La detención se produjo el sábado por la tarde luego de un operativo de desalojo de la Policía Federal Argentina (PFA). Grabois había ingresado al edificio junto a un grupo de militantes para denunciar el cierre del Instituto, dispuesto por decreto del Ejecutivo nacional.

La protesta fue anunciada en redes sociales por el propio dirigente social, quien calificó la acción como una “recuperación simbólica” del lugar y la enmarcó en una tradición de “resistencia pacífica”.

“La juventud del movimiento nacional recuperó del odio gorila la antigua residencia de Perón y Evita, disuelta ilegalmente por el régimen de Milei. Nadie se encadena, libres o muertos, jamás esclavos”, escribió Grabois en su cuenta de X.

Sin embargo, desde el Gobierno se calificó la ocupación como una irrupción violenta, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, sostuvo que “el Instituto no había realizado ninguna investigación en años” y que todo su presupuesto “se destinaba a sueldos y mantenimiento básico”.

Milei: “Grabois en cana”

El presidente Javier Milei replicó en su cuenta oficial de X un mensaje del periodista Javier Lanari, que enumeraba varios “logros de la semana” del Gobierno. Entre ellos figuraban la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal, el acuerdo GNL, el plan IVA Simple y, como cierre, la detención de Grabois, acompañado de un emoji de tilde verde: “ Grabois en cana”.

El reposteo del mandatario generó inmediata repercusión en redes sociales, dividiendo opiniones entre quienes celebraban la decisión oficial y quienes la consideraban una actitud provocadora e irresponsable.

Bullrich: “Se terminó el vale todo”

Por su parte, Patricia Bullrich también recurrió a X para felicitar a las fuerzas de seguridad y expresar su respaldo a la detención. “Se terminó el vale todo. Recuperamos un edificio tomado por militantes que se creían dueños del Estado”, escribió.

La ministra de Seguridad fue aún más tajante: “Estamos haciendo lo que ningún gobierno hizo: detener al piquetero que promueve y ejecuta las usurpaciones. En esta Argentina, la ley se cumple con orden. Ni Grabois ni ningún kirchnerista tiene los privilegios que tuvo. Basta de vivir del pasado y del bolsillo de los argentinos. Grabois: las hacés, las pagás”.

Sus declaraciones se enmarcan en una línea discursiva que el Gobierno mantiene desde su asunción: exhibir mano dura frente a la protesta social y criminalizar la ocupación de espacios públicos o estatales, especialmente cuando se vinculan con sectores del kirchnerismo.

El cierre del Instituto, eje del conflicto

El Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Históricas Juan Domingo Perón había sido disuelto formalmente por el Gobierno a través del decreto 346/2025, como parte de un paquete de medidas de ajuste simbólico y recorte presupuestario.

Desde el Ministerio de Capital Humano se indicó que el organismo representaba un “gasto innecesario” de más de 400 millones de pesos anuales y que no cumplía con su propósito original. También se informó que todo su patrimonio histórico fue inventariado y sería trasladado a la Biblioteca Nacional y al Archivo General de la Nación.

No obstante, desde sectores del peronismo -incluido el propio Partido Justicialista- denunciaron la medida como una “persecución ideológica” y reclamaron que el PJ se haga cargo del archivo, biblioteca y material cultural del lugar, históricamente ligado a la memoria de Juan y Eva Perón.

Repercusiones y movilización

Tras la detención, militantes y simpatizantes de Patria Grande se concentraron en las inmediaciones de la sede policial donde permanece detenido Grabois, exigiendo su liberación inmediata. La defensa del dirigente argumenta que la ocupación fue pacífica, que no existía una orden judicial de desalojo vigente y que su detención constituye una vulneración a los derechos políticos.

La causa quedó en manos de la Justicia Federal, que ahora deberá determinar si los hechos encuadran dentro de delitos como usurpación de propiedad estatal, daño agravado o resistencia a la autoridad.