“No se reprimió a nadie. Se limpió la zona y se fueron”, aseguraron voceros policiales, tras destacar que el procedimiento se desarrolló sin incidentes. El operativo incluyó el retiro de carpas, banderas y estructuras instaladas sobre la vía pública. No se reportaron enfrentamientos, ni detenciones.

Según las autoridades, el despliegue policial fue motivado por la necesidad de liberar el espacio público y se realizó de forma sorpresiva para evitar disturbios. Pasadas las 3 de la mañana, ya no quedaban efectivos en el lugar y el tránsito vehicular había sido restablecido.

Este desalojo de los militantes kirchneristas se produjo en un escenario en el que Cristina solicitó al Tribunal Oral Federal 2 cumplir la pena de seis años de prisión impuesta en la causa Vialidad bajo la modalidad de prisión domiciliaria. La presentación fue realizada por su abogado, Carlos Beraldi, quien argumentó que “el contexto de seguridad personal y su rol institucional como ex mandataria impiden una detención en una unidad penitenciaria común”.

La solicitud incluyó, de manera explícita, el pedido de no utilizar tobillera electrónica, con el argumento de que la titular del Partido Justicialista (PJ) cuenta con seguridad oficial permanente durante las 24 horas. Según el escrito, la dirección propuesta para cumplir la detención es la vivienda ubicada en la calle San José al 1100, en el barrio de Constitución, donde actualmente reside con su hija Florencia Kirchner.

El lugar fue inspeccionado por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, cuyos peritos determinaron que “reúne las condiciones necesarias para el cumplimiento del arresto domiciliario”. El informe incluyó un análisis del entorno, la circulación en la zona, la configuración de las viviendas colindantes y otros elementos de interés para la evaluación judicial.

Beraldi señaló, además, que Cristina supera los 70 años de edad y recordó que la ley nacional y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores presumen «un mayor grado de vulnerabilidad que conduce a que las personas que se encuentran en dicha franja etaria cumplan su condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria”.

Al margen del factor de la edad, el letrado consideró que la prisión domiciliaria resulta de “adecuación razonable y necesaria” en este caso por razones de estricta seguridad. El hecho de haber sido Presidenta hace que, por la propia naturaleza del cargo que desempeñó, Cristina Kirchner haya tenido acceso a “información de carácter secreto o bien confidencial” de Estado, por lo que “la custodia de los ex mandatarios constituye una cuestión de interés institucional”.

Por otra parte, Beraldi remarcó: “Durante la sustanciación de la etapa final de la audiencia de debate celebrada en el presente proceso, nuestra defendida fue víctima de un intento de homicidio”, que no se consumó “por circunstancias absolutamente fortuitas”.

«Si bien los autores materiales de la maniobra actualmente están siendo juzgados ante el Tribunal Oral competente”, la Justicia no ha avanzado sobre los “autores intelectuales”, quienes se encuentran “libres” y representan un peligro para la seguridad de Cristina Kirchner, advirtió.