Fallo decisivo: la Justicia ordenó al Gobierno la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad en toda la Argentina
El organismo judicial consideró que el decreto del Ejecutivo sobre la suspensión de la aplicación de la norma no tenía validez. Los detalles del fallo.
Fuente: https://www.canal26.com/
La Justicia Federal dio un paso decisivo para la plena vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad en todo el país: mediante un fallo reciente, declaró la invalidez de una parte del decreto del Poder Ejecutivo que había suspendido la aplicación de la norma y ordenó que se ejecute de forma inmediata en todo el territorio argentino.
La legislación en cuestión, sancionada por el Congreso en septiembre de 2025 como Ley 27.793, declara la emergencia nacional en materia de discapacidad y estaba destinada a garantizar la continuidad de tratamientos, la actualización de prestaciones y la protección de derechos fundamentales como educación, salud e inclusión social.
El conflicto judicial se desarrolló porque, pese a que el Congreso rechazó el veto presidencial y promulgó la ley, el Gobierno había dictado el Decreto 681/2025, que suspendía la puesta en marcha de la norma hasta que el Parlamento definiera fuentes de financiamiento específicas e incluyera las partidas correspondientes en el presupuesto nacional.
Un Juzgado Federal de Campana consideró que ese artículo del decreto era inválido y afectaba derechos ya consagrados por la ley, por lo que ordenó su aplicación inmediata en todo el país. La decisión conocida durante este viernes 12 de diciembre tiene efectos directos sobre personas con discapacidad, sus familias, cuidadores y prestadores de servicios, que según la sentencia, habían visto restringidos sus derechos por la postergación.
La causa que motivó el fallo fue impulsada por un amparo presentado por padres de chicos con discapacidad que argumentaron que la suspensión del decreto ponía en riesgo la continuidad de tratamientos esenciales, la calidad de servicios y el acceso a derechos básicos.
Hasta ahora, la jurisprudencia y el debate político sobre esta ley reflejaron una tensión entre la voluntad del Congreso de garantizar prestaciones y la postura del Poder Ejecutivo, que pospuso su entrada en vigencia por argumentos de sostenibilidad fiscal. La orden judicial despeja esa controversia al hacer efectiva la ley sin más demoras, lo que representa un avance significativo en materia de políticas públicas para este colectivo.
