogo con el Superior Tribunal

Trabajadores judiciales se movilizaron por reclamos salariales y exigen diálogo con el Superior Tribunal

La Asociación de Judiciales de Formosa (AJF) llevó adelante una movilización en reclamo de una recomposición salarial para los trabajadores del sector y la apertura de un diálogo con el Superior Tribunal de Justicia (STJ).

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Al respecto, la secretaria general del gremio, Silvia Oruego, detalló a La Mañana los motivos de la protesta y las expectativas del sector a los reclamos salariales hacia el Gobierno provincial.

La marcha, realizada el miércoles pasado, partió desde el edificio de Tribunales hasta la sede del STJ, donde se entregó un petitorio solicitando una audiencia con el presidente del cuerpo y planteando los reclamos salariales.

«Estamos solicitando al Poder Ejecutivo que se concrete el aumento que estamos esperando con tantas ansias», expresó Oruego. Aclaró que si bien no se solicitó un porcentaje específico de aumento, la AJF busca que el salario de los ingresantes cubra la canasta básica, estimada actualmente en más de $ 1.300.000. «Tenemos sueldos que no llegan a ese monto», señaló la secretaria general del gremio judicial.

Asimismo, explicó que la inflación y el aumento de los servicios públicos “impactan fuertemente” en el poder adquisitivo de los trabajadores judiciales. En ese sentido, planteó la necesidad de un aumento salarial acorde al contexto económico, siguiendo la línea de otros gremios que solicitan un 45% de incremento en el segundo semestre del año.

La secretaria general de la AJF informó que el presidente del STJ, Guillermo Horacio Alucín, se comprometió a fijar una fecha para la audiencia solicitada. Adelantó que en ese encuentro, la AJF tiene previsto plantear una serie de temas internos que preocupan al sector, aunque prefirió no adelantar detalles al respecto.

Consultada sobre posibles nuevas medidas de fuerza, Oruego indicó que la decisión final se tomará en asamblea, luego de las reuniones con el Superior Tribunal.

Reconoció que el acatamiento a la movilización no fue el esperado debido al descuento salarial que sufren los empleados por los días no trabajados, una situación que dificulta la participación de muchos trabajadores.

Finalmente, Oruego hizo un llamado al Poder Ejecutivo provincial para que escuche los reclamos de todos los gremios estatales y concrete un aumento salarial que permita a los empleados públicos hacer frente a la difícil situación económica.

La Defensoría del Pueblo explicó cómo reclamar por daños a instalaciones y/o electrodomésticos

La Defensoría del Pueblo explicó cómo reclamar por daños a instalaciones y/o electrodomésticos

El defensor del Pueblo, Dr. José Leonardo Gialluca, frente a las numerosas consultas y reclamos que vienen concretando usuarios del sistema energético sobre daños de electrodomésticos originados por las deficiencias variadas en el servicio brindado

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Recordó la vigencia de las Resoluciones del Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos (EROSP) Nº 451/07 y su modificatoria N° 70/12.

Éstas establecen el procedimiento para el reclamo por daños a instalaciones y/o artefactos, por deficiencias en la prestación del servicio de energía eléctrica.

Al respecto, manifestó: “Todo usuario que considere que sus artefactos o instalaciones fueron dañados por una deficiente prestación del servicio de REFSA, deberá formular reclamo directamente ante el EROSP, dado que no está obligado a realizarlo previamente ante la empresa prestataria. El anexo de la Resolución N° 70/12 dispone la obligación del usuario de realizar “una exposición clara y sucinta del hecho que generó el/los daño/s derivados del suministro de energía eléctrica”.

Para evitar demoras, también tienen la alternativa de realizar una exposición policial, en las que se debe dejar siempre constancia de: 1) Fecha y hora del siniestro, 2) Tipo de daños causados; 3) Listado de artefactos eléctricos dañados con indicación de marcas, modelos, series, y toda la información posible.

En el caso de los comercios, para el supuesto de pérdida de mercadería no vencida por corte de cadena de frío, deberá adjuntarse acta de constatación efectuada por escribano público, en la que se detallará minuciosamente: tipo, cantidad, marca, etc., como así también la factura de adquisición correspondiente.

Será importante en todos los casos hacer mención sobre la existencia de hechos similares sufridos por vecinos alimentados por la misma red. Con estos elementos, y dentro de un plazo de cinco días de producido el hecho, deben concurrir al EROSP, sito en Av. Napoleón Uriburu Nº 57 Este, de la ciudad capital, o remitirlos vía mail a los siguientes correos electrónicos: [email protected]; [email protected]. Esto debe ir acompañando, además, de fotocopia de la última factura del servicio y del Documento Nacional de Identidad del titular del usuario.

El reclamante que no es titular del suministro deberá presentar documentación que acredite la posesión o tenencia del inmueble o cualquier prueba que evidencie su condición de usuario.

Luego de ello, en el lapso de tres días de recibido el reclamo, se verificarán conjuntamente las instalaciones eléctricas del inmueble y sobre la existencia de protecciones reglamentarias, por parte del usuario, un inspector del EROSP y personal de REFSA. En este acto, el usuario tiene derecho a designar un perito técnico de su confianza, para que también participe de la inspección, a su cargo y costo.

Además, se revisarán el o los artefactos dañados y luego, las partes tendrán cinco días para presentar los respectivos informes. Se podrá adjuntar el presupuesto correspondiente a la reparación del electrodoméstico o la imposibilidad de su arreglo.

Las actuaciones se corren vista a REFSA, que tiene cinco días para acompañar pruebas que hagan a su defensa, si no reconociere los daños ocasionados. Por último, será el EROSP quien decidirá formalmente si existió o no, nexo causal entre el servicio prestado y los daños denunciados por el usuario, mediante el dictado de la resolución respectiva.

Instalaciones

Por otra parte, Gialluca recomendó que las instalaciones eléctricas domiciliarias deben contar con los siguientes elementos para así evitar posibles daños:

En primer lugar, el pilar de acometida del domicilio debe estar conforme al plano que debe proveer REFSA SA, con una llave de corte bipolar y jabalina puesta a tierra; además, las instalaciones internas deben tener cables de entre 4 a 6 mm para el ingreso desde el medidor al domicilio y de menor milimetraje para las bajas a los puntos y tomas.

También un tablero o más (dependiendo de las conexiones en el inmueble), que cuenten con las siguientes protecciones: llave general, interruptores diferenciales bipolares o tetrapolares (disyuntores), llaves térmicas o interruptores termomagnéticos, teniendo en cuenta la cantidad de artefactos o electrodomésticos y ambientes.

También sugirió la contratación de electricistas matriculados o ingenieros electromecánicos para la correcta instalación eléctrica en cada hogar, así como para los controles, a lo que debe agregársele revisiones permanentes, máxime en estos tiempos de altas temperaturas, donde se utilizan necesariamente diversos artefactos para satisfacer necesidades básicas de las personas que habitan cada vivienda.