El anuncio, realizado en su red social Truth Social, generó un fuerte rechazo de las autoridades locales, que cuestionaron la legalidad y la necesidad de la medida.

“Estoy dando instrucciones al secretario de Guerra, Pete Hegseth, para que proporcione todas las tropas necesarias para proteger a Portland, devastada por la guerra, y cualquiera de nuestras instalaciones del ICE bajo asedio”, escribió el mandatario. Se trata del tercer despliegue de este tipo durante su gestión, tras haber enviado fuerzas federales a Los Ángeles, Washington D.C. y Memphis.

La decisión ocurre en un contexto de protestas frente a un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), luego de que Trump designara al movimiento Antifa como organización terrorista. Portland, donde en 2020 se fundó uno de los colectivos más conocidos de esa red, Rose City Antifa, ha sido un foco histórico de movilizaciones contra el racismo y la política migratoria.

El alcalde de la ciudad, Keith Wilson, y la gobernadora de Oregón, Tina Kotek, ambos demócratas, rechazaron de plano la intervención federal. “El número de soldados necesarios en Portland es de cero, al igual que en cualquier otra ciudad estadounidense”, sostuvo Wilson. Kotek fue más allá y acusó al presidente de abusar de su autoridad: “Podemos manejar nuestras propias necesidades de seguridad pública local. No hay insurrección, no hay amenaza de seguridad nacional”.

El clima político se enrareció tras el tiroteo ocurrido esta semana en Dallas contra un centro de ICE, que dejó un inmigrante muerto y dos heridos. En el lugar se halló un cartucho con la inscripción “ANTI-ICE”, lo que alimentó la retórica de Trump sobre la supuesta responsabilidad de los demócratas en alentar ataques contra las agencias migratorias.

Los vecinos de Portland se oponen a la intervención

En Portland, sin embargo, la realidad parecía contrastar con la narrativa presidencial. Vecinos describieron un sábado soleado y tranquilo a orillas del río Willamette, sin signos de disturbios. “¿Dónde está la emergencia?”, se preguntó Allen Schmertzler, de 72 años. Otro residente, John McNeur, calificó la declaración de Trump como “ridícula”: “Este no es un lugar fuera de control, es simplemente una ciudad hermosa”.

La oposición local no es el único obstáculo. La delegación demócrata del Congreso de Oregón envió una carta a la Casa Blanca denunciando que la medida “socava el equilibrio constitucional de poder entre el gobierno federal y los estados” y representa “un abuso de la autoridad ejecutiva”.

La tensión también se da en un momento en que Portland intenta recuperarse de los años posteriores a la pandemia. Según un informe de la Asociación de Jefes de Ciudades Principales, los delitos violentos cayeron un 17% en la primera mitad de 2025 respecto del mismo período del año anterior, y el centro urbano registró este verano su mayor actividad peatonal desde 2019.

Intensificó su discurso

Pese a ello, el presidente intensificó su discurso contra lo que denomina “izquierda radical”. Desde el asesinato del activista conservador Charlie Kirk el 10 de septiembre, Trump ha escalado la confrontación verbal, acusando a los demócratas de promover violencia política. En el Despacho Oval adelantó que planeaba “un acto bastante grande” en Portland, a cuyos manifestantes describió como “agitadores profesionales anarquistas”.

De momento, el Pentágono no dio detalles sobre la magnitud del despliegue ni sobre el tipo de tropas involucradas. El portavoz Sean Parnell se limitó a señalar que “estamos listos para movilizar al personal militar en apoyo a las operaciones del DHS en Portland bajo la dirección del presidente”. La Guardia Nacional de Oregón, en tanto, informó que no recibió pedidos formales para intervenir y recordó que cualquier despliegue requiere la aprobación de la gobernadora.

Portland, con una población de 636.000 habitantes, fue una de las llamadas “ciudades santuario” en las que se limitaron las cooperaciones con el ICE. En 2020, la ciudad fue escenario de intensas protestas tras el asesinato de George Floyd, cuando el propio Trump envió agentes federales de la Patrulla Fronteriza para proteger edificios judiciales. Aquella experiencia dejó heridas abiertas y explica parte del rechazo actual a la presencia militar.

En paralelo, organizaciones sociales advirtieron que la estrategia presidencial busca capitalizar el miedo y la confrontación en un año electoral. Para críticos y opositores, el despliegue no responde a una emergencia de seguridad, sino a una jugada política destinada a reforzar la imagen de Trump como garante del orden frente a lo que llama “enemigos internos”.