Belliboni, que deberá presentarse a declarar el 25 de junio próximo, a las 9, integra una lista de citados a indagatoria que son, en total, 23. La nómina está formada además por otros dirigentes del Polo Obrero y dos grupos de personas asociadas bajo la Cooperativa Agustín Tosco y la Asociación Civil Caminos de Tiza.

Según la hipótesis del juez, “lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria”.

Dos de los espacios involucrados en la maniobra de posibles extorsiones y desvío de fondos recibieron cerca de 600 millones de pesos en el gobierno de Alberto Fernández para manejar partidas correspondientes al programa Potenciar Trabajo. Uno de ellos es el que responde a Belliboni.

“Considero acreditado -con el grado requerido legalmente en esta etapa- que diversas personas, nucleadas bajo las figuras asociativas ‘Asociación Polo Obrero’ y ‘Cooperativa El Resplandor Ltda.’, habrían administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales que le fueran confiados en convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del aludido programa «Potenciar Trabajo», dijo el juez Sebastián Casanello en el llamado a indagatoria.

Las personas que eran víctimas de la presunta maniobra extorsiva concurrían a tres comedores que dependían del Polo Obrero: Rivadavia I, La Carbonilla y Mariano Ferreyra. Durante esta primera etapa de investigación, se los investiga por acciones “tendientes a apropiarse de una porción de los fondos públicos destinados por el Estado Nacional” que debían ser otorgados a los beneficiarios de Potenciar Trabajo.

El rol de intermediarios para otorgar planes como el Potenciar Trabajo fue cuestionado por los investigadores porque representó “un abuso de poder, un posible desvío de fondos”, entre otras acusaciones volcadas en el expediente. Las organizaciones sociales bajo investigación se dedicaron -sostiene la imputación que pesa sobre 27 referentes piqueteros– “sistemáticamente a exigir dinero a los beneficiarios de dicha prestación social, cobrarles la entrega de alimentos que debían ser gratuitos y/o forzarlos a participar de marchas bajo la amenaza expresa de dar de baja el plan en caso de no hacerlo”.

En paralelo, en otra causa que investiga serias demoras del Gobierno en el reparto de alimentos a comedores, Casanello le ordenó al Ministerio de Capital Humano que presente el “stock” actual de alimentos de varios depósitos que detalló y le pidió que “elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato; lo que deberá informarse de manera precisa en el plazo de 72 horas [al juzgado]”.

El Gobierno reconoció el jueves pasado que cerca de 5 mil toneladas de alimentos adquiridos durante la anterior gestión se encuentran guardados en los depósitos del Ministerio de Capital Humano como reserva para situaciones de “emergencia”. La denuncia que dio origen a este expediente la presentó Juan Grabois contra la ministra Sandra Pettovello.