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El número se desprende del informe oficial que los peritos de la Corte, con la intervención de dos profesionales en representación del Ministerio Público Fiscal, firmaron y remitieron al Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2). “Se trata de un grave hecho de corrupción sin precedentes, cometido desde la primera línea del Estado Nacional”, se escribió en el fallo que en segunda instancia confirmó la condena contra Cristina Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

El cálculo inicial l

o realizó el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) cuando firmó la sentencia condenatoria el 6 de diciembre de 2022, y fue clave para determinar la gravedad del hecho, y en consecuencia explicaciones del pedido de decomiso. Según la sentencia confirmada por la Corte, Cristina Kirchner fue responsable de haber priorizado el interés particular por encima del resguardo de los bienes del Estado. Encabezó, según se sostuvo en el fallo, una maquinaria de corrupción que generó un perjuicio multimillonario a la sociedad en su conjunto.

En el caso se analizaron los 51 procesos licitatorios a través de los cuales Lázaro Báez fue adjudicatario del 86% de las obras viales que desde 2003 a 2015 el Estado nacional financió en la provincia de Santa Cruz. El agravante es que el Grupo Austral cobró sobreprecios del 64% y la mitad de las rutas intervenidas quedaron abandonadas pese a que los contratos se pagaron.

Los jueces entendieron que era un beneficio imposible de cuantificar para quienes lo usufructuan -sobre todo con el paso del tiempo-, de “indole claramente financiero y cuya existencia resulta, a todas luces, incontrovertible. La contracara, y que aqui nos interesa resaltar, es que el Estado Nacional precisamente renunciaba a ese beneficio totalmente intangible e incuantificable y se lo transferia a un empresario privado”.

Estos beneficios indebidos que recibió Báez, “cuya traducción en un monto dinerario determinado resultó imposible de medir”, expresaron los jueces, “no deben soslayarse, ya que su consideración resulta indispensable para comprender la extensión del daño causado”.

Cómo se calcularon los 537 millones dólares

En función del entramado de corrupción, el juez Jorge Gorini que ejecuta la pena, solicitó al Cuerpo de Peritos de la Corte que actualizara el monto del decomiso. Según se explicó en el documento judicial, se analizaron las “resoluciones técnicas emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.), supraentidad que nuclea a los 24 Consejos Profesionales en Ciencias Económicas de todo el país”.

A la hora de detallar cómo se procedió en el revalúo impositivo y contable, se indicó: “En su parte pertinente, pone en vigencia la aplicación del indice de precios al consumidor nivel general (IPC) que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en reemplazo del índice de precios internos al por mayor (IPIM), sustitución establecida por art. 2º de la Ley N° 27.468 Β.Ο. 4/12/2018”.

En definitiva, se planteó “de acuerdo con las consideraciones precedentemente expuestas, para efectuar el cálculo de marras, se tomará el último índice de precios al consumidor publicado por el INDEC al 26/6/2025 (mayo de 2025) y al 6/12/2022 (noviembre de 2022)”.

Los guarismos consignados correspondientes al INDEC “ingresando en el archivo Excel contenido en «Series históricas IPC Índice de precios al consumidor con cobertura nacional» «Indices y variaciones porcentuales mensuales e interanuales según divisiones de canasta, bienes y servicios, clasificación de grupos. Diciembre 2016- Mayo 2025» y específicamente “la solapa «Indices IPC Cobertura Nacional», tomando la totalidad de los decimales que surgen abriendo el casillero del indice respectivo”.

En suma, concluyeron los peritos, “el importe actualizado requerido, de acuerdo con los parámetros y metodología descriptos ut-supra, asciende a $ 684.990.350.139,86, es decir el quantum de seiscientos ochenta y cuatro mil novecientos noventa millones, trescientos cincuenta mil ciento treinta y nueve pesos con ochenta y seis centavos”.

Con el monto ya determinado del decomiso, la Justicia pondrá en marcha el mecanismo correspondiente para avanzar hacia el cobro del dinero: se los intimará a los condenados de que comenzarán a regir diez días para que se depositen los fondos. Sí en el plazo impuesto por el Tribunal los acusados no cumplen, se comenzará con la ejecución de bienes.

Para esta última instancia, el Tribunal avanzará en la actualización de los embargos dictados en el marco de este expediente. Cuando se confirmó el procesamiento contra Cristina Kirchner y los demás involucrados en la maniobra defraudatoria, se avaló el embargo de $10.000 millones que había fijado el juez federal Julián Ercolini cuando firmó el procesamiento.