Esta decisión intempestiva, que sume a inversores y constructores en un mar de incertidumbre, estaría frenando una inversión privada y pública en obras particulares, de alrededor de 1.500 millones de dólares.
Un decreto polémico
Sucede que el Municipio de La Plata dispuso, a través de un decreto, la «suspensión» de las obras y trámites administrativos de más de «400 barrios» que habían sido iniciados durante gestiones anteriores, «violando la legislación vigente», según se consigna en la fundamentación oficial.
La acción del intendente sorprendió a los concejales opositores, que como primera acción realizaron presentaciones en el Concejo Deliberante para que el municipio detalle diversos aspectos de su accionar y explique puntualmente los motivos por los cuales los emprendimientos inmobiliarios, grandes y familiares, se debían paralizar por 180 días.
En principio, se sabe que el decreto del Departamento Ejecutivo establece «la suspensión» de 76 ordenanzas promulgadas por las administraciones de los ex jefes comunales Pablo Bruera y Julio Garro, correspondientes a autorizaciones de obras en desarrollos, como así también a distintos trámites administrativos. Se adujo que esas ordenanzas no se ajustan a la «legislación vigente».
Lo primero que se advierte desde la oposición es sobre la juridicidad de la suspensión «de los actos administrativos» de las ordenanzas, a través de un Decreto, una treta que en la práctica deja sin efecto las ordenanzas sin la necesidad de pasar el Concejo Deliberante.
El Código de Ordenamiento Urbano (COU), que rige desde el 2010, cuando el intendente era Pablo Bruera, fue un tema que se instaló en la agenda local con marcado énfasis por las escandalosas polémicas.
Una de esas polémicas derivó en la Justicia y el hermano menor del ex intendente Mariano Bruera terminó en la cárcel, por la causa denominada «las coimas de los terrenos del ProCreAr».
Hasta esa escandalosa causa va la actual administración para diseminar la noción de caos que impera en el Planeamiento Urbano y, específicamente, en Obras Particulares, de la administración local.
En el medio, y mientras desde la administración se habla de «400 barrios privados» tramitados de forma irregular que «duplican irresponsablemente el espacio urbano», están los titulares de los barrios ProCreAr, que tras el calvario vivido en la administración Bruera, ahora vuelvan a las penurias y la inestabilidad de sus dominios con la gestión de Alak.
Otro aspecto es que la paralización de obras por 180 días decretada por estos días se suma a la paralización que la Secretaria de Planeamiento y la Dirección de Obras Particulares vienen cultivando, por diferentes motivos, desde el inicio de la gestión imperante.
Diez meses de parálisis administrativa
«Hace diez meses que asumió esta gestión y no sabemos por qué no se mueve nada desde el punto de vista administrativo, entonces eso nos obliga a preguntar por qué 180 días más», exclamó el concejal radical Javier Mor Roig.
Así las cosas, «La Capital» de la provincia de Buenos Aires, el distrito de La Plata, desde la asunción de la nueva gestión que encabeza Julio Alak tiene paralizadas sus obras particulares, privadas y públicas, grandes y pequeñas.
Mientras la municipalidad dice reaccionar con la paralización de obras ante el «gravísimo problema que conlleva la irregular autorización de 400 barrios privados», entre los que estaría «la presencia de 200 barrios de emergencias o villas», con sus respectivos «déficits de infraestructura y equipamientos sociales», hay otras obras particulares alcanzadas por la medida que no pueden dejar de llamar la atención.
Por caso, el concejal opositor Guillermo Bardón presentó una solicitud para que se le informe por qué se impide el desarrollo de la obra del denominado Polo Electoral La Plata, tramitado en su momento por el Juez Federal con competencia Electoral Alejo Ramos Padilla y el propio Alak cuando se desempañaba como ministro de Justicia bonaerense. Hay 1.000 millones de pesos invertidos y esperan gastarse otros 700 millones para terminar la obra «cuando la municipalidad autorice» a seguir con la obra.
Lo extraño de la acción, es que posterior a la suspensión de la ordenanza que autorizaba esta obra, el municipio presentó una denuncia para que se investigue «la posible comisión de delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público», por una serie de «irregularidades gravísimas» que permitieron la supuesta urbanización ilegal que la obra significaría.
