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El juez Lijo ordenó eliminar del diccionario RAE uno de los significados de la palabra judío

El juez Lijo ordenó eliminar del diccionario RAE uno de los significados de la palabra judío

En el diccionario de la Real Academia Española, la quinta acepción de la palabra «judío» es: «avariciosa o usurera», lo que implica -según señala el fallo- «antisemitismo».

El juez Lijo ordenó eliminar del diccionario RAE uno de los significados de la palabra judío

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

LA PREOCUPACIÓN DEL CANDIDATO A LA CORTE

El juez federal Ariel Lijo ordenó este jueves a la Real Academia Española (RAE) que suprima del Diccionario de la Lengua Española una de las acepciones atribuidas a la palabra “judío/a” por “configurar un discurso de odio que incita a la discriminación por motivos religiosos”.

Se trata del quinto significado que aparece en ese diccionario y que describe el término como “Dicho de una persona: Avariciosa o usurera”.

Lijo sostuvo que esa acepción implica una ofensa contra la dignidad humana y dispuso que el Ente Nacional de Comunicaciones determine el inmediato bloqueo del sitio web de la Academia hasta tanto la RAE cumpla con la decisión.

“A la luz de la amplia tutela de la que goza el derecho a la libertad de religión y las consideraciones de hecho formuladas en la presente, ordenaré a la Real Academia Española que suprima inmediatamente -esto es, sin la previa intervención de las Academias de la Lengua Española- la quinta acepción de la palabra ‘judío, a’ por configurar un discurso de odio que incita a la discriminación por motivos religiosos”, sostiene el fallo.

La causa

La causa comenzó el 28 de agosto pasado cuando el apoderado de la Fundación Congreso Judío Mundial, Claudio Gregorio Epelman, y el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Jorge Knoblovits, radicaron una denuncia penal contra Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española, así como también contra toda otra persona humana responsable que integre dicha organización.

La acusación fue por incitar al odio contra la colectividad judía a través de una acepción discriminatoria que al día de hoy puede encontrarse en la versión on line de la RAE.

La decisión se enmarca en la violación de la ley 23.592, que reprime con prisión de un mes a tres años a los que participaren en una organización o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma.

Además, los denunciantes sostienen que la acepción cuestionada constituye “un discurso de odio, definido por la Organización de las Naciones Unidas como ‘cualquier forma de comunicación de palabra, por escrito o a través del comportamiento, que sea un ataque o utilice lenguaje peyorativo o discriminatorio en relación con una persona o un grupo sobre la base de quiénes son o, en razón de su religión, origen étnico, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otro factor de identidad’”.

 

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Antecedentes

El litigio tiene antecedentes en el año 2021 cuando el Congreso Judío Latinoamericano le envió una carta a Muñoz Machado solicitando la eliminación de esa acepción. En enero de 2023, el titular de la RAE respondió diciendo que “de acuerdo con los criterios establecidos para el Diccionario de la lengua española, no es posible eliminar una acepción cuando está avalada por el uso -como sucede en este caso- por más que pueda resultar socialmente inapropiada o reprochable. Sin embargo, se ha considerado oportuno añadir la indicación de que su uso puede resultar ofensivo o discriminatorio”, enmienda que dio lugar a la redacción actual: “Dicho de una persona: avariciosa o usurera. U. como ofensivo o discriminatorio”.

La denuncia incluyó la documentación que da cuenta de que más de 20 comunidades judías hispanohablantes congregadas en el Congreso Judío Latinoamericano de septiembre 2023 respaldaron el pedido, junto a las autoridades del entonces INADI, y el Representante Especial contra el Antisemitismo y el Representante Especial ante la Alianza para la Memoria del Holocausto de la Argentina, correspondiente al Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y la Presidencia de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de la República Oriental del Uruguay.

En esa ocasión intervino el fiscal Franco Picardi quien propuso alguna salida o solución alternativa en el marco de la llamada “justicia restaurativa”. Lijo aceptó a los denunciantes como querellantes y consideró “los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina con relación al resguardo del pleno ejercicio de los derechos humanos” para sostener que “corresponde formular ciertas consideraciones acerca de los efectos que produce la permanente publicación de la quinta acepción de la palabra ‘judío, a’ en el Diccionario de la Lengua Española”.

Contra el antisemitismo

Además, el magistrado federal remarcó que “como parte de la comunidad internacional, la República Argentina comparte la solemne responsabilidad de combatir las acciones que se contrapongan al ejercicio de derechos fundamentales” y subrayó: “Una de las expresiones más aberrantes de estas acciones que cercenan el derecho a la libertad religiosa es el antisemitismo”, agregó.

“El antisemitismo es, en efecto, un discurso de odio”, añadió y señaló que esa quinta acepción “contiene en la base de su significado un discurso de odio” que “atribuye características peyorativas al integrante de un colectivo por el solo hecho de ser tal”.

Para Lijo, “la mera existencia de esta acepción -en los términos en los que hoy se encuentra publicada- tiene capacidad para condicionar la conducta de quienes comparten la lengua y de incitar a la violencia en cualquiera de sus distintas formas”.

El fallo también remarca la trascendencia del diccionario de la RAE y la implicancia del mismo: de acuerdo a datos del Instituto Cervantes, más de 599 millones de personas son usuarios potenciales de la lengua española -aproximadamente 46 millones son habitantes de la República Argentina- y se trata del cuarto idioma más estudiado en el mundo.

 

«Ariel Lijo es el jurista indicado para integrar la Corte Suprema», aseguró Guillermo Montenegro

«Ariel Lijo es el jurista indicado para integrar la Corte Suprema», aseguró Guillermo Montenegro

El intendente de General Pueyrredón sostuvo que la trayectoria y capacidad de Lijo en el combate de delitos como el narcotráfico y el terrorismo, es lo que necesita el máximo tribunal del país.

Ariel Lijo

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, destacó este miércoles la trayectoria del juez federal Ariel Lijo y avaló su postulación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al asegurar que “hace 20 años que trabaja en delitos internacionales como el narcotráfico y el terrorismo, tiene los antecedentes académicos que deben tener todos los postulantes y, además, conoce la realidad de todos los delitos federales”.

Montenegro se sumó de esta manera a los apoyos que ha recibido Lijo desde que su nombre fue presentando como uno de los candidatos a ocupar las vacantes de la Corte que, para el intendente marplatense, necesita un experto en materia penal entre sus miembros.

“La Corte Suprema es el máximo tribunal superior de justicia y el órgano más importante dentro de la organización judicial, que se desenvuelve en cuestiones administrativas, civiles, de familia y penales. Actualmente, en el plano judicial en la Argentina, los problemas más importantes que tenemos están vinculados con la materia penal, y no hay ningún ministro de la Corte que tenga experiencia en estos temas”, expresó Montenegro, quien antes de asumir como intendente, ocupó cargos en la justicia federal entre 2004 y 2007 y fue ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires del 2007 al 2015.

Capacidad y experiencia

El jefe comunal remarcó además que “entre el 60% y el 65% de los casos que llegan a la Corte Suprema son penales, por lo que Lijo es la persona indicada para ocupar ese cargo” y aseguró que Argentina necesita “un juez que tenga conocimiento no solo a nivel nacional, sino también internacional por haber trabajado en investigaciones de estas características, para que la Corte pueda llevar soluciones a estos temas”.

Lijo también recibió apoyo esta semana de la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, quien destacó su trabajo porque el magistrado “investigó a todo el arco político, desde el menemismo hasta funcionarios kirchneristas”.

“Lijo es una persona que procesó a funcionarios de todos los gobiernos, porque le estoy hablando desde Carlos Menem hasta ahora”, indicó la Ministra y puntualizó sobre las numerosas causas que estuvieron a su cargo: “Fue preso por primera vez en la historia de la Argentina un vicepresidente de la Nación, con condena efectiva y en cana, Amado Boudou; procesó a Resnick Brenner, a Katya Dura, ¿se acuerda de la Casa de la Moneda?; a Ricardo Echegaray, la causa de Once”, ejemplificó.

Tanto Lijo como el juez Manuel García Mansilla fueron propuestos por el Ejecutivo nacional para ocupar las vacantes de la Corte. El próximo paso es que se apruebe el dictamen con sus nominaciones para que el Congreso Nacional pueda debatir sus nombramientos.

 

Milei desestimó por decreto un pedido contra la candidatura de Lijo a la Corte Suprema

Milei desestimó por decreto un pedido contra la candidatura de Lijo a la Corte Suprema

El Gobierno ratificó su respaldo al juez federal Ariel Lijo para integrar el máximo tribunal. En el Boletín Oficial este miércoles se publicó el decreto 785/2024, con la firma de Milei y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

La Corte hoy está integrada por académicos

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/p

El presidente Javier Milei desestimó a través de un decreto una petición que buscaba frenar el pliego del juez federal Ariel Lijo como integrante de la Corte Suprema de Justicia.

En el Boletín Oficial este miércoles se publicó el decreto 785/2024, con la firma de Milei y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona: «Desestímase, por resultar inadmisible, la petición incoada contra la solicitud de Acuerdo para designar al doctor Ariel Oscar Lijo en un cargo vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cursada al H. Senado de la Nación mediante el mensaje N° 31 del 27 de mayo de 2024″.

Se trataba de un planteo que marcaba supuestas irregularidades en la presentación administrativa del pliego de Lijo presentado por «el Colegio De Abogados De La Ciudad De Buenos Aires, Será Justicia, Acción Conjunta Republicana (Acr), Asociación Civil Usina De Justicia, Entre Ríos Sin Corrupción y Profesores Republicanos».

También habían participado «los señores Alejandro E. Fargosi, Daniel Sabsay, Pablo A. Pirovano, Gerardo Enrique Vega, Alberto Fidel Cohan, Ezequiel Nino, Alejandro Drucaroff, Marcelo De Jesús y Marcelo A. Camerini».

De esta forma, el Gobierno mostró su decisión de profundizar su respaldo a la candidatura de Lijo, cuestionada por distintos sectores, incluso por dirigentes de La Libertad Avanza (LLA), como la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Al rechazar la presentación, el Poder Ejecutivo dijo que «el acto cuestionado no exhibe contradicciones en su parte dispositiva; ni ha sido descubierto algún documento decisivo no presentado antes por desconocerse su existencia, por razones de fuerza mayor o por el hecho de un tercero; ni tampoco ha mediado la declaración de falsedad de algún documento que haya servido de base a lo decidido; como finalmente tampoco existe pronunciamiento jurisdiccional alguno del que surja la existencia de los ilícitos que contempla la norma».

 

Corte Suprema: ya hay fecha para tratar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en el Senado

Corte Suprema: ya hay fecha para tratar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en el Senado

La Comisión de Acuerdos de la Cámara Alta definió las fechas de las respectivas audiencias para los aspirantes a integrar el máximo tribunal.

Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. 

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

La Comisión de Acuerdos del Senado recibirá los próximos 21 y 28 de agosto al juez Ariel Lijo y al abogado constitucionalista Manuel García Mansilla, los candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación propuestos por el presidente Javier Milei.

De esta manera, Lijo y García Mansilla tendrán sus respectivas audiencias públicas en las que deberán pasar el filtro de la Cámara Alta.

Para que la convocatoria quede firme, se debe publicar en un diario de tirada nacional el llamado a las audiencias durante dos días, del mismo modo que en el Boletín Oficial.

La propuesta de publicación de la senadora Guadalupe Tagliaferri, de Juntos por el Cambio (JxC) y titular de la Comisión de Acuerdos, fue para el 19 de y 22 de julio. La acción se da en medio de fuertes rumores, ninguno confirmado, de un posible intento por parte del Gobierno de ampliar el número del máximo tribunal.

En la misma línea, las dudas también marchan por el futuro de Lijo y García Mansilla. A pesar de ser una figura controvertida y resistida, el pliego de Lijo parece -a priori- el más encaminado a unir la grieta entre el kirchnerismo, los opositores dialoguistas y el propio oficialismo, con pocas excepciones. Sin embargo, García Mansilla genera resistencia por su perfil conservador, según comentaron fuentes legislativas a Noticias Argentinas.

De hecho, la candidatura de Lijo tuvo más de diez veces las adhesiones que la cantidad de impugnaciones que recibió: sumó 3.578 respaldos y 328 rechazos, de acuerdo con un informe que difundió el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

En marzo pasado, el Ejecutivo había revelado las propuestas de Lijo para cubrir el quinto lugar de la Corte, tras la salida de Elena Highton de Nolasco, y de García Mansilla en reemplazo de Juan Carlos Maqueda, que cumple 75 años en diciembre.

Gobierno envió a la Cámara de Diputados un proyecto para bajar la imputabilidad a 13 años

El Gobierno giró hoy a la Cámara de Diputados un proyecto que reduce la edad de imputabilidad a los trece años y establece un nuevo Régimen Penal Juvenil para los adolescentes que cometan delitos tipificados en el Código Penal, donde se establece una pena máxima de 20 años y se prohíbe la reclusión perpetua.

El oficialismo puntualiza que es necesario bajar la edad de imputabilidad ya que “los delitos cometidos por menores de 16 años quedan impunes. Esta circunstancia genera una situación de injusticia, que perciben tanto las víctimas como la sociedad en general. Es imperativo que nuestro sistema legal asegure que aquellos que cometen delitos sean responsables por sus acciones”.

Los ministros de Justicia, Mariano Cuneo Libarona y de Seguridad, Patricia Bullrich, habían anunciado el pasado 28 de junio que iba a mandar esta iniciativa ante el aumento de delitos cometidos por jóvenes menores de 16 años que es la edad establecida en el actual régimen penal.

El proyecto girado a la Cámara de Diputados fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Bullrich y Cuneo Libarona.

Ahora, la iniciativa deberá ser analizada por las comisiones de Legislación Penal y de Justicia, que conducen Laura Rodríguez Machado (PRO-Córdoba) y Manuel Quintar (LLA-Jujuy), aunque se estima que no será sencillo ya que es un tema que divide las aguas dentro del Congreso Nacional.

El proyecto establece un régimen penal aplicable a las personas adolescente desde los 13 hasta los 18 años cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal.

A lo largo del proyecto se establece que no se le impondrá imponer al menor una pena por reclusión perpetua, siendo el máximo de la prisión de 20, aunque si la escala penal fuera más elevada, producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.