Por otra parte, este jueves otro equipo de profesionales se presentará en el Municipio de Villafañe para continuar asistiendo a las personas, hayan o no recibido cartas documento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En este caso, la situación se agrava debido a que varios beneficiarios han sido citados para el viernes 14 en la localidad de Palo Santo, en un lugar donde supuestamente funcionaría una clínica.

El ombudsman provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, denunció que en la jornada de este miércoles, en Misión Laishí, la mayoría de las personas «recibieron las cartas documento con la firma del Dr. Diego Orlando Spagnuolo y que debió notificar en los domicilios de los mismos el correo privado Urbano Express SA, con sede en la ciudad de Formosa en la calle España 2.304, por parte de una persona identificada como Argentina Recalde, quien a través de llamados telefónicos fue citando a las/os centenares de beneficiarios para que retiraran las cartas documento de su domicilio particular».

Asimismo, señaló que estas irregularidades y anomalías han sido detectadas en toda la provincia y notificadas al ministro de Salud de la Nación, Dr. Mario Iván Lugones, y al responsable de la ANDIS.

«No se cumple con el primer punto del proceso de esta auditoría médica, que consiste justamente en que los beneficiarios deben ser notificados fehacientemente, mediante una carta documento en su domicilio particular, en la que se les asignará un turno con un médico del PAMI», advirtió Gialluca. Según el funcionario, este incumplimiento impide y obstaculiza que los beneficiarios presenten la documentación y los antecedentes médicos en tiempo y forma para mantener sus prestaciones.

Centro de atención ANDIS

Además, indicó que la situación se ve agravada por el hecho de que, desde 2024, la ANDIS en Formosa funciona en la delegación de la Superintendencia de Servicios de Salud, ubicada en las calles Brandsen y Deán Funes 405/415, con una única persona a cargo. «Los ciudadanos únicamente reciben asesoramiento administrativo de 8 a 14 horas, pero no pueden justificar inasistencias ni presentar documentaciones médicas para que sean elevadas a la ANDIS Central, lo que deviene en un verdadero absurdo», criticó.

Gialluca recordó que las auditorías de pensiones por invalidez laboral están enmarcadas en la Ley N° 13.478 y el Decreto 432/97, y no incluyen a menores de edad ni a personas que ya superaron las auditorías en 2024. Sin embargo, en Formosa, «beneficiarios de pensiones por invalidez del año 2024 y también de los años 2017, 2018 y 2019, vienen siendo citados mediante cartas documento de la ANDIS, cuando esto no debería ser así, toda vez que los mismos ya fueron auditados y debidamente controlados».

Finalmente, volvió a cuestionar que a los beneficiarios citados para entrevistas y controles médicos se les exige trasladarse a distintas ciudades o poblaciones alejadas de sus domicilios. Según Gialluca, «la ANDIS, el PAMI y la ANSeS, en lugar de contribuir a que este proceso se lleve a cabo de manera ordenada, establecen exigencias que van en contra de los pensionados y que no se compadecen con el objetivo expresado públicamente por el Gobierno nacional, que es el de auditar a los mismos para que los beneficios lleguen únicamente a quienes realmente lo necesitan».