El albergue consta de una carpa gigantesca y baños químicos en unas instalaciones que anteriormente fueron usadas como aduana, pero que se encuentran abandonadas y vandalizadas desde hace más de 10 años.
En este contexto, Ernesto Alexander Vasconcelos, abogado especializado en migración, dijo que el INM «juega con fuego» al poner esta instalación en medio del hostil desierto de Chihuahua, a la vez que señaló que el ente «se vuelve a equivocar en improvisar sobre unas instalaciones en ruinas que no fueron hechas para esta intención y que en esta improvisación existe el riesgo muy grande de que vuelva a ocurrir un desastre humano».
El especialista sostuvo que es muy sospechoso que de manera clandestina, sin comunicación alguna ni estudio previo, traten de hacer este centro y señaló que no se le debe dar el nombre de estación ni albergue, sino de cárcel migratoria, porque ahí tienen personas detenidas.
«Está alejada de la ciudad, del escrutinio público y el Estado debería tener la transparencia completa, donde todos nosotros como ciudadanos podamos ver el trato que se le va a dar a estos seres humanos. Sabemos que van a estar hombres, niños, mujeres, personas de la tercera edad, alejados de servicios como agua, luz, clima y acceso a asesorías legales«, advirtió.
Además, Vasconcelos alertó que los migrantes que estén recluidos en Chihuahua estarán vulnerables al clima extremo, a la delincuencia, a la corrupción, a los cárteles y a que no se les pueda apoyar en caso de una emergencia.
En ese sentido, señaló: «Es negarles los servicios legales y consulares, el traslado que tendría que suceder para poder representar a estas personas (es mayor). El Estado, por improvisación, otra vez vuelve a violentar los derechos de los inmigrantes».
El abogado insistió además en que la lejanía del lugar de Ciudad Juárez expone a los migrantes. «Los 40 migrantes murieron porque no tenían 500 dólares para pagar su salida, ese era el acto de corrupción que había en el INM. Eso ocurría estando aquí en medio de la ciudad (Juárez), ahora imagínese allá a lo lejos», apuntó.
La postura de la Iglesia
Por su parte, el sacerdote Juan Carlos López, vocero de la Diócesis de Ciudad Juárez, dijo que llevar a los migrantes a un lugar tan alejado es un desacierto por parte del Gobierno mexicano.
«El Gobierno, por un lado, tiene que hacer coincidir dos cosas: el trato digno a los migrantes, pero también ofrecer lo que las posibilidades del presupuesto permitan. Aquí es un llamado a que las autoridades tomen mejores decisiones en materia de migración», apuntó.
Además, López aseguró que si el Estado los tiene en su poder, debe hacer todo para proteger sus vidas y evitar accidentes como el fatal incendio de marzo del 2023.
«El edificio no era un albergue, era una estancia de detención que tenía un máximo de capacidad y se excedió. Se debió haber aprendido de aquello, cualquier lugar que se esté preparando debe tener las condiciones de albergue y debe guardar las condiciones necesarias para evitar todo tipo de riesgo», remarcó.
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