Desde GLBTQ Legal Advocates & Defenders (GLAD Law) y el Centro Nacional para los Derechos de las Lesbianas presentaron una demanda en nombre de seis militares transgénero en servicio activo y dos personas trans que buscan ser parte del Ejército.

En este contexto, los demandantes cuestionan la constitucionalidad de la orden ejecutiva, argumentando que «viola el componente de Igual Protección de la Quinta Enmienda».

Por ello, esas organizaciones piden al tribunal que anule la prohibición y que emita un «interdicto preliminar y permanente que prohíba la exclusión categórica de las personas transgénero del servicio militar».

«En lugar de basarse en algún propósito gubernamental legítimo, la prohibición refleja animosidad hacia las personas transgénero debido a su condición», dice el documento.

La orden de Trump

El lunes, Trump firmó la orden titulada ‘Priorizar la excelencia y la preparación militar’, que anula el decreto de 2021 del entonces presidente Joe Biden, que permitía a las personas trans alistarse y servir abiertamente según su identidad de género. Según la nueva política, «expresar una ‘identidad de género’ falsa que difiera del sexo de una persona no puede satisfacer los rigurosos estándares necesarios para el servicio militar».

Además, requiere que el Departamento de Defensa actualice sus estándares médicos dentro de 60 días para «poner fin al uso de pronombres inventados y basados en la identificación», y destaca que la «búsqueda de la excelencia militar no puede diluirse para dar cabida a agendas políticas u otras ideologías perjudiciales para la cohesión de la unidad».

Trump dicta una ley que permite detener a inmigrantes por delitos comunes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles una ley que permite detener a inmigrantes que hayan cometido delitos menores como hurtos o robos, así como aquellos que hayan sido acusados por agredir a agentes de Policía.

La ley, llamada Laken Riley en honor a una estudiante de enfermería que murió a manos de un inmigrante venezolano sin papeles el año pasado, fue aprobada por la Cámara de Representantes el pasado miércoles con 263 votos a favor frente a 156 en contra, con el apoyo de 46 demócratas.

El Senado dio ‘luz verde’ a la ley con 12 votos favorables por parte de los demócratas. La legislación también autoriza a los estados a demandar al Gobierno federal por incumplir la medida, lo que incluye liberar a inmigrantes que estén bajo custodia o no detener a aquellos que han recibido órdenes de deportación.

«La Ley Laken Riley se convertirá en el primer proyecto de ley que con orgullo promulgo como 47º presidente de Estados Unidos», ha indicado Trump desde la Casa Blanca, agregando que la medida ha «unido» tanto a demócratas como a republicanos.

Riley, estudiante en la Facultad de Enfermería de la Universidad de Augusta, fue asesinada por José Ibarra, un inmigrante sin documentación que fue arrestado en septiembre de 2022 por entrar de forma ilegal en Estados Unidos. El caso avivó el debate en Estados Unidos sobre la migración a pocos meses de terminar el mandato del expresidente Joe Biden.

La ONG Amnistía Internacional (AI) ha advertido de que la ley «capitaliza una horrible tragedia», en alusión a la muerte de Riley, para «promover la agenda antiinmigración» de Trump y convertir «a las personas que buscan seguridad en chivos expiatorios».

«La detención obligatoria únicamente por ser acusado de robo priva a las personas de su derecho al debido proceso y constituye una detención arbitraria según el Derecho Internacional», ha asegurado la directora del programa de refugiados y migrantes de AI en Estados Unidos, Amy Fischer, en un comunicado.