La Iglesia advirtió sobre los riesgos de reducir el debate público a una discusión estrictamente punitiva y reclamó priorizar políticas de prevención, educación e integración juvenil.

En el texto, la entidad expresó su cercanía con las familias y comunidades que son víctimas de hechos delictivos, pero remarcó que focalizar el análisis únicamente en la edad de imputabilidad puede dejar de lado aspectos centrales vinculados al acompañamiento de los jóvenes y a las condiciones sociales que rodean estas problemáticas. En ese sentido, subrayó la necesidad de abordar el fenómeno desde una mirada más amplia, que incluya el rol del Estado, la comunidad y las familias.

El documento, titulado “Más oportunidades que penas”, retoma interrogantes planteados en marzo de 2025 por la Pastoral Social de la misma Conferencia. Entre ellos, se pregunta dónde serían recluidos los menores si se concreta la baja de la edad de imputabilidad y qué alternativas reales existen para su educación y reinserción social. También plantea dudas sobre las condiciones y los dispositivos disponibles en las provincias para alojar a adolescentes y jóvenes que delinquen, así como sobre la capacidad de las instituciones penitenciarias para dar respuestas efectivas a esta problemática.

En su pronunciamiento, la Conferencia Episcopal reafirmó que resulta imprescindible contar con un régimen penal juvenil y adolescente con una perspectiva humana, integral y abierta a la esperanza. En esa línea, el texto hace referencia a la figura de san Juan Bosco y a los 150 años de presencia salesiana en la Argentina, destacando un modelo educativo basado en la cercanía de los adultos, el trabajo, la educación y la vida comunitaria como herramientas fundamentales para el desarrollo de los jóvenes.

Los obispos integrantes de la Comisión Ejecutiva insistieron en la necesidad de fortalecer políticas educativas y comunitarias, así como en la construcción de alternativas preventivas. Además, señalaron que la prevención requiere el acompañamiento de las familias, una comunidad comprometida y la intervención de un Estado presente que garantice oportunidades reales de inclusión.

El comunicado lleva la firma de Marcelo D. Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina; Ángel S. Card. Rossi, arzobispo de Córdoba y vicepresidente primero; César Daniel Fernández, obispo de Jujuy y vicepresidente segundo; y Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro y secretario general.

El gobierno avanza en el congreso con la ley para reducir la edad de imputabilidad

En paralelo, el Gobierno nacional incluyó en las sesiones extraordinarias del Congreso el debate sobre la reducción de la edad de imputabilidad penal para adolescentes. La discusión se da en un contexto atravesado por el impacto social del crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe, cuya principal sospechosa es una menor de 16 años. Desde el Ejecutivo sostienen que la reforma busca alinear la legislación argentina con la de otros países de la región, donde la responsabilidad penal comienza a edades más tempranas.

Tras el recambio legislativo, el dictamen sobre el tema perdió estado parlamentario, por lo que el debate deberá reiniciarse desde cero. No obstante, referentes de La Libertad Avanza adelantaron su intención de retomar buena parte de los consensos alcanzados previamente, incluida la redacción avalada por el PRO, la UCR y bloques provinciales.

El proyecto impulsado por el Gobierno establece los 14 años como edad mínima de responsabilidad penal, con una pena máxima de 15 años de prisión para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro. Para los delitos con sanciones de hasta tres años, prioriza alternativas a la privación de la libertad, como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a la víctima o reparación del daño, dejando el encarcelamiento como un recurso excepcional y prohibiendo en todos los casos la reclusión perpetua.

La iniciativa también prevé la creación de institutos especiales para menores condenados, con acceso garantizado a educación, atención médica y tratamientos por adicciones; y establece la especialización del personal a cargo, además de prohibir la convivencia entre menores y presos adultos. Estos puntos generaron controversias con los gobernadores, que reclamaron partidas presupuestarias específicas para la construcción de nuevas instalaciones.

El proyecto contempla, además, un amplio abanico de penas alternativas, mecanismos de mediación penal juvenil, programas educativos y de capacitación laboral, asistencia psicológica y médica, y medidas específicas para casos de salud mental, consumo problemático o contextos familiares violentos. También incorpora disposiciones para proteger la identidad de los menores, garantizar la intervención de asesorías tutelares y asegurar derechos y asistencia integral a las víctimas durante todo el proceso.