Los demandantes alegaban que el incremento tarifario carecía de justificación y que no se había cumplido con el procedimiento de audiencia pública previa, “vulnerando los derechos de los consumidores”. Además, solicitaban una medida cautelar para la suspensión inmediata del aumento desde septiembre del año 2024 hasta que se resolviera la acción de amparo.

Sin embargo, la jueza Claudia Fabiola Pérez Grepo consideró que la acción de amparo es un mecanismo de carácter excepcional y que los demandantes no acreditaron suficientemente la existencia de una lesión actual e inminente a sus derechos. Además, señaló que no se había agotado la vía administrativa antes de recurrir a la Justicia ni se había aportado documentación que demostrara que se habían solicitado informes o presentado reclamos formales ante las entidades demandadas.

En su resolución, la magistrada destacó que la audiencia pública no es un requisito obligatorio para la fijación de tarifas y que los ciudadanos tienen la posibilidad de solicitarla, acompañando propuestas concretas sobre el tema. En este caso, determinó que los demandantes no habían realizado ninguna gestión previa ante los organismos pertinentes ni habían presentado argumentos fundados sobre la supuesta arbitrariedad del aumento.

El fallo también señaló que la acción de amparo no es la vía idónea para discutir cuestiones complejas que requieren producción de pruebas y amplio debate. En este sentido, el tribunal citó jurisprudencia previa que establece que el amparo sólo procede cuando existe una violación manifiesta de derechos fundamentales, y cuando no hay otras vías judiciales más adecuadas para tratar el reclamo.

A la UCR “no le sorprende” el fallo

Consultados por La Mañana, el concejal Diego Herrera y la diputada Ana Costa Ankenbrand coincidieron en que no les sorprende la decisión de la Justicia provincial, al tiempo que confirmaron que apelarán.

“No me sorprende, es lo que siempre hace la justicia militante del modelo. Obviamente que vamos a apelar; nosotros no vamos a desistir, vamos a seguir defendiendo los derechos de los formoseños”, dijo la legisladora provincial.

Afirmó que “es inconcebible que con los salarios tan bajos que tenemos en Formosa, las facturas de luz vengan con esos costos. Es expropiante. Por eso exigimos que se cumpla con los procedimientos establecidos por ley”, aunque señaló que “al Gobierno no le conviene la transparencia”.

Diego Herrera también inició sus declaraciones a este Diario diciendo no estar sorprendido “para nada”, porque “cada vez que nosotros presentamos amparo de esta naturaleza, nos encontramos con esto. La Justicia te rechaza y no atiende el fondo de la cuestión”.

“Esto es una consecuencia de un modelo de 30 años, donde todos los jueces son militantes. Entonces, cuando vos planteás una acción de esta naturaleza ante el Gobierno, te la rechazan. Pero la jueza nunca entra a analizar los fundamentos, fallo, ni los derechos de usuario de saber de antemano cualquier aumento y el costo. Por supuesto que no analizó la obligación del EROSP de reglamentar, esto está en la Ley N° 1121, artículos 40 al 50. No estamos inventando nada”, añadió.

Herrera reiteró que apelarán el fallo y presentarán una medida autónoma. Ya no como amparo, sino como una acción común.