En los despachos cercanos a Karina Milei y al asesor presidencial Santiago Caputo sostienen que el Presidente mantendrá demorado el nombramiento. El argumento formal es que el Tribunal Oral Federal N°3 de La Plata todavía debe completar distintos pasos administrativos antes de entrar plenamente en funcionamiento.

La postura fue ratificada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien recordó que el acuerdo del Senado no obliga automáticamente al Poder Ejecutivo a concretar la designación.

“El Senado habilitó al Presidente, pero no lo obligó. Cuando se considere el momento oportuno para garantizar el servicio de justicia, se firmará”, sostuvo el funcionario.

Expectativa en el Senado

La situación genera expectativa dentro de la propia Cámara alta. Varios senadores que respaldaron el pliego siguen de cerca la definición presidencial, al entender que el procedimiento constitucional quedó cumplido con la aprobación legislativa.

“Ya no depende de nosotros”, resumió el senador oficialista Francisco Paoltroni, uno de los legisladores que acompañó la candidatura de Michelli.

Por su parte, Bartolomé Abdala defendió la necesidad de avanzar con la cobertura de vacantes judiciales y recordó que uno de los compromisos de campaña de La Libertad Avanza fue normalizar el funcionamiento de los tribunales federales. Según explicó, muchos juzgados continúan operando con magistrados subrogantes o estructuras transitorias que afectan la administración de justicia.

La discusión también despertó cuestionamientos desde ámbitos profesionales. El Colegio Público de la Abogacía advirtió que el retiro o la paralización de pliegos ya enviados al Senado constituye una práctica que debería aplicarse de manera excepcional, ya que contribuye a prolongar una situación crítica de vacancias judiciales.

Desde la oposición interpretaron la aprobación de Michelli como una señal institucional. La senadora Carolina Moisés, presidenta del bloque Convicción Federal, sostuvo que el respaldo obtenido por la candidata representó una defensa de la independencia del Senado frente a las decisiones del Poder Ejecutivo.

Otros nombramientos

Mientras tanto, el debate por los nombramientos judiciales continuará la próxima semana. La Comisión de Acuerdos recibirá a siete postulantes para distintos cargos, entre ellos Víctor Pesino, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, cuya continuidad es seguida con especial atención por el Gobierno.

Pesino tuvo intervenciones clave en decisiones vinculadas a la reforma laboral impulsada por Milei y su eventual renovación promete abrir un nuevo capítulo de negociaciones parlamentarias.

En paralelo, la Casa Rosada busca retomar la iniciativa política con el envío de nuevos proyectos al Congreso. Entre ellos figura la ley de juicio por jurados, una iniciativa que el Gobierno considera prácticamente terminada y que forma parte de una agenda institucional más amplia.

Según fuentes oficiales, el texto ya atravesó la revisión del Ministerio de Justicia y se encuentra en la etapa final de análisis técnico dentro de la Secretaría Legal y Técnica. En el Ejecutivo aseguran que será remitido al Congreso en los próximos días.