En un primer término, el artículo 8 incorporó como causas provinciales al Ramal C-25, el Gasoducto del NEA y el Acueducto, sumándolas a las causas nacionales Malvinas y río Pilcomayo, y a la causa provincial de la Reparación Histórica ya existentes.

En Símbolos y Preámbulo se anexaron tres nuevos artículos, declarando como símbolos provinciales al escudo, la bandera y el Himno Marcha a Formosa.

Además, se definió que el Preámbulo no es sólo un enunciado de principios, sino una fuente interpretativa para el alcance y finalidad de la Constitución. Y se quitó el tratamiento honorífico a magistrados y funcionarios públicos, electivos o no, bajo la consigna de una democracia popular.

En cuanto a la defensa de la autonomía, en el artículo 7 se añadió que todos los funcionarios públicos deben comprometerse en el ejercicio de su cargo a defender la autonomía provincial, y quienes no lo hagan serán políticamente responsables ante la Legislatura.

A su vez, en Derechos y Garantías se modificaron los artículos 9, que introdujo la no discriminación por cuestiones de sexo, género, origen étnico, lengua, religión o cualquier condición socioeconómica o política; y el artículo 19, en el que se incorporó que la obediencia debida no exime de responsabilidad y que los jueces deben velar por el cumplimiento de estas normas.

Del mismo modo, se estableció la modificación del artículo 23, que adecua la acción de amparo a los criterios de la Constitución Nacional, garantizando una vía rápida y efectiva ante la vulneración de derechos. Y en el artículo 24 se agregó el derecho a la identidad y se crea un Registro Civil unificado en toda la provincia.

Protección a las víctimas y datos personales

Junto a estas reformas, se sumaron dos nuevos artículos al capítulo de Declaraciones, Derechos y Garantías: uno reconoce los derechos de las víctimas de delitos penales, asegurando trato digno en los procesos judiciales, respeto y protección de su intimidad e información sensible.

Otro incorpora el derecho al hábeas data, que permite a los ciudadanos acceder, rectificar o suprimir sus datos personales en bancos de datos públicos o privados, además de resguardar el secreto de las fuentes periodísticas.

“Desde el bloque justicialista venimos a defender no sólo una figura jurídica, sino un principio democrático fundamental: el derecho de cada ciudadano a conocer, controlar y corregir la información que sobre su persona obra en registros públicos o privados”, señaló la convencional Grissel Insfrán al proponer la incorporación del derecho al hábeas data.

Dijo que “no es una opción jurídica, sino una necesidad ética, política y social”, ya que se trata de “mucho más que una garantía individual, es una herramienta de protección en un tiempo en que los datos personales se han transformado en el nuevo oro digital”.

“Su resguardo constitucional representa un acto de autonomía personal”, sostuvo, haciendo notar que incorporarlo a la Constitución “es constitucionalizar la autodeterminación informativa. Es reconocer que una persona no es una ficha, un historial o una estadística. Es afirmar que la persona no se agota en los datos que almacenan de ella y que tiene derecho a que su imagen digital sea conocida por ella y que no lesione su honra, su intimidad ni sus oportunidades”.

Tras recordar que la Constitución Nacional ya lo reconoce desde la reforma del 94 en el artículo 43, remarcó que “constitucionalizarlo es reconocerlo como una garantía hacia la libertad individual, como una piedra angular para una ciudadanía crítica y empoderada”.

Asimismo, dejó en claro que su incorporación a la Constitución Provincial “no vulnera el trabajo periodístico. Por ello, en la última oración decimos que no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodísticas, porque la protección de datos no se opone a la libertad de prensa; al contrario, se complementan”, explicó.

Medioambiente

Se creó un nuevo capítulo titulado “Régimen Ambiental” y se reformó el artículo 38, reforzando el derecho a un ambiente sano, obligando a proteger la biodiversidad, prevenir la contaminación y promover la educación ambiental.

En ese marco, se reconoce el derecho de la comunidad al acceso al agua en condiciones adecuadas y a un costo justo.

En ese sentido, el Estado deberá implementar políticas sostenibles de manejo hídrico, se prevé la creación de áreas protegidas y se afirma el derecho provincial a participar coordinadamente en la gestión de los Parques Nacionales dentro de Formosa.

Economía y producción

El artículo 39, ya presente en la Constitución, establece el marco general para que el Estado regule el proceso económico.

La reforma enfatiza que esta regulación debe orientarse a justicia social, equidad territorial e igualdad de oportunidades. También reafirma que el capital tiene una función social y su principal objetivo es el bien común.

El artículo 40 detalla las acciones para dirigir la economía según los principios del artículo 39. La reforma incorpora tres avances clave: fomento a cooperativas (antes limitado al sector primario, ahora incluye el industrial y terciario, protegiendo a productores agropecuarios, PyMEs y pequeñas empresas); más financiamiento (líneas de crédito que antes eran sólo para el sector primario, ahora alcanzan a todo el sector privado) y nuevas regulaciones (ley para regular compra de tierras por extranjeros; impulso a la economía del conocimiento e industrias tecnológicas; protección y promoción de industrias culturales y producción artesanal).

El artículo 41 mantiene su función clave: permitir la creación de leyes especiales para otorgar créditos, promover la industria, apoyar cooperativas, fomentar el turismo y facilitar el comercio en las zonas fronterizas.

En tanto que el artículo 42 promueve la consolidación y expansión de obras esenciales para la economía provincial, como redes viales, fluviales y eléctricas, sistemas de comunicación y agua, parques industriales, y ahora también polos científicos y tecnológicos, fortaleciendo así la producción local.

En este punto, el artículo 45 amplía la consideración de la tierra rural como un recurso clave, tanto fiscal como privado, que cumple funciones sociales y ambientales. Se reemplaza la idea de privatización por la titularización legítima de tierras a productores que las usan con función social.

El Estado asume la responsabilidad de impulsar obras públicas que fortalezcan el arraigo de los pequeños productores agropecuarios y sus familias. Se prevé la regulación del uso de la tierra para conservar su capacidad productiva, junto con la necesidad de una ley específica que ordene la aprobación y la realización de loteos en inmuebles privados, promoviendo un desarrollo territorial sostenible.

Soberanía y seguridad alimentaria con rango constitucional

Finalmente, se incorporó un nuevo artículo que eleva a rango constitucional la política de soberanía y seguridad alimentaria.

En este aspecto, el Estado debe promover el acceso a alimentos nutritivos para toda la población, fomentar una producción diversificada y respaldar a los pequeños productores agropecuarios mediante la industrialización y la comercialización asociativa.

“Incorporamos un derecho muy importante que es el de soberanía y seguridad alimentaria, que no solamente valida todas las políticas nutricionales que viene haciendo el Gobierno de la provincia sino también el enorme trabajo y significado que tiene el PAIPPA, el trabajo de las familias campesinas formoseñas y los pequeños productores agropecuarios, que pasaron a ser protagonistas de nuestra Constitución”, expuso el convencional justicialista Rodrigo Vera.

Subrayó que, de este modo, “se sigue fortaleciendo esta idea de la producción con productores que plantea el Modelo Formoseño, que es un compromiso del gobernador Gildo Insfrán con el pueblo y esta soberanía alimentaria tan importante en tiempos actuales, donde cada vez que gobierna la derecha hay hambre en la Argentina, que es lo que está pasando lamentablemente hoy en nuestro país”.