Las medidas, que habían sido anticipadas por el presidente Javier Milei en la inauguración de la Exposición Rural 2024, apuntan a darle mayor competitividad y previsibilidad a un sector productivo estratégico para la economía argentina.

A través del decreto 697/2024 publicado este martes en el Boletín Oficial se dispone la eliminación de los derechos de exportación para los productos de la categoría vaca (excepto animales vivos) cuya codificación, de acuerdo a sus características, sea A, B, C, D y E, se encuentre conforme a lo estipulado en el Anexo III de la Resolución N° 32/2018.

Estos productos, cuyo principal destino es la exportación, tributaron más de US$60 millones en retenciones durante 2023, un monto que a partir de ahora vuelve a la rentabilidad de la cadena bovina.

Además, el Decreto establece la eliminación de las retenciones para los productos de la cadena porcina, con el fin de dotarla de una mayor competitividad y proyección internacional para un producto con alta demanda mundial.

Asimismo, dispone la eliminación definitiva de los derechos de exportación para los productos de la cadena láctea, un tributo que oscila entre 4,5% y 9% y que hoy se encuentra temporalmente suspendido hasta junio de 2025. Con su eliminación definitiva, los procesos de la industria láctea tendrán mayor previsibilidad para crecer en productividad e inversiones.

Finalmente, el Decreto implementa una reducción del 25% en las retenciones para todas las proteínas animales, cuya alícuota actual se encuentra entre 4,5% y 9%. Las proteínas animales constituyen un agregado de valor en origen a nuestros granos y tienen un impacto federal masivo, ya que ovinos, avícolas, bovinos y el resto de las especies exportables argentinas se producen en todas las provincias de nuestro país.

Solo en 2023 el 25% de los derechos de exportación que tributaron estas categorías ascendió a más de US$70 millones y, a partir de estas nuevas medidas, este monto vuelve a la cadena productiva y dota de competitividad a la transformación en origen.

Estas disposiciones que se enmarcan en un proceso más amplio de desregulación, baja de aranceles a insumos agrícolas, apertura de mercados internacionales y simplificación de trámites en el control comercial, apuntan a seguir quitando el peso del Estado de los hombros de la producción agropecuaria, responsable de 1.2 millones de empleos y del 63% del total exportado por la Argentina.