«Ayer, el Tribunal tuvo que aclarar que puedo salir al balcón de mi casa. Hoy, mis abogados tuvieron que recurrir otra decisión del mismo Tribunal, que sólo permite que me visiten, y previo listado… únicamente mi núcleo familiar, mis abogados y mis médicos», indicó la también exvicepresidenta a través de un posteo en su cuenta en X.

Luego, agregó: «El resto de mis relaciones con el mundo exterior… amigos, amigas, compañeros, compañeras… y otras personas que conozco y me vinculo por el sólo hecho de ser una persona que tiene vida… cada vez que quieran visitarme deberán presentar una solicitud al Tribunal y luego esperar su autorización; en un régimen de exclusión totalmente arbitrario, que no se le aplica a nadie y violatorio de mis más elementales derechos civiles».

«De mis derechos políticos, mejor ni hablemos… te la debo. ¿Habrá una Constitución y Códigos Penales y Procesales especiales, redactados únicamente para mí y que nunca me enseñaron en la facultad?», cerró el posteo.

La presentación de la defensa de Cristina fue realizada por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy. En el escrito, le piden al tribunal que revoque la medida que la obliga a presentar una lista de «su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos que la tratan asiduamente y abogados que la representan», que serán los únicos que podrán visitarla «sin necesidad de autorización judicial».

Los letrados de la expresidenta fundamentan el pedido señalando que «la regla de conducta esencial que deben observar las personas a las que se les impone prisión domiciliaria es, precisamente, acatar la restricción ambulatoria durante todo el lapso de vigencia de la condena».

Y en ese sentido consignaron: «Quienes cumplen su pena en un domicilio particular pueden desarrollar todas las actividades que no se encuentran prohibidas por la ley, tal como se deriva del principio de reserva que consagra el art. 19 de la Constitución Nacional».

Advirtieron, además, que, según lo estableció la propia Corte Suprema, «las personas que cumplen una condena gozan de la totalidad de los derechos constitucionales cuya restricción no se deriva en forma necesaria de la pena impuesta y de la privación de la libertad ambulatoria».

Los defensores de Cristina le señalaron al tribunal que «la normativa vigente no faculta a los jueces a imponer reglas de conducta adicionales a las personas que cumplen su pena bajo la modalidad de arresto domiciliario, más allá que el acatamiento estricto y riguroso de la privación de la libertad».

El escrito también puso el foco en la actividad política de Cristina Kirchner y le insistió al tribunal que «no puede limitarse el derecho que tiene un dirigente político a mantener contactos directos con personas que desarrollen esta misma actividad, ya sean de su propia fuerza u otra».

Además, hicieron referencia a la posible visita de personalidades de otros países: «Líderes de fuerzas políticas de otros países y sus primeros mandatarios ya han hecho saber su intención de reunirse a la brevedad con nuestra representada. Dicho con todo respeto, no parece sensato que esta clase de encuentros deban estar supeditados a la obtención de autorizaciones judiciales previas».

«Si se coartaran los derechos que le asisten a Cristina Fernández de Kirchner, imponiéndole una regla de conducta que no registra antecedentes, que no encuentra fundamento normativo y cuya finalidad no es explicada, no solo se habrán de lesionar sus garantías personales, sino también los de millones de personas que ella representa y, por ende, al sistema democrático y republicano de gobierno«, cerró el escrito.