La investigación, iniciada en febrero bajo la órbita de la Fiscalía Federal de Río Cuarto, a cargo de Rodolfo Cabanillas, comenzó a partir de la denuncia de un transportista y derivó en más de 20 allanamientos simultáneos en distintas provincias.
El epicentro del caso es el puesto vial de Sampacho, sobre la Ruta Nacional 8, aunque las maniobras se habrían extendido a otras zonas de Córdoba y a provincias vecinas como Santa Fe, Catamarca y Salta. De acuerdo con la causa, los gendarmes detenían camiones por supuestas irregularidades documentales y luego exigían pagos de entre $50.000 y $600.000 para dejarlos continuar viaje sin sanciones.
Cómo era el procedimiento
El dinero era entregado en efectivo -oculto en carpetas o bolsos- o mediante transferencias a cuentas de terceros, quienes actuaban como intermediarios o “testaferros”. Según la hipótesis de los investigadores, el circuito de coimas funcionó entre mediados de 2024 y septiembre de 2025, y contaba con una organización interna que establecía turnos de recaudación y distribución del dinero entre los agentes.
El avance de la investigación llevó al juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, a ordenar los allanamientos y las primeras 14 detenciones, cifra que luego se amplió a 23 tras nuevas denuncias. Entre los implicados figura la primer alférez Analía Galian, jefa de la Sección Vial de Sampacho, considerada una de las principales responsables del operativo en el control de la Ruta 8.
Hay 23 detenidos
De los 23 sospechosos, 13 están detenidos en la cárcel de Bouwer, mientras que dos cumplen arresto domiciliario. Otros seis fueron separados preventivamente de sus cargos mientras continúa el proceso judicial. Todos están imputados por asociación ilícita, exacciones ilegales y abuso de autoridad, delitos que podrían derivar en severas penas de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La investigación permitió identificar a un presunto intermediario conocido como “El Sanjuanino”, quien habría administrado parte de los pagos a través de transferencias y sería el nexo entre los gendarmes y algunos choferes. Las pruebas incluyen registros bancarios, conversaciones telefónicas y testimonios de camioneros que admitieron haber pagado sobornos.
Fuentes judiciales no descartan que el caso escale hacia mandos superiores dentro de la estructura de Gendarmería, ya que el funcionamiento sostenido del esquema de cobro indicaría la existencia de una red más amplia. “Hay indicios de que no se trató de hechos aislados, sino de un mecanismo sistemático de recaudación ilegal”, señalaron investigadores vinculados a la causa.
El expediente continúa bajo secreto de sumario y en las próximas semanas podrían dictarse nuevas imputaciones. Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad nacional analiza posibles cambios internos en la fuerza y el eventual pase a disponibilidad de los agentes involucrados.
El escándalo, uno de los más graves en los últimos años dentro de Gendarmería, reaviva el debate sobre los controles de transparencia y la corrupción en los operativos viales federales, un terreno donde las denuncias se repiten pero rara vez llegan a este nivel de avance judicial.
