La DNV reconoció en la Justicia que no se dispusieron recursos para mantener las rutas nacionales en Formosa
Los apoderados legales Carolina Dionisi y César Ríos, de la Dirección Nacional de Vialidad,
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mediante un informe técnico presentado ante el Juzgado Federal Nº 1 en la causa judicial que busca el mantenimiento y reparación de las rutas nacionales en nuestra provincia, y que es impulsada por la Fundación Padres Unidos Por El Dolor, junto a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, señalaron que “la medida cautelar ordenada por la Justicia es de cumplimiento imposible para el Distrito 22 -Formosa-, no por voluntad remisa, ni conducta omisiva, sino por las limitaciones objetivas vinculadas a la disponibilidad efectiva de recursos presupuestarios, financieros, humanos y logísticos cuya habilitación y asignación excede las competencias de esa Dependencia Distrital”.
Se añadió que en la actualidad el Distrito 22 de la DNV no cuenta con autonomía presupuestaria, ni facultades para ampliar por sí recursos, contratación de servicios, adquisición de materiales, ni disponibilidad extraordinaria de equipamientos, encontrándose sujeto el personal de Vialidad Nacional a las autorizaciones, partidas y previsiones que sean oportunamente habilitadas por las autoridades superiores competentes.
Ante esta situación, se solicitó que al momento de valorarse el cumplimiento de la orden judicial en trámite, se tenga en cuenta el esfuerzo desplegado por este Organismo y que en consecuencia no se le impute incumplimientos injustificados, ni se le apliquen sanciones conminatorias, toda vez que en el contexto restrictivo en el cual trabajan se encuentran priorizando algunas intervenciones conforme criterios de razonabilidad, urgencia y seguridad vial.
El ombudsman provincial, José Leonardo Gialluca, se refirió a lo “contradictorio y absurdo” de la presentación del informe técnico ante la Justicia Federal concretada por el Distrito 22 de la DNV, debido a que “mientras las rutas nacionales se continúan deteriorando y los pueblos quedan más aislados, los más de 400 millones de pesos asignados para reparar y conservar las mismas, producto de lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos, conforme la Ley 23.966, están siendo utilizados para comprar instrumentos de financiamiento como Letras y Bonos y así poder el Gobierno nacional exhibir un superávit”. “Continuaremos con las acciones judiciales necesarias, hasta que se revierta esta situación, que ya está siendo investigada en los Juzgados Federales de Comodoro Py”, acotó.
