“El impacto devastador de las denuncias falsas ha sido reconocido ampliamente y este proyecto tiene como objetivo corregir las deficiencias en el sistema judicial que permiten que tales acusaciones prosperen, causando daños irreversibles”, dijo Lemoine.

Según la legisladora, en muchos oportunidades, “las fiscalías y jueces permiten que las denuncias falsas progresen sin un escrutinio adecuado, lo que provoca que las personas acusadas sufran durante meses o incluso años, expuestas al juicio público y a las consecuencias psicológicas y emocionales que conlleva”

En la presentación de su proyecto de ley, puso como ejemplos cuatro casos, tres por acusaciones de abuso sexual y otra de violencia de género.

Uno de los casos citados fue el de Pablo Ghisoni, denunciado por su exesposa, quien “lo acusaba falsamente de abuso sexual” y le valió al acusado un “linchamiento mediático”. “Este caso pone de manifiesto la necesidad de sanciones severas para quienes utilizan los medios de comunicación y las redes sociales para amplificar denuncias falsas y promover la condena social sin juicio”, expuso la diputada.

Mientras que también añadió lo sucedido con Ceferino Rotili, quien se vio “obligado a huir del país” tras haber sido denunciado por abuso sexual por sus hijas, quienes luego admitieron que lo hicieron a pedido de su madre.

También expuso el caso Pablo Muñoz, un joven de 18 años que se quitó la vida luego de una denuncia por abuso sexual en la que no existían suficientes pruebas como para condenarlo.

Por otro lado, Lemoine recordó al exdiputado Eduardo Cáceres, quien fuera acusado por violencia de género por “quien lo reemplazaba en la banca”. “Enfrentó un proceso judicial basado en pruebas manipuladas. A pesar de ser finalmente sobreseído, su vida personal y reputación fueron severamente dañadas por el ataque mediático y judicial”, indicó la libertaria.

“La falta de diligencia en la investigación de las denuncias falsas no solo prolonga el sufrimiento de los acusados, sino que también desvirtúa el sistema judicial al permitir que el abuso del mismo se utilice como herramienta de venganza en conflictos familiares”, dice el texto.

Lemoine propone la modificación del artículo 109 del Código Penal, estableciendo penas de 1 a 4 años de prisión para quienes imputen falsamente un delito”, con agravantes -que pueden hasta duplicar la condena- “en contextos de violencia de género, familiar y abuso sexual, o cuando las denuncias falsas se utilizan para obstruir vínculos familiares”.

“En la era de la información instantánea, la difusión de denuncias falsas en redes sociales y medios de comunicación puede causar un daño irreversible, ya que condena socialmente a una persona antes de que se realice un juicio justo. Este proyecto busca establecer sanciones más severas para quienes utilizan estas plataformas para difundir denuncias falsas y amplificar su impacto negativo”, resaltó la diputada en el proyecto para el que contó con la colaboración de la Fundación Morelli.

En el proyecto se establece que “en el caso de los medios de comunicación, serán responsables las personas físicas que hayan tomado la decisión de difundir la imputación falsa, siempre que se acredite su conocimiento sobre la falsedad de la información”.

En cuanto a los falsos testimonios, Lemoine propone modificar el artículo 275 del Código Penal, estableciendo que “será reprimido con prisión de 1 a 5 años el testigo, perito o intérprete que, ante la autoridad competente, afirmare una falsedad, o negare o callare la verdad en su deposición, informe, traducción o interpretación”.