En el escrito, la citada Fiscalía aseguró que solicitó ante un tribunal revocar «la medida cautelar (excarcelación) acordada al ciudadano Juan Pablo Guanipa» por, supuestamente, «haberse verificado el incumplimiento de las condiciones» impuestas por las autoridades judiciales.

Además, el Ministerio Público venezolano advirtió que «las medidas cautelares acordadas por los tribunales están condicionadas al cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas» y subrayó que solicitó que Guanipa pase «a un régimen de detención domiciliaria».

Guanipa había sido excarcelado en la tarde del domingo junto a otro grupo de opositores cercanos a maría Corina Machado y encabezó junto a otros activistas políticos una caravana de motocicletas y automóviles que se dirigieron a varias cárceles para apoyar a los familiares de presos políticos y pedir su liberación. La alegría le duró poco: apenas unas horas después, antes de medianoche, una decena de hombres armados se lo llevaron con rumbo desconocido.

Tras varias horas de incertidumbre, la Fiscalía de Venezuela anunció en la madrugada de este lunes que la Justicia había revocado la medida cautelar que otorgaba la excarcelación a Guanipa

La excarcelación y nueva detención del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, uno de los críticos más duros del chavismo y estrecho colaborador de María Corina Machado, volvió a poner en el centro del debate la situación de los presos políticos en Venezuela.

Guanipa, exdiputado y figura clave de la oposición venezolana, permanece detenido bajo acusaciones que sus allegados y organizaciones de derechos humanos calificaron reiteradamente como arbitrarias.

Otros liberados

Junto a Guanipa, también recuperaron la libertad los activistas Aldo Rosso, Naomi Arnaudez, Albany Colmenares y Nikoll Arteaga, según informaron los partidos opositores Voluntad Popular y Vente Venezuela. La ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de presos políticos en el país, confirmó al menos 11 excarcelaciones durante la jornada del domingo, aunque aclaró que continuaba verificando otros casos.

Las liberaciones forman parte de un proceso anunciado hace un mes por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y se dan en un contexto político excepcional, marcado por la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y por una fuerte presión internacional sobre el régimen venezolano.

Excarcelados

Según datos de la mayor coalición opositora, al menos 391 presos políticos fueron excarcelados desde el 8 de enero, mientras que Foro Penal contabiliza 383 en el mismo período. Las diferencias numéricas reflejan, una vez más, la falta de información oficial detallada por parte del Gobierno. En paralelo, la administración chavista sostiene que desde diciembre de 2025 unas 895 personas fueron liberadas con medidas cautelares, aunque no difundió listados públicos que respalden esa cifra.

Pese a las excarcelaciones, Foro Penal estima que todavía hay alrededor de 687 personas detenidas por motivos políticos en Venezuela. El Gobierno, en cambio, niega la existencia de presos políticos y afirma que los detenidos cometieron delitos comunes, una versión rechazada por organismos de derechos humanos, la oposición y distintos actores internacionales.

El reclamo opositor: “no es libertad plena”

En este contexto, el líder opositor Edmundo González Urrutia, quien reclama la Presidencia de Venezuela desde el exilio tras asegurar que venció a Maduro en las elecciones de 2024, celebró las excarcelaciones pero advirtió que no implican una solución de fondo.

“La excarcelación de varios presos políticos ocurrida hoy no requirió una ley para producirse. Me alegra que estén fuera de esos calabozos”, expresó en la red social X. Sin embargo, remarcó que estas medidas “no equivalen a libertad plena”, ya que muchas causas judiciales siguen abiertas y los liberados continúan bajo restricciones.

“Seguimos exigiendo la libertad plena e inmediata de todas las personas presas por razones políticas y el cierre definitivo de los procesos arbitrarios”, sostuvo González Urrutia, en alusión a las condiciones que, según denuncian las ONG, mantienen un esquema de control y persecución sobre la dirigencia opositora.

Mientras el Parlamento avanza con un proyecto de ley de amnistía, que aún debe atravesar nuevas instancias de debate, familiares de detenidos, activistas y organizaciones de derechos humanos insisten en que las excarcelaciones parciales no resuelven la crisis estructural del sistema judicial venezolano.

La liberación de Juan Pablo Guanipa, por su peso simbólico y político, volvió a encender expectativas en la oposición, pero también reforzó una advertencia compartida: sin libertad plena, transparencia y cierre definitivo de las causas, las excarcelaciones seguirán siendo vistas como gestos incompletos en medio de una profunda crisis institucional.