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Mayans advirtió que la ley de reforma laboral “elimina derechos históricos de los trabajadores”

Mayans advirtió que la ley de reforma laboral “elimina derechos históricos de los trabajadores”

El presidente del bloque justicialista en el Senado de la Nación, José Mayans, rechazó de manera contundente el proyecto de ley de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, al considerar que “precariza el sistema de trabajo argentino y elimina los principales derechos adquiridos por la clase trabajadora a lo largo de su historia”.

Mayans advirtió que la ley de reforma laboral “elimina derechos históricos  de los trabajadores” - Diario La Mañana

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De esta manera, el legislador señaló que “no vamos a acompañar este proyecto inconstitucional, que viola el artículo 14 Bis de la Constitución Nacional y tratados internacionales, porque no va a generar empleo ni va a generar inversión mientras se mantenga el plan económico”.

Al mismo tiempo, consideró que el proyecto de Nación, cuya versión final fue distribuida en el recinto al finalizar su alocución de cierre, “fue mal trabajado, no tuvo consenso y violó el reglamento de este Cuerpo”.

Al inicio de su intervención, Mayans acusó al oficialismo y aliados de avasallar y violar el reglamento del Senado, no sólo por el tratamiento exprés de la norma, sino también por no respetar la representación electoral en la conformación de las comisiones asesoras del Senado. Recordó que esa mayoría circunstancial “le robó al peronismo” dos senadores en cada una de las comisiones.

En tal sentido, denunció que “violaron el reglamento del Cuerpo y violentaron la Constitución, porque esta es la casa de las leyes; y, en esta casa, las leyes se deben cumplir. Pero si en la casa de las leyes no se cumple la ley, estamos complicados”, advirtió.

El dirigente peronista recordó que el oficialismo admitió un sinnúmero de cambios al proyecto inicial porque no tenía el número ni para iniciar la sesión del miércoles. Señaló que primero se anunciaron veintiocho modificaciones a la normativa, pero que, con el correr de las horas, sumaban más de cincuenta los cambios producidos, muchos de ellos incorporados durante el transcurso del debate.

Además, cuestionó el hecho de que la ley impulsada “afectará cuarenta y una leyes existentes: como laborales, impositivas y hasta promueve la eliminación de estatutos. Esto es una falta de respeto al pueblo argentino y al Parlamento”, dijo el legislador, tras cuestionar el tratamiento acelerado del proyecto, “sin tener un solo artículo a favor de los trabajadores y de las organizaciones sindicales”.

Para Mayans, el modelo económico como el laboral propuestos por el Gobierno de Milei “no es nuevo, es viejo, y ya fracasó en la Argentina en distintos momentos de la historia nacional, como fue en las dictaduras de 1955 y de 1976, así como en los gobiernos constitucionales del radical Fernando de la Rúa y el de Mauricio Macri”.

El senador justicialista insistió en que “esta es una ley abiertamente inconstitucional” y afirmó que “el problema de la Argentina no son los trabajadores, el problema que tiene la República Argentina es el plan económico del Gobierno nacional, que tiene economistas dedicados a la usura. Este modelo no funciona, no les echen la culpa a los trabajadores, no les echen la culpa a las provincias”, concluyó.

Diputados aprobó la Reforma de la ley Penal Juvenil que baja la imputabilidad a los 14 años

Diputados aprobó la Reforma de la ley Penal Juvenil que baja la imputabilidad a los 14 años

Los legisladores avalaron por amplia mayoría esta iniciativa que contempla penas para jóvenes de entre 14 y 18 años

La Cámara de Diputados aprobó esta tarde  el proyecto de ley que reforma la Ley Penal Juveni

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

La Cámara de Diputados aprobó esta tarde la Reforma de la ley Penal juvenil que establece la aplicación de penas de reclusión a adolescentes de entre 14 y 18 años cuando sean imputados por delitos previstos en el Código Penal o en leyes penales especiales, vigentes o futuras.

La iniciativa obtuvo 149 votos positivos, 100 negativos, y no se registraron abstenciones.

El régimen, que baja de 16 a 14 la edad de imputabilidad, prevé que las penas privativas de libertad puedan cumplirse en el domicilio, en institutos abiertos, en institutos especializados de detención o en sectores separados dentro de establecimientos penitenciarios. El plazo máximo de prisión se estableció en 15 años.

El bloque de La Libertad Avanza consiguió el apoyo de aliados como la UCR, Pro y fuerzas provinciales; el kirchnerismo y la izquierda votaron en contra; el proyecto pasa ahora al Senado.

Sin embargo al momento de la votación en particular, se destacó la postura del diputado Miguel Ángel Pichetto, (Encuentro Republicano Federal) quien había apoyado en general la iniciativa, pero advirtió que no existe presupuesto para las provincias para que financien los establecimientos que deben construirse para alojar a los jóvenes, y los especialistas que deben atenderlos.

Esta posición, que apuntaba al Capitulo 11 de la iniciativa, tuvo la adhesión de bloques aliados, como así también de partidos de izquierda, la Coalición Cívica y del Frente Grande, quien se opuso en general a la iniciativa. Sin embargo fue rechazado por 135 votos que ratificaron la postura oficial, 100 negativo, y 14 abstenciones.

La iniciativa, además de fijar en 14 años la edad mínima de punibilidad, establece un tope de 15 años para las penas privativas de libertad aplicables a adolescentes. No obstante, introduce criterios restrictivos para la prisión efectiva: solo podrá aplicarse en delitos graves, con escalas penales de diez años o más.

Para el resto de los casos se prevén sanciones alternativas, como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a la víctima o medidas de reparación del daño. El dictamen reafirma garantías procesales y define la privación de la libertad como última ratio. Además, establece estándares específicos para la detención de menores: alojamiento separado de adultos, módulos diferenciados y acceso a educación, salud y programas de resocialización.

El proyecto dispone que el nuevo régimen entre en vigencia seis meses después de reglamentarse. Será el plazo que tendrían el sistema penitenciario federal y de las provincias para ajustar las instalaciones carcelarias.

Además, la iniciativa prevé una primera asignación presupuestaria de $23.000 millones y el establecimiento de acuerdos entre las provincias y la Nación para conseguir financiamiento para llevar adelante esta iniciativa.

El debate comenzó con la exposición de la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (LLA), quien negó, como afirma el kirchnerismo, que esta iniciativa busque “criminalizar a los pibes”.

“Es mentira. El despacho contempla una cantidad de penas alternativas a la prisión. Estamos dando garantías del debido proceso”, afirmó la legisladora, quien insistió en que los menores que sean detenidos por la comisión de un delito no serán alojados en los mismos centros de adultos. A tal efecto hizo las aclaraciones correspondientes en el texto.

 

El Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad

El Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad

El Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad tras un fallo judicial que ordenó su entrada en vigencia inmediata y la aplicación del nuevo régimen de pensiones.

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

El Gobierno nacional aprobó la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad y estableció los procedimientos operativos para un nuevo régimen de pensiones no contributivas destinado a personas con discapacidad, según se publicó hoy en el Boletín Oficial.

La medida, dispuesta mediante el Decreto 84/2026 firmado por el presidente Javier Milei, responde a una sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana que ordenó la aplicación inmediata de la Ley 27.793, tras declarar la invalidez de un decreto anterior que había suspendido su ejecución por falta de financiamiento.

El decreto, rubricado por MileiManuel Adorni y Federico Sturzenegger, aclara que su dictado no implica aceptar los fundamentos del fallo judicial ni ceder en la disputa legal. El texto sostiene: “Sin reconocer hechos ni derechos, ni consentir, ni prestar conformidad con sus fundamentos, se propicia el dictado del decreto reglamentario”.

La reglamentación define con precisión los criterios de acceso al nuevo régimen de pensiones, las condiciones de permanencia, las incompatibilidades con otros beneficios, los procedimientos administrativos y los mecanismos de control correspondientes. De acuerdo con los considerandos de la norma, la configuración del sistema deberá articularse con las reglas de compatibilidad de ingresos y con las políticas de inclusión laboral de las personas con discapacidad.

El decreto incorpora la Secretaría Nacional de Discapacidad al organigrama del Ministerio de Salud, centralizando la política de discapacidad en esa cartera. Esta decisión responde a una concepción integral del derecho a la salud y a la protección social, que comprende dimensiones sanitarias, sociales, económicas y de acceso a derechos.

La norma instruye a la Secretaría Nacional de Discapacidad a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para acordar los criterios de evaluación socioeconómica y presentar un plan de auditorías periódicas dentro de los 30 días. Asimismo, faculta a esa secretaría a dictar las normas aclaratorias y complementarias necesarias para la implementación.

El decreto establece la conversión de oficio de las pensiones no contributivas otorgadas con anterioridad a su vigencia en la nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, lo que impone a la autoridad de aplicación la adopción de medidas para identificar, relevar y verificar las condiciones de las prestaciones alcanzadas.

Las medidas adicionales que se acuerden con el Consejo Federal de Discapacidad serán implementadas mediante esquemas de cooperación y cofinanciamiento entre el Estado Nacional y las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a sus respectivas competencias y disponibilidades presupuestarias. La reglamentación entró en vigencia a partir del día de su dictado, el 3 de febrero de 2026.

INICIO DEL CONFLICTO Y REVÉS PARA EL GOBIERNO

El conflicto se inició cuando el gobierno de Javier Milei intentó frenar la entrada en vigencia de la ley -sancionada por el Congreso en septiembre de 2025- mediante un veto basado en la falta de recursos presupuestarios. Sin embargo, la Cámara de Diputados insistió con la promulgación, que se concretó aunque luego quedó suspendida su aplicación a la espera de que se definiera la fuente de financiamiento.

La disputa escaló a la Justicia tras un amparo colectivo presentado en representación de dos menores. El magistrado de Campana hizo lugar al planteo, dejó sin efecto la suspensión y ordenó la aplicación inmediata de la Ley N.º 27.793. Si bien el Ministerio de Salud y otras áreas oficiales apelaron el fallo alegando dificultades presupuestarias, el juez otorgó un plazo máximo de 30 días para dictar la reglamentación.

Qué dijo María Corina Machado tras el anuncio de una ley de amnistía para presos políticos

Qué dijo María Corina Machado tras el anuncio de una ley de amnistía para presos políticos

La dirigente opositora se refirió a la propuesta realizada por la presidenta interina Delcy Rodríguez. Además, calificó el aparato represivo venezolano como «brutal» y subordinado a “múltiples fuerzas criminales”.

La líder opositora venezolana reclamó la liberación de más de 700 presos políticos que aún permanecen en centros de detención como El Helicoide

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

María Corina Machadolíder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, destacó que la ley de amnistía general anunciada por Delcy Rodríguez representa un paso “irreversible e incontenible” hacia la democracia, aunque reconoció que la sociedad aún no celebró la medida por la desconfianza generada tras años de represión.

Durante su participación en el Hay Festival de Cartagena de Indias, Machado expresó su esperanza de que la iniciativa se concrete y permita la liberación de más de 700 presos políticos que permanecen en centros de detención, incluyendo El Helicoide, considerado un símbolo de la represión del chavismo. “Ojalá sea así y ojalá los más de 700 presos que aún permanecen en Venezuela puedan estar con su familia muy pronto”, sostuvo la dirigente opositora.

Machado destacó también que la decisión del gobierno interino no fue un acto voluntario, sino producto de la presión internacional, en particular de Estados Unidos, tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. “No es algo que el régimen haya querido hacer, sino el resultado de una presión real”, indicó, aludiendo al rol de Washington en la transición venezolana.

La dirigente opositora describió al aparato represivo venezolano como “brutal” y subordinado a “múltiples fuerzas criminales”, señalando que durante casi tres décadas se persiguió a periodistas, activistas, estudiantes, profesionales y dirigentes políticos. Además, denunció la existencia de presos políticos con más de 20 años de cárcel y desapariciones forzadas recientes.

Machado también criticó a la sociedad venezolana por subestimar la capacidad destructiva del régimen y el entramado criminal consolidado por el chavismo. Sin embargo, aseguró que los ciudadanos lograron demostrar al mundo la urgencia de actuar para restaurar la democracia en el país. “Después de más de 400.000 muertos20.000 ejecuciones extrajudiciales y más de 18.000 detenciones políticas desde 2013, la situación de Venezuela interpela al orden democrático global”, afirmó.

En los últimos días, Machado se reunió con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio en Washington, donde reiteró la necesidad de una transición democrática integral que elimine la continuidad de las estructuras del chavismo en el poder. “Nosotros estamos dispuestos y trabajando en facilitar una transición real. Esto no es una transición a la rusa, donde se quedan las mafias en el poder, sostuvo, en referencia a los procesos postsoviéticos.

La dirigente dejó claro que su objetivo es restituir las instituciones para garantizar justicia y reconciliación nacional, sin asegurar la permanencia de sectores vinculados al régimen anterior, y atribuyó la iniciativa de amnistía a la presión internacional, complementando así el anuncio de Delcy Rodríguez sobre la liberación de presos y el cierre del emblemático centro de detención El Helicoide.

Venezuela: anuncian una ley de amnistía general para presos políticos

Venezuela: anuncian una ley de amnistía general para presos políticos

La propuesta fue dada a conocer la presidenta interina Delcy Rodríguez, a casi un mes de la captura y el derrocamiento de Nicolás Maduro. Incluye el cierre de un centro de detención emblema del chavismo.

Delcy Rodríguez realizó el anuncio ante el Tribunal Supremo de Venezuela.

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció una ley de amnistía general para los presos políticos que permanecen en las cárceles de ese país. La medida, dada a conocer a casi un mes de la captura y el derrocamiento de Nicolás Maduro, contempla también el cierre del centro de detención conocido como El Helicoide, símbolo de la represión y el abuso del chavismo.

«Hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el período político, de violencia política de 1999 al presente, y encargo a la Comisión de Revolución para la Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia Democrática y para la Paz, para que en las próximas horas instalados en urgencia presenten la ley ante la Asamblea Nacional», indicó la mandataria ante el Tribunal Supremo de Venezuela en la apertura del año judicial.

“Que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo”, aseguró Delcy Rodríguez, tras aclarar que esta iniciativa se había conversado con Maduro. También pidió a los futuros beneficiarios de la ley y a quienes ya fueron liberados en las últimas semanas que eviten «la venganza, la revancha y el odio».

En este nuevo proyecto de ley de amnistía general quedarían fuera las personas que se encuentren encarceladas por delitos como homicidio, narcotráfico, corrupción y violaciones graves a los Derechos Humanos.

El anuncio tuvo lugar en medio de un proceso de liberación con controversias: mientras el gobierno interino asegura haber dejado en libertad a más de 600 presos políticos, las organizaciones de derechos humanos verifican cifras sensiblemente menores. Incluso, advierten que muchas excarcelaciones todavía están sujetas a restricciones, como prohibiciones de salir de Venezuela o de hablar con la prensa.

La iniciativa de amnistía general fue recibida con cautela por las organizaciones de derechos humanos, que insisten en la necesidad de que la ley incluya a toda la sociedad civil sin discriminación y advierten que la liberación de detenidos “no sea concebida como un acto de clemencia, sino como la restitución de derechos fundamentales”.

El cierre de un centro de detención

Durante la apertura del año judicial, Delcy Rodríguez anunció también el cierre de las instalaciones de El Helicoide, un centro de detención operado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), para su reconversión un espacio cultural y deportivo.

«En el marco del relanzamiento de la misión guardianes de la patria, que contemple programas de atención socioeconómica para nuestros funcionarios policiales, hemos decidido que las instalaciones de El Helicoide, que hoy sirven como centro de atención, se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas a este recinto», sostuvo.

La cárcel, situada en la ciudad de Caracas, fue señalada en reiteradas oportunidades por la oposición venezolana como un centro de torturas para disidentes políticos.

 

Inocencia fiscal: cuáles son la claves de la ley aprobada y a quiénes alcanza

Inocencia fiscal: cuáles son la claves de la ley aprobada y a quiénes alcanza

La norma recibió 43 votos afirmativos y 26 negativos en el Senado. Había sido impulsada por el gobierno de Javier Milei en sesiones extraordinarias. Sus principales modificaciones y objetivos.

El Senado convirtió en ley la Inocencia Fiscal.

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

La Ley de Inocencia Fiscal, propuesta por el gobierno de Javier Mileifue sancionada en el Senado. De esta manera, la administración de La Libertad Avanza buscará fomentar el blanqueo de dólares adquiridos en el mercado informal.

La norma introduce modificaciones al Régimen Penal Tributario (Ley 24.769); a los Procedimientos Fiscales (Ley 11.683) y al Código Civil y Comercial de la Nación; así como también un Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

La iiciativa crea un “Régimen simplificado de Ganancias” por el cual, de acuerdo al Gobierno, los contribuyentes que adhieran quedarán “blindados para siempre”. Este régimen, que tendrá un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos para poder adherir, garantiza a los contribuyentes no tener que informar sobre variaciones patrimoniales, y tampoco se controlarán los consumos que hagan.

Esto implica que ARCA sólo les cobrará el impuesto a las Ganancias por los ingresos que hayan facturado, más allá del eventual crecimiento patrimonial (que no será controlado) y de esa base se deducirán los consumos.

El artículo 39 del proyecto “establece el efecto liberatorio del pago, si se acepta el contenido de la declaración jurada propuesta por ARCA y se realiza el pago en término; excepto que se hayan omitido ingresos”.

La norma recibió 43 votos afirmativos y 26 negativos en el Senado. Había sido impulsada por el gobierno de Javier Milei en sesiones extraordinarias. Sus principales modificaciones y objetivos.

La Ley de Inocencia Fiscal, propuesta por el gobierno de Javier Milei, fue sancionada en el Senado. De esta manera, la administración de La Libertad Avanza buscará fomentar el blanqueo de dólares adquiridos en el mercado informal.

La norma introduce modificaciones al Régimen Penal Tributario (Ley 24.769); a los Procedimientos Fiscales (Ley 11.683) y al Código Civil y Comercial de la Nación; así como también un Régimen de Declaración Jurada Simplificada.La iniciativa crea un “Régimen simplificado de Ganancias” por el cual, de acuerdo al Gobierno, los contribuyentes que adhieran quedarán “blindados para siempre”. Este régimen, que tendrá un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos para poder adherir, garantiza a los contribuyentes no tener que informar sobre variaciones patrimoniales, y tampoco se controlarán los consumos que hagan.

ADEMÁS: Javier Milei festejó la aprobación del Presupuesto 2026: «Es un hecho histórico»
Esto implica que ARCA sólo les cobrará el impuesto a las Ganancias por los ingresos que hayan facturado, más allá del eventual crecimiento patrimonial (que no será controlado) y de esa base se deducirán los consumos.

El artículo 39 del proyecto “establece el efecto liberatorio del pago, si se acepta el contenido de la declaración jurada propuesta por ARCA y se realiza el pago en término; excepto que se hayan omitido ingresos”.

 

Lula confirmó que vetará la ley que permite la reducción de penas para Jair Bolsonaro y otros condenados por golpe de Estado en Brasil

Lula confirmó que vetará la ley que permite la reducción de penas para Jair Bolsonaro y otros condenados por golpe de Estado en Brasil

El presidente brasileño afirmó que él tiene “derecho a vetar”, así como el Congreso “tiene derecho” a posteriormente derribar su decisión. El Senado aprobó por mayoría un proyecto de ley que habilita a reducir las penas de los condenados por delitos contra la democracia.

Lula da Silva.

Fuente: https://www.canal26.com/

Lula da Silva confirmó que vetará el proyecto de ley que reduce las penas dictadas contra Jair Bolsonaro y quienes le secundaron en el intento de golpe de Estado en Brasil de 2022.

Las personas que cometieron un crimen contra la democracia tienen que pagar por los actos cometidos”, dijo el presidente brasileño en una conferencia de prensa en la que afirmó que él tiene “derecho a vetar”, así como el Congreso “tiene derecho” a posteriormente derribar su decisión.

“Necesitamos tomarnos muy en serio lo que pasó en enero de 2023”, dijo el líder del país vecino en relación al asalto a los tres poderes del Estado ocurrido una semana después de su investidura.

“Si la democracia olvida la importancia que tiene, terminamos perdiendo todos”, declaró el mandatario.

El proyecto aprobado en Brasil

El Senado aprobó por mayoría un proyecto de ley que permite reducir las penas de los condenados por delitos contra la democracia.

El texto ya había recibido previamente el aval de la Cámara de los Diputados, por lo que se envió para su sanción presidencial, aunque Lula ya anticipó que lo vetará

Según los cálculos de sus aliados, si el proyecto de reducción de penas entra en vigor, el ex presidente brasileño podría cumplir apenas dos años en régimen cerrado.

 

El Gobierno envió al Congreso el proyecto de reforma de la Ley de Protección de Glaciares

El Gobierno envió al Congreso el proyecto de reforma de la Ley de Protección de Glaciares

El Ejecutivo formalizó el envío de la reforma de la «ley de Glaciares» mientras la Cámara baja se prepara para discutir el Presupuesto del próximo año.

La Unesco advirtió sobre desaparición de un tercio de los glaciares declarados Patrimonio Mundial.

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

El Gobierno envió al Congreso el proyecto de reforma de la Ley de Protección de Glaciares y, en paralelo, la Cámara de Diputados convocó a una sesión especial para este miércoles con el objetivo de debatir el Presupuesto 2026. Ambas iniciativas forman parte de la agenda legislativa que comenzará a discutirse en el marco de las sesiones extraordinarias.

Según informó el Ejecutivo, la reforma de la ley de Glaciares apunta a modificar el marco normativo vigente desde 2010, con el argumento de establecer criterios técnicos más precisos que permitan compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo productivo. Desde el Gobierno sostienen que la actual legislación presenta “falencias interpretativas” que generaron inseguridad jurídica, paralizaron inversiones y afectaron el ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales.

La norma vigente define como glaciar a toda masa de hielo, estable o en movimiento lento, con o sin agua en su interior, y considera al ambiente periglacial como un regulador clave del recurso hídrico. En ese marco, el artículo 6 prohíbe actividades como la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, la instalación de industrias y la construcción de infraestructura que pueda alterar la dinámica del hielo o la calidad del agua, uno de los puntos que el Gobierno busca modificar para promover inversiones en el sector minero.

Entre los principales cambios propuestos, el proyecto mantiene la preservación de glaciares y ambientes periglaciales como reservas estratégicas de agua, pero introduce una interpretación compatible con los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional, que reconocen la protección ambiental y el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales. Además, se redefine el alcance del Inventario Nacional de Glaciares, limitándolo a aquellas formaciones que cumplan funciones hídricas estratégicas comprobadas.

La iniciativa también incorpora el principio precautorio, establece que las geoformas inventariadas estarán protegidas hasta que se verifique la inexistencia de funciones hídricas y refuerza el rol de las autoridades provinciales en la identificación y evaluación de glaciares y ambientes periglaciales. A su vez, mantiene la prohibición de actividades que alteren de manera relevante estas formaciones, aunque deja en manos de cada jurisdicción la evaluación de impacto ambiental caso por caso.

Presupuesto 2026: primera discusión en Diputados

En paralelo al envío del proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, la Cámara de Diputados convocó a una sesión especial para este miércoles con el objetivo de debatir el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2026.

La convocatoria fue confirmada en el marco de las sesiones extraordinarias y se conoció este lunes, luego de las primeras reuniones en comisión realizadas en la Cámara baja para comenzar con el análisis de las iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo.

Según se informó oficialmente, la sesión está prevista para mañana a las 14 horas, y tendrá como eje el tratamiento de tres de los principales proyectos enviados por el Gobierno al Congreso. El primero de ellos será el Presupuesto 2026, que marcará el inicio del debate parlamentario sobre la planificación de los gastos y recursos del Estado nacional para el próximo ejercicio.

El tratamiento en el recinto representa la primera instancia formal de discusión del proyecto, que deberá atravesar el debate legislativo antes de su eventual aprobación.

 

 

Fallo decisivo: la Justicia ordenó al Gobierno la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad en toda la Argentina

Fallo decisivo: la Justicia ordenó al Gobierno la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad en toda la Argentina

El organismo judicial consideró que el decreto del Ejecutivo sobre la suspensión de la aplicación de la norma no tenía validez. Los detalles del fallo.

Entre ellos, se encontraban trabajadores de distintas dependencias, profesionales de la salud, pacientes y familiares de personas con discapacidad.

Fuente: https://www.canal26.com/

La Justicia Federal dio un paso decisivo para la plena vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad en todo el país: mediante un fallo reciente, declaró la invalidez de una parte del decreto del Poder Ejecutivo que había suspendido la aplicación de la norma y ordenó que se ejecute de forma inmediata en todo el territorio argentino.

La legislación en cuestión, sancionada por el Congreso en septiembre de 2025 como Ley 27.793, declara la emergencia nacional en materia de discapacidad y estaba destinada a garantizar la continuidad de tratamientos, la actualización de prestaciones y la protección de derechos fundamentales como educación, salud e inclusión social.

El conflicto judicial se desarrolló porque, pese a que el Congreso rechazó el veto presidencial y promulgó la ley, el Gobierno había dictado el Decreto 681/2025, que suspendía la puesta en marcha de la norma hasta que el Parlamento definiera fuentes de financiamiento específicas e incluyera las partidas correspondientes en el presupuesto nacional.

Un Juzgado Federal de Campana consideró que ese artículo del decreto era inválido y afectaba derechos ya consagrados por la ley, por lo que ordenó su aplicación inmediata en todo el país. La decisión conocida durante este viernes 12 de diciembre tiene efectos directos sobre personas con discapacidad, sus familias, cuidadores y prestadores de servicios, que según la sentencia, habían visto restringidos sus derechos por la postergación.

La causa que motivó el fallo fue impulsada por un amparo presentado por padres de chicos con discapacidad que argumentaron que la suspensión del decreto ponía en riesgo la continuidad de tratamientos esenciales, la calidad de servicios y el acceso a derechos básicos.

Hasta ahora, la jurisprudencia y el debate político sobre esta ley reflejaron una tensión entre la voluntad del Congreso de garantizar prestaciones y la postura del Poder Ejecutivo, que pospuso su entrada en vigencia por argumentos de sostenibilidad fiscal. La orden judicial despeja esa controversia al hacer efectiva la ley sin más demoras, lo que representa un avance significativo en materia de políticas públicas para este colectivo.

 

Ley de Financiamiento Universitario: la UBA denunció al Gobierno en la Justicia

Ley de Financiamiento Universitario: la UBA denunció al Gobierno en la Justicia

El Consejo Superior de la institución decidió iniciar acciones legales contra el Poder Ejecutivo Nacional para exigir el cumplimiento de la Ley 27.795

Ley de Financiamiento Universitario: la UBA denunció al Gobierno en la Justicia

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

La Universidad de Buenos Aires (UBA) decidió este miércoles iniciar acciones legales contra el Poder Ejecutivo Nacional para exigir el cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial.

La iniciativa fue sancionada por el Congreso de la Nación y promulgada por decreto., pero con su aplicación suspendida hasta que el Poder Legislativo defina las fuentes de financiamiento.

En este contexto, el Consejo Superior de la institución adoptó la decisión por unanimidad durante su sesión del 22 de octubre de 2025.

En su resolución, la UBA planteó que “este decreto que promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley, altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación”.

Y agregan que “implica la vulneración de derechos constitucionalmente establecidos afectando al sistema universitario y a su comunidad al no poder acceder al financiamiento necesario y a la recomposición salarial establecidos en la ya mencionada ley”.

La resolución, registrada bajo el expediente EX-2025-04995445-UBA-DME#REC, instruyó al rector a iniciar las acciones judiciales pertinentes “a fin de exigir la inmediata implementación efectiva de la Ley 27.795”.

Además dispuso que se comunique la medida a todas las unidades académicas, colegios secundarios, hospitales universitarios e institutos dependientes de la universidad.

El Consejo Superior fundamentó la decisión en la situación económica que atraviesa el sistema universitario nacional. En los considerandos se expresó que “esta Universidad ha manifestado reiteradamente su profunda preocupación ante la grave situación presupuestaria que afecta a las Universidades Nacionales y ante el menoscabo salarial de los trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes”.

La institución recordó “ha declarado la emergencia tanto en materia salarial como presupuestaria” y que la norma aprobada por el Congreso “tiene por objeto garantizar la protección, el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales en todo el territorio de la República Argentina y la recomposición salarial de los trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes”.

Ley de financiamiento universitario

Concretamente, mediante el Decreto 759 se aplicó la Ley 27.795, que establece el financiamiento de la educación universitaria y la recomposición salarial del personal docente, que busca garantizar el sostenimiento del financiamiento de las universidades públicas y actualizar los salarios del personal docente y no docente, así como los programas de becas estudiantiles.

La normativa establece que el Poder Ejecutivo debe definir las partidas presupuestarias del programa “Desarrollo de la Educación Superior” para asegurar el ingreso, la permanencia y la graduación de los estudiantes, además de incrementar recursos para tecnología, investigación, extensión universitaria y formación del personal docente. También contempla la actualización de los salarios según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la incorporación de sumas no remunerativas y no bonificables a los básicos.