La declaración, titulada “Si el Estado se corre, entra el narcotráfico”, fue firmada por la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal, que preside Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza; el vicepresidente Ángel Sixto Rossi, arzobispo de Córdoba; Cesar Daniel Fernández, obispo de Jujuy; y Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro.

“Vemos con preocupación y dolor que la retirada del Estado de esos ámbitos abre paso al avance del narcotráfico, que ocupa ese lugar vacío y se convierte en una suerte de Estado paralelo, donde los narcos ofrecen a los jóvenes una vida corta pero aparentemente mejor, y esto a cambio de su dignidad, su libertad y, muchas veces, su vida”, afirmaron los obispos.

Y agregó: “No se puede seguir esperando que quienes acompañan a los jóvenes más rotos lo hagan sin recursos. La entrega gratuita de tantos voluntarios es muy valiosa, pero debe ser complementada con equipos que puedan dedicarse a tiempo completo, y eso requiere financiamiento. Desfinanciar estas obras, demorar la ayuda o relegarlas a la buena voluntad de voluntarios agotados, es una forma indirecta de condenar a muchos a la muerte”.

“La Iglesia en la Argentina reafirma su compromiso en la lucha contra el flagelo del narcotráfico y el consumo de drogas, una herida profunda en el corazón de tantos jóvenes, muchos de ellos en situaciones de extrema pobreza”, empezó el comunicado.

La Comisión Ejecutiva de la CEA resaltó que “la prevención y la educación son pilares irremplazables en esta lucha, concretados en espacios de contención, escucha y formación. Por eso es urgente y necesario que las autoridades nacionales, provinciales y municipales, reconozcan y sostengan el trabajo que ya se realiza en el territorio, aportando los recursos necesarios para potenciarlo y ampliarlo”.

La declaración ocurre después de que tomara estado público el impactante informe elaborado por el Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) y el think tank Fundar, “La narrativa rota del ascenso social, Un estudio sobre las expectativas de los jóvenes de barrios populares”, donde reveló con base en encuestas realizadas en el territorio, sobre todo barrios vulnerables, el impacto destructivo del narcotráfico entre las familias y los jóvenes.

“La compraventa y consumo de drogas es una realidad cotidiana y visible. En la encuesta, el 51% afirmó que la mayoría de sus amigos consumen drogas, y un 43% dijo tener conocidos del barrio que las venden. En las entrevistas, los jóvenes coinciden en que, en sus barrios, el consumo es generalizado, ocurre en grupos de amigos, y comienza a edades cada vez más tempranas”, indica el estudio que lideró el sacerdote jesuita Rodrigo Zarazaga.

“También están de acuerdo en que el consumo conduce a la participación en grupos delictivos. La espontaneidad con la que hablan sobre sus propias adicciones o las de sus amigos y familiares refleja la cotidianidad con la que viven estas situaciones. Seis de ellos, por ejemplo, comenzaron a consumir porque alguno de sus padres ya lo hacía”, agregó el informe.

La investigación se realizó mediante una encuesta de 600 casos y 47 entrevistas en profundidad a jóvenes entre 16 y 24 años en barrios populares del AMBA, con el objetivo de captar sus experiencias y las narrativas que elaboran sobre sus vidas. “Lejos de ser un grupo marginal, el universo de estudio abarca un amplio grupo social; el 34% de los jóvenes del país viven en el AMBA y se estima que el 40% de los jóvenes del Conurbano Bonaerense vive en barrios populares o zonas vulnerables”, indica el texto del trabajo