Jorge González advirtió que Nación excluyó a Formosa de los operativos de seguridad en zonas de frontera
Tras participar de la reunión del Consejo de Seguridad Interior en Córdoba, el ministro dijo “el reforzamiento de fronteras para Nación es para Salta, Misiones, Corrientes y Chaco, dejando a nuestra provincia afuera”
La ciudad de Córdoba fue sede del primer encuentro del Consejo de Seguridad Interior (CSI), un ámbito que reunió a equipos del Ministerio de Seguridad de la Nación, ministros de las distintas provincias y representantes de las fuerzas de seguridad.
El ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de Formosa, Jorge Abel González, participó en representación de la provincia y en declaraciones a la prensa relató con sorpresa cómo la actual gestión nacional, encabezada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, presentó como “grandes logros los operativos de seguridad de fronteras que se realizan en la provincia de Salta, Misiones, Chaco y Corrientes, omitiendo deliberadamente a Formosa”.
“Ahí tomamos conocimiento de la posición oficial para el Ministerio de Seguridad de la Nación, expresada por la ministra, de que la frontera argentina es el río Bermejo y no el río Pilcomayo”, advirtió, añadiendo que “en ningún momento se dio cuenta de las cosas que decía, por lo tanto nosotros tuvimos que intervenir y dejar en claro esa situación”.
De esta manera, señaló que “el reforzamiento de las fronteras para ellos (Nación) es para Salta, Misiones y las provincias de Corrientes y del Chaco, dejándonos a Formosa por fuera de ese esquema de cuidado”.
En este sentido, el ministro subrayó que “esto se entiende como una renuncia por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación, que me parece que es algo muy llamativo, pero a la vez elocuente, de cuál es el concepto que tienen respecto de lo que somos los formoseños y formoseñas” y aseguró que “esto no lo podemos permitir, por eso lo expresamos en el marco de la reunión del Consejo de Seguridad Interior”.
Enfatizó en que “es responsabilidad primaria y excluyente del Gobierno nacional, a través de sus fuerzas federales, la Prefectura en el río Paraguay y la Gendarmería en el resto de nuestros límites internacionales, resguardar las fronteras”.
Asimismo, indicó que “planteamos que era necesario poder discutir políticas y definir claramente las cuestiones que hacen a la seguridad”, aclarando que “nosotros no tenemos ningún tipo de inconvenientes en discutir distintos temas, pero no podemos permitirnos de que nos dejen afuera, y no lo hacen al gobernador Gildo Insfrán o a este ministro, sino a todos los formoseños y formoseñas”.
González aseveró que “discutir las políticas públicas de seguridad de las fronteras implica discutir muchas otras cosas, como la situación de cada una, porque cada realidad de frontera es diferente por la composición de carácter cultural, histórico, social, económico y político y no es solamente pensar en términos de cuántos policías tenemos que tener”.
Además, el titular de la cartera de Seguridad provincial alertó sobre “el repliegue de la Gendarmería nacional en las zonas limítrofes”, señalando que las fuerzas federales cuentan con cada vez menos personal y logística.
En este punto, criticó el eslogan nacional de “cuidar a quienes nos cuidan”, ya que “no se puede hablar de cuidar al uniformado si no se le brinda una obra social eficiente. Hoy la cobertura médica de las fuerzas federales es inexistente y es la provincia la que muchas veces, con ‘mil amores’, debe colaborar para que puedan cumplir su tarea”, explicó González.
Ante esta situación, reiteró que “las políticas públicas no se llevan adelante con eslóganes, sino con acciones concretas que implican la transformación de realidades para brindar a la población mejores condiciones de vida”, lamentando que “eso es lo que no estamos viendo desde Nación”.
Al concluir, se refirió al debate sobre la baja de la edad de imputabilidad y planteó que “discutieron y aprobaron la Ley que baja la edad de imputabilidad de los menores, pero no discutieron de que exista una línea de financiamiento para que las provincias puedan adecuar sus estructuras penitenciarias a esta realidad”.
