«Esta fue la elección más violenta en la historia moderna de nuestro país. En términos duros, de cifras, de septiembre de 2023 al 26 de mayo de 2024, a una semana de la elección, contabilizamos 749 víctimas totales de ataques de violencia», expuso Armando Vargas, consultor sénior de Integralia.

Integralia, consultoría política, reportó 150,5% más agresiones en este proceso electoral, que comenzó de manera oficial en septiembre, frente a los pasados comicios intermedios de 2021, lo que incluye asesinatos, atentados armados, amenazas, secuestros y desapariciones.

Dentro de esto, documentó 34 asesinatos de aspirantes, una cifra que se eleva a 231 homicidios al considerar también a funcionarios o exfuncionarios, políticos, familiares y víctimas colaterales.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reconoció este martes el asesinato de 22 aspirantes, pero organizaciones independientes registran más, como Integralia, mientras que Data Cívica reporta 31, Causa en Común documenta 32 y DataInt registra 38.

Esta diferencia refleja que el «Gobierno federal sigue negando la realidad violenta del país«, opinó Nancy Angélica Canjura, investigadora de Causa en Común. Y comentó: «Y siempre en esta actitud defensiva. En lugar de generar condiciones de apertura y de innovación en políticas públicas para trabajar sobre estos temas, vemos cómo existe esta renuencia, incluso, a aceptar la dimensión del problema».

La violencia baja la participación

Al analizar comicios anteriores, Data Cívica encontró que por cada agresión a un candidato la participación en la localidad en cuestión baja 1,3%, y si la víctima es un político en funciones, como el alcalde, la caída es de 3%, explicó la vocera de la organización Itxaro Arteta, en diálogo con EFE.

«Sin duda, esto es un debilitamiento a la democracia porque la ciudadanía tiene miedo de salir a votar, o no le ve sentido a salir a votar, si parece que el crimen es quien está dominando, quién define quién puede ser candidato, quién hace campaña», advirtió Arteta.

El Instituto Nacional Electoral (INE) estimó el jueves que 168 casillas (centros de votación) no se habilitarán el domingo por motivos como inseguridad y, la mayoría, por «conflictos político sociales«.

Principales víctimas: candidatos locales y opositores

Nueve de cada 10 víctimas de asesinato buscaban un puesto municipal, detalló el consultor de Integralia, lo que «fortalece la hipótesis de que la violencia política es un mecanismo de intervención del crimen en las elecciones«.

Además, la mayoría eran opositores al gobierno local, y esto «sugeriría que los grupos criminales podrían estar impulsando ciertos proyectos políticos para expandir sus redes de impunidad eliminando a las amenazas, es decir, a las candidaturas de oposición».

A pesar de ello, Data Cívica señaló que más de un tercio de las víctimas de agresión son del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), como Gisela Gaytán, candidata a alcaldesa de Celaya, en el estado de Guanajuato, quien murió asesinada el 1 de abril en uno de los atentados de mayor perfil.

¿Protección del Estado?

La Secretaría de Marina (SEMAR) informó el martes de 3.474 agentes de las Fuerzas Armadas que protegen a 553 candidatos y reiteró un despliegue de 27.245 elementos para el operativo de seguridad de las elecciones, que se sumarán a los 233.543 que ya realizan tareas de seguridad pública.

Sin embargo, candidatos murieron pese a esta protección, como Cabrera, quien tenía escoltas de la Guardia Nacional (GN), lo que muestra que el protocolo «no funcionó adecuadamente«, según la investigadora de Causa en Común.

La preocupación por la seguridad crece porque México tendrá las elecciones más grandes de su historia, con más de 98 millones de votantes convocados a renovar más de 20.000 cargos, incluyendo la presidencia, los 128 senadores y los 500 diputados, así como nueve gobiernos estatales.