Reclaman medidas de seguridad en la zona del Riacho Puente San Hilario
Vecinos de los barrios Santa Isabel, Nueva Pompeya y Carlitos Menem Junior de la ciudad de Formosa denunciaron ante la Defensoría del Pueblo de la provincia
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Las “graves situaciones de inseguridad vial con las cuales diariamente deben convivir menores y adolescentes que concurren a diversos establecimientos educativos, como así también ciudadanos que prestan sus servicios” en diversos horarios por la autovía de la ruta nacional Nº 11 a la altura del denominado Riacho Puente San Hilario. Por ello, se exigió a la Dirección Nacional de Vialidad que se tomen medidas para garantizar la seguridad en ese sector.
También, se precisó que los inconvenientes se originan principalmente entre los kilómetros 1161 y 1162 de la ruta 11. Asimismo, se relató que los vecinos expresaron la necesidad urgente de instalación de luminarias, tanto en el carril principal como en las colectoras, dado que desde hace tiempo esa zona se convirtió en una verdadera “boca de lobo”.
“Esta situación se ve agravada por la falta de cartelería que indique las velocidades en las cuales deben transitar automovilistas, transportes de carga y de pasajeros que atraviesan toda esa área urbana de la ciudad de Formosa a altas velocidades que ocasionan permanentes siniestros viales”, se expresó desde el Organismo de la Constitución.
A su vez, los vecinos señalaron que enfrentan otras dificultades, que se relacionan con el acceso a un transporte público de pasajeros, ya que deben atravesar la autovía, lo que significa permanentes riesgos y fatalidades.
“Tras ser impulsada la acción correspondiente, el Jefe de División de Administración del Distrito Nacional 22 de Vialidad Nacional Formosa, Fernando César Ríos, notificó a la Defensoría que se dio inicio a la tramitación correspondiente por ante la Casa Central”, se informó.
En esta línea, el ombudsman provincial, José Leonardo Gialluca, aseveró que “ni la Provincia ni los municipios tienen potestad para hacerse cargo de las rutas nacionales, de modo que la inacción del Gobierno nacional deja un ‘vacío’ que nadie más puede llenar, con el agravante de la ‘destrucción’ de Vialidad Nacional que no beneficia al propio Estado, siendo que el mismo impulsa adjudicaciones de corredores viales a empresas privadas que no resuelven nada”.
Para finalizar, José Gialluca dijo que las licitaciones realizadas por la gestión nacional “son un desastre, porque no comprometen a las empresas a efectuar obras nuevas: sólo a mantener lo que ya está, pero sí a cobrar importantes sumas de dinero por peajes que se instalarán cada 97 kilómetros en promedio”.
