Conocido el secuestro de mercadería al tour de compras, desde la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Formosa (CAPYMEF) se advirtió que el comercio fronterizo entre Argentina y Paraguay, en particular en la provincia, es desigual debido al contrabando, las diferencias cambiarias y, principalmente, la presión tributaria.
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En este sentido, en diálogo con La Mañana, Fabián Hryniewicz, tesorero de la CAPYMEF y miembro de la Comisión de Fronteras de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), aseguró que está armado “un sistema financiero clandestino para permitir la entrada de grandes volúmenes de productos” en las ciudades fronterizas. Esto incluye desde bienes durables hasta alimentos, “que no cumplen con las normativas bromatológicas necesarias”, explicó.
El impacto de estas actividades va más allá del comercio informal. Productos fabricados en Argentina, como calzado deportivo, pueden encontrarse a precios significativamente más bajos en el lado paraguayo debido a la exención de impuestos y a un sistema tributario más favorable. “En Concordia, por ejemplo, es más económico cenar en Salto, Uruguay, gracias a los descuentos fiscales de ese país, que hacerlo en la misma ciudad argentina”, destacó.
Hryniewicz destacó, en este escenario, un proyecto de ley presentado en el Congreso que busca establecer un marco legal para abordar las desigualdades en las zonas de frontera. Aunque reconoce que la propuesta inicial no responde completamente a las necesidades planteadas oportunamente, considera que es un avance.
“El contrabando es un delito económico que debe prevenirse con medidas económicas. Estamos trabajando en propuestas para implementar sistemas de compensación automática que reduzcan los efectos de las diferencias cambiarias. Esto ya ha sido aplicado con éxito en países como Brasil, Uruguay y Chile”, comentó.
Un factor clave que agrava la situación es la alta presión tributaria en Argentina, que representa hasta el 50% del precio final de los productos en góndola. Para Hryniewicz, “es necesario analizar la cadena de conformación de precios y reducir los impuestos que hacen que nuestros productos sean menos competitivos”. De lo contrario, “los consumidores seguirán optando por alternativas más baratas en Paraguay, aunque éstas no cumplan con los estándares de calidad y seguridad”, explicó.
El ejemplo de productos como el yogur en comercios de barrio ilustra esta problemática. Mientras que un yogur fabricado en Argentina cuesta alrededor de $ 1.200 pesos por 180 gramos, uno paraguayo de 500 gramos se vende a $ 300 pesos. Esto, pese a no cumplir con las normativas de conservación, resulta más atractivo para el consumidor promedio.
Hryniewicz reconoció los esfuerzos de las autoridades locales, como el reciente operativo policial que interceptó un tour de compras con mercadería ilegal. Sin embargo, advirtió que estas acciones son insuficientes si no se complementan con controles más estrictos y una mayor participación de organismos como la Dirección General Impositiva (DGI).
“El Estado debe adoptar políticas coherentes que fomenten la formalidad en el comercio. Hoy, quienes operan dentro de la ley enfrentan inspecciones constantes, mientras que el comercio clandestino sigue funcionando sin restricciones”, señaló.
Desde su rol en CAME y CAPYMEF, Hryniewicz enfatizó la importancia de diseñar un sistema tributario más justo y eficiente que incentive la formalidad en el comercio. También instó a las autoridades a tomar medidas inmediatas para reducir las desigualdades y proteger a las pequeñas y medianas empresas locales.
