Ante está medida que atenta contra la soberanía Argentina, el gobierno de Javier Milei pidió suspender el fallo que pretende obligar al Estado argentino a entregar el 51% de las acciones de la petrolera a los dos fondos de inversión que iniciaron una demanda contra el país por la expropiación de la compañía en 2012.

En una carta enviada a la magistrada, el gobierno del presidente Javier Milei le anticipó también que presentará una “apelación formal” en los próximos días.

En su presentación, la Argentina destacó que el gobierno estadounidense ha apoyado su postura y argumentó que conceder la suspensión es “crucial”.

Este lunes, Preska ordenó a YPF entregar el 51 por ciento de sus acciones para compensar a dos fondos que denunciaron haber sido perjudicados durante la expropiación de la empresa en 2012.

Según informó Sebastián Maril, director de Latam Advisors y especialista en los juicios que afronta la Argentina en el exterior, en su presentación la Argentina advierte que, de no ser otorgada la apelación, acudirá a un tribunal superior para conseguirla.

Además, la recuerda a la magistrada que el Gobierno de los EE.UU. apoyó al país y es crítico de que se otorgue la suspensión.

“La República Argentina solicitó a la jueza Loretta Preska la suspensión del fallo que ordena la transferencia de sus acciones de YPF a los acreedores judiciales”, precisó Maril.

Fuentes de la Casa Rosada aclararon que el gobierno argentino no se sentará a negociar con el fondo Burford Capital hasta que no haya resolución definitiva al pleito legal.

La estrategia es apostar a disputar el monto final de la sentencia -calculada en USD 16.000 millones- porque aseguran que hay razones legales para reducirla, según fuentes cercanas a la Casa Rosada.

La Procuración del Tesoro, incluso, podría pedir la suspensión del fallo de Preska directamente a la corte de apelaciones, que es una segunda instancia.

En la Casa Rosada mencionan que la sentencia, tal como fue determinada por la jueza, es de “cumplimiento imposible”.

“No hay posibilidad alguna de acatar ese fallo mientras sea solamente una decisión de primera instancia”, dijo una fuente oficial.

El caso de YPF es considerado único por su magnitud y las circunstancias que lo rodean, incluyendo la expropiación y la posterior demanda judicial.

No existen antecedentes de un fallo de estas características en la jurisprudencia estadounidense.

Es que se trata, nada menos, que de ordenarle a un país soberano entregar las acciones de una empresa estratégica estatal, una cuestión delicada y que trasciende la letra jurídica para convertirse en cuestión de Estado, explicaron fuentes del sector petrolero a Noticias Argentinas.

Fuentes de la diplomacia indicaron que el caso también le preocupa al gobierno de Donald Trump, por el hecho de que la justicia de su país está «atacando» a un aliado clave, como Javier Milei.

Antecedentes de nacionalización de compañías petroleras en Latinoamérica

En América Latina existen antecedentes sobre procesos similares a lo que ocurre con YPF en Argentina.

En particular, en lo que respecta a la nacionalización o estatización de empresas energéticas.

En México, con Pemex, y Venezuela, con PDVSA, han tomado medidas similares a la expropiación que decidió Cristina Kirchner en 2012, cuando Axel Kicillof era su ministro de Economía.

En el caso de Brasil, con Petrobras, adoptó un modelo mixto, conviviendo con empresas privadas y bajo la regulación de un organismo estatal.

En algunos casos, como Argentina con YPF, se ha observado un proceso de privatización seguido de una re-estatización parcial o la búsqueda de un mayor control estatal.