Se trata de un universo cada vez más amplio que incluye a choferes de plataformas de transporte (UBER, DiDi, Cabify) repartidores de comida (Pedidos Ya, Rappi) y trabajadores de logística (Mercado Libre) vinculados a envíos de paquetes. En la Ciudad de Buenos y el Conurbano, estimaciones del sector indican que más de 200.000 personas trabajan de manera directa o complementaria a través de aplicaciones, lo que dimensiona el alcance del problema.

Todos comparten una misma característica: desarrollan su actividad en la vía pública, sin protección y expuestos a situaciones de riesgo permanente.

Las modalidades delictivas también se repiten y se adaptan a cada tarea. En el caso de los conductores, predominan los llamados «viajes trampa», en los que delincuentes solicitan un traslado para luego asaltar al chofer, robarle el vehículo o atacarlo durante el recorrido. En muchos casos, los episodios terminan con disparos, heridos o víctimas fatales. Para los repartidores, el riesgo aparece en los denominados «pedidos falsos», donde los asaltantes utilizan direcciones inexistentes o zonas liberadas para interceptarlos. Allí les roban la moto o bicicleta, el teléfono celular y el dinero de la jornada, muchas veces mediante amenazas o golpes.

En tanto, los trabajadores dedicados a la entrega de paquetes, especialmente en logística de comercio electrónico, enfrentan robos organizados en puntos de entrega, marcaje previo y emboscadas en zonas previamente identificadas por bandas delictivas.

El denominador común es la vulnerabilidad: trabajan solos, no conocen a quienes solicitan el servicio y carecen de mecanismos de seguridad inmediatos ante situaciones de peligro. A esto se suma la necesidad económica, que obliga a muchos a continuar en actividad incluso en horarios y zonas consideradas de alto riesgo.

«Salimos a trabajar con miedo. No sabés quién se sube o quién te espera del otro lado del pedido. Si no salís, no comés, pero cada viaje puede ser el último», relató un conductor que trabaja con aplicaciones en la zona oeste del conurbano, que pidió mantener su identidad en reserva. «El cliente puede ser un ladrón», sintetizan desde el sector, donde también advierten sobre la falta de controles y la escasa respuesta ante los reiterados ataques.

El crimen de Pereyra expone, además otro, costado del problema: el deterioro de los ingresos que empuja a trabajadores de distintas profesiones a recurrir a aplicaciones para complementar su salario. Docente de escuelas técnicas y padre de una niña, el hombre alternaba su actividad educativa con los viajes para sostener a su familia. En ese contexto, la ecuación se vuelve cada vez más peligrosa: salir a trabajar implica, para miles de personas en el AMBA, exponerse a robos y violencia.