El fondo Burford Capital, principal beneficiario del dictamen condenatorio, había pedido en abril de 2024 el control de las acciones que ahora le fue otorgado como parte del pago. También había solicitado embargos y otras medidas, todas apuntadas a lo que fuentes vinculadas con el caso definieron siempre como “presiones para negociar”.

Es que Burford compró los derechos a litigar de esta causa que ya lleva una década y por la cual el país tuvo varios reveses en las cortes de Estados Unidos. La información fue difundida por Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, a través de su cuenta de X. Tras conocerse la noticia, las acciones de YPF comenzaron a marcar un pronunciado rojo: en Wall Street ceden más de 1,4%; y a nivel local alcanza una caída del 3% a las 14. El Merval, que había arrancado en positivo, pasó a caer más de 2%.

Preska accedió a la solicitud de los demandantes Burford y Eton Capital de embargar las acciones de la petrolera argentina. El pedido de la jueza sorprendió al Estado argentino, dado que incluso el Departamento de Justicia de los Estados Unidos había presentado un escrito para pedir que se rechace ese pedido, en noviembre pasado.

El año pasado, la Procuración del Tesoro nacional se puso en contacto con el entonces gobierno de Joe Biden para ponerlo al tanto del juicio y para explicarle las posibles implicancias de que un juez federal de Estados Unidos solicite el embargo de activos que están en otra jurisdicción. Las acciones que tiene la Argentina de YPF están registradas en la Caja de Valores de Buenos Aires, no tiene tenencia de activos que cotizan en Nueva York.

En este tiempo, sin embargo, Preska le había solicitado al país que deposite una garantía de pago, mientras se iniciaba la apelación de fallo en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. Esto nunca se hizo. “Cuando asumió Javier Milei, la Argentina debería haber depositado una garantía para evitar que comiencen los embargos durante la apelación inició en octubre de 2023. La garantía debería haberla depositado en enero de 2024, como no lo hizo, la ley americana le daba el derecho a embargar activos de la Argentina. Uno de los activos que los beneficiarios del fallo buscaron embargar eran las acciones de YPF″, detalló Maril a La Nación.

Luego, el especialista en los juicios que la Argentina enfrenta en el exterior, agregó: “Un año y medio más tarde, después de varias presentaciones y, en contra de recomendación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Preska accedió al pedido de los beneficiarios y obliga a la Argentina a entregar las acciones que tiene en YPF como parte de pago. La Argentina no lo va a hacer; obviamente va a apelar, motivo por el cual esto continúa en la Corte de Apelación”.

“La decisión es absolutamente inédita (por eso se opuso el Departamento de Justicia del gobierno de EEUU en su escrito amicus respaldando la postura de la defensa argentina). Se puede apelar y la propia Preska, o en su caso la Court of Appeals, debería suspender los efectos de esta decisión«, destacó una fuente con conocimiento de la causa que pidió reserva de nombre a Infobae.

El 16 de abril de 2012, las acciones de YPF eran propiedad en un 57,5% de Repsol, un 25,5% de Petersen (una filial constituida en España, propiedad de la familia Eskenazi) y un 17% de otros inversores minoritarios, incluido Eton Park, con una participación accionaria del 3%.

El 7 de mayo de ese año, entró en vigor en la Argentina la ley de interés público que dejó el 51% de las acciones de YPF en poder de Repsol “sujetas a expropiación” y bajo “ocupación temporal” por el Estado argentino. En julio, Petersen se declaró en quiebra en España tras haber incumplido en mayo el pago de los préstamos que hizo un pool de bancos europeos para financiar la compra de las acciones de YPF.

La demanda contra YPF y la República Argentina comenzó en abril de 2015. Actualmente, el 100% de YPF vale US$5100 millones, según su cotización en Nueva York. Pero la Argentina deberá pagar el triple de ese valor por la expropiación de 2012.

El fallo de Preska

“Desde abril de 2012, la República ha controlado las principales decisiones empresariales y financieras de YPF por medio de su participación mayoritaria en la compañía. Las partes acuerdan que la República vota para elegir el directorio y aprobar iniciativas generalmente propuestas por el directorio, incluyendo aquellas que requieren la aprobación de los accionistas bajo las leyes de la República”, detalló el escrito de Preska, según se dio a conocer este lunes.

Luego, en el tramo final, cerró indicando: “Por las razones expuestas anteriormente, la moción de los demandantes es CONCEDIDA. La República deberá transferir sus acciones clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM [Bank of New York Mellon] en Nueva York dentro de los 14 días a partir de la fecha de esta orden; e instruir a BNYM para iniciar una transferencia de los intereses de propiedad de la República en sus acciones clase D de YPF a los demandantes o sus designados dentro de un día hábil a partir de la fecha en que las acciones sean depositadas en la cuenta”.