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El Gobierno envió al Congreso el proyecto de reforma de la Ley de Protección de Glaciares

El Gobierno envió al Congreso el proyecto de reforma de la Ley de Protección de Glaciares

El Ejecutivo formalizó el envío de la reforma de la «ley de Glaciares» mientras la Cámara baja se prepara para discutir el Presupuesto del próximo año.

La Unesco advirtió sobre desaparición de un tercio de los glaciares declarados Patrimonio Mundial.

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

El Gobierno envió al Congreso el proyecto de reforma de la Ley de Protección de Glaciares y, en paralelo, la Cámara de Diputados convocó a una sesión especial para este miércoles con el objetivo de debatir el Presupuesto 2026. Ambas iniciativas forman parte de la agenda legislativa que comenzará a discutirse en el marco de las sesiones extraordinarias.

Según informó el Ejecutivo, la reforma de la ley de Glaciares apunta a modificar el marco normativo vigente desde 2010, con el argumento de establecer criterios técnicos más precisos que permitan compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo productivo. Desde el Gobierno sostienen que la actual legislación presenta “falencias interpretativas” que generaron inseguridad jurídica, paralizaron inversiones y afectaron el ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales.

La norma vigente define como glaciar a toda masa de hielo, estable o en movimiento lento, con o sin agua en su interior, y considera al ambiente periglacial como un regulador clave del recurso hídrico. En ese marco, el artículo 6 prohíbe actividades como la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, la instalación de industrias y la construcción de infraestructura que pueda alterar la dinámica del hielo o la calidad del agua, uno de los puntos que el Gobierno busca modificar para promover inversiones en el sector minero.

Entre los principales cambios propuestos, el proyecto mantiene la preservación de glaciares y ambientes periglaciales como reservas estratégicas de agua, pero introduce una interpretación compatible con los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional, que reconocen la protección ambiental y el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales. Además, se redefine el alcance del Inventario Nacional de Glaciares, limitándolo a aquellas formaciones que cumplan funciones hídricas estratégicas comprobadas.

La iniciativa también incorpora el principio precautorio, establece que las geoformas inventariadas estarán protegidas hasta que se verifique la inexistencia de funciones hídricas y refuerza el rol de las autoridades provinciales en la identificación y evaluación de glaciares y ambientes periglaciales. A su vez, mantiene la prohibición de actividades que alteren de manera relevante estas formaciones, aunque deja en manos de cada jurisdicción la evaluación de impacto ambiental caso por caso.

Presupuesto 2026: primera discusión en Diputados

En paralelo al envío del proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, la Cámara de Diputados convocó a una sesión especial para este miércoles con el objetivo de debatir el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2026.

La convocatoria fue confirmada en el marco de las sesiones extraordinarias y se conoció este lunes, luego de las primeras reuniones en comisión realizadas en la Cámara baja para comenzar con el análisis de las iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo.

Según se informó oficialmente, la sesión está prevista para mañana a las 14 horas, y tendrá como eje el tratamiento de tres de los principales proyectos enviados por el Gobierno al Congreso. El primero de ellos será el Presupuesto 2026, que marcará el inicio del debate parlamentario sobre la planificación de los gastos y recursos del Estado nacional para el próximo ejercicio.

El tratamiento en el recinto representa la primera instancia formal de discusión del proyecto, que deberá atravesar el debate legislativo antes de su eventual aprobación.

 

 

Fallo decisivo: la Justicia ordenó al Gobierno la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad en toda la Argentina

Fallo decisivo: la Justicia ordenó al Gobierno la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad en toda la Argentina

El organismo judicial consideró que el decreto del Ejecutivo sobre la suspensión de la aplicación de la norma no tenía validez. Los detalles del fallo.

Entre ellos, se encontraban trabajadores de distintas dependencias, profesionales de la salud, pacientes y familiares de personas con discapacidad.

Fuente: https://www.canal26.com/

La Justicia Federal dio un paso decisivo para la plena vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad en todo el país: mediante un fallo reciente, declaró la invalidez de una parte del decreto del Poder Ejecutivo que había suspendido la aplicación de la norma y ordenó que se ejecute de forma inmediata en todo el territorio argentino.

La legislación en cuestión, sancionada por el Congreso en septiembre de 2025 como Ley 27.793, declara la emergencia nacional en materia de discapacidad y estaba destinada a garantizar la continuidad de tratamientos, la actualización de prestaciones y la protección de derechos fundamentales como educación, salud e inclusión social.

El conflicto judicial se desarrolló porque, pese a que el Congreso rechazó el veto presidencial y promulgó la ley, el Gobierno había dictado el Decreto 681/2025, que suspendía la puesta en marcha de la norma hasta que el Parlamento definiera fuentes de financiamiento específicas e incluyera las partidas correspondientes en el presupuesto nacional.

Un Juzgado Federal de Campana consideró que ese artículo del decreto era inválido y afectaba derechos ya consagrados por la ley, por lo que ordenó su aplicación inmediata en todo el país. La decisión conocida durante este viernes 12 de diciembre tiene efectos directos sobre personas con discapacidad, sus familias, cuidadores y prestadores de servicios, que según la sentencia, habían visto restringidos sus derechos por la postergación.

La causa que motivó el fallo fue impulsada por un amparo presentado por padres de chicos con discapacidad que argumentaron que la suspensión del decreto ponía en riesgo la continuidad de tratamientos esenciales, la calidad de servicios y el acceso a derechos básicos.

Hasta ahora, la jurisprudencia y el debate político sobre esta ley reflejaron una tensión entre la voluntad del Congreso de garantizar prestaciones y la postura del Poder Ejecutivo, que pospuso su entrada en vigencia por argumentos de sostenibilidad fiscal. La orden judicial despeja esa controversia al hacer efectiva la ley sin más demoras, lo que representa un avance significativo en materia de políticas públicas para este colectivo.

 

Ley de Financiamiento Universitario: la UBA denunció al Gobierno en la Justicia

Ley de Financiamiento Universitario: la UBA denunció al Gobierno en la Justicia

El Consejo Superior de la institución decidió iniciar acciones legales contra el Poder Ejecutivo Nacional para exigir el cumplimiento de la Ley 27.795

Ley de Financiamiento Universitario: la UBA denunció al Gobierno en la Justicia

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

La Universidad de Buenos Aires (UBA) decidió este miércoles iniciar acciones legales contra el Poder Ejecutivo Nacional para exigir el cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial.

La iniciativa fue sancionada por el Congreso de la Nación y promulgada por decreto., pero con su aplicación suspendida hasta que el Poder Legislativo defina las fuentes de financiamiento.

En este contexto, el Consejo Superior de la institución adoptó la decisión por unanimidad durante su sesión del 22 de octubre de 2025.

En su resolución, la UBA planteó que “este decreto que promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley, altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación”.

Y agregan que “implica la vulneración de derechos constitucionalmente establecidos afectando al sistema universitario y a su comunidad al no poder acceder al financiamiento necesario y a la recomposición salarial establecidos en la ya mencionada ley”.

La resolución, registrada bajo el expediente EX-2025-04995445-UBA-DME#REC, instruyó al rector a iniciar las acciones judiciales pertinentes “a fin de exigir la inmediata implementación efectiva de la Ley 27.795”.

Además dispuso que se comunique la medida a todas las unidades académicas, colegios secundarios, hospitales universitarios e institutos dependientes de la universidad.

El Consejo Superior fundamentó la decisión en la situación económica que atraviesa el sistema universitario nacional. En los considerandos se expresó que “esta Universidad ha manifestado reiteradamente su profunda preocupación ante la grave situación presupuestaria que afecta a las Universidades Nacionales y ante el menoscabo salarial de los trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes”.

La institución recordó “ha declarado la emergencia tanto en materia salarial como presupuestaria” y que la norma aprobada por el Congreso “tiene por objeto garantizar la protección, el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales en todo el territorio de la República Argentina y la recomposición salarial de los trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes”.

Ley de financiamiento universitario

Concretamente, mediante el Decreto 759 se aplicó la Ley 27.795, que establece el financiamiento de la educación universitaria y la recomposición salarial del personal docente, que busca garantizar el sostenimiento del financiamiento de las universidades públicas y actualizar los salarios del personal docente y no docente, así como los programas de becas estudiantiles.

La normativa establece que el Poder Ejecutivo debe definir las partidas presupuestarias del programa “Desarrollo de la Educación Superior” para asegurar el ingreso, la permanencia y la graduación de los estudiantes, además de incrementar recursos para tecnología, investigación, extensión universitaria y formación del personal docente. También contempla la actualización de los salarios según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la incorporación de sumas no remunerativas y no bonificables a los básicos.

 

¿Cuál es el primer país del mundo en aprobar una ley para combatir la obesidad?

¿Cuál es el primer país del mundo en aprobar una ley para combatir la obesidad?

El Parlamento italiano sancionó una ley pionera que reconoce la obesidad como una enfermedad crónica y progresiva. El objetivo es impulsar políticas públicas de prevención, inclusión y tratamiento a nivel nacional.

Italia dio un paso inédito al reconocer la obesidad como una enfermedad y establecer políticas nacionales de prevención y tratamiento.

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

El Parlamento de Italia aprobó recientemente una ley histórica que reconoce la obesidad como una enfermedad crónica, progresiva y recurrente, marcando un precedente a nivel mundial. La medida busca impulsar la prevención, el tratamiento y la inclusión de quienes la padecen, a través de campañas, programas educativos y asistencia médica especializada.

El ministro de Salud italiano, Orazio Schillaci, definió la iniciativa como “una muestra de civismo”, destacando que la decisión refuerza el compromiso del país con la salud pública y la concientización social.

Un enfoque integral

La nueva normativa no se limita al sistema sanitario. También apunta a garantizar la integración de personas con obesidad en ámbitos como la educación, el trabajo, el deporte y las actividades recreativas, buscando derribar prejuicios y promover entornos más saludables.

Además, como parte de la ley, se creará un Programa Nacional de Prevención y Tratamiento de la Obesidad, con un presupuesto inicial de 700.000 euros para el próximo año y aumentos progresivos hasta alcanzar más de un millón de euros anuales hacia 2027.

Reacciones y desafíos

Aunque la ley fue aprobada por mayoría, varias asociaciones de pacientes reclamaron la puesta en marcha inmediata de acciones concretas y una correcta distribución de los fondos. Los especialistas coinciden en que se trata de un avance simbólico, pero advierten que el verdadero desafío será garantizar su aplicación efectiva en todo el territorio.

Datos de la OMS: Obesidad y sobrepeso

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que a la obesidad es una compleja enfermedad crónica que se define por una acumulación excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. La obesidad puede provocar un aumento del riesgo de diabetes de tipo 2 y cardiopatías, puede afectar la salud ósea y la reproducción y aumenta el riesgo de que aparezcan determinados tipos de cáncer. La obesidad influye en aspectos de la calidad de vida como el sueño o el movimiento.

El diagnóstico del sobrepeso y la obesidad se efectúa midiendo el peso y la estatura de las personas y calculando el índice de masa corporal (IMC): peso (kg)/estatura2 (m2). Este índice es un marcador indirecto de la grasa, por lo que existen otras mediciones, como el perímetro de la cintura, que pueden ayudar a diagnosticar la obesidad.

De acuerdo con datos de la OMS -correspondientes a 2022-, una de cada ocho personas en el mundo eran obesas. Además, en 2022, 2500 millones de adultos (18 años o más) tenían sobrepeso y de ellos, 890 millone eran obesos.

Desde 1990, la obesidad se ha duplicado entre los adultos de todo el mundo y se ha cuadruplicado entre los adolescentes.

 

Senado: tratan el veto de Milei a la ley de reparto de los ATN a las provincias

Senado: tratan el veto de Milei a la ley de reparto de los ATN a las provincias

La discusión va al recinto un día después de que Diputados bloqueara los vetos al financiamiento en pediatría y aumento del presupuesto universitario.

Para insistir con su sanción

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

El Senado sesionará este jueves desde las 11 en busca de rechazar el veto del presidente Javier Milei al proyecto de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), en medio de un panorama adverso para el Gobierno ante sucesivas derrotas en el Congreso.

Más allá de los intentos que hizo el oficialismo en la última semana para recomponer los vínculos con algunos gobernadores, la Cámara alta se encamina a darle la espalda a Milei en esta iniciativa.

En cambio, aparece en el horizonte la Cámara de Diputados como el lugar para negociar. Es un territorio menos hostil para la administración libertaria, aunque haya cosechado derrotas en las últimas semanas y alguna victoria pírrica como el sostenimiento del veto al paquete jubilatorio.

Se trata de un terreno en el que los mandatarios provinciales pueden esconder mejor sus cartas tanto para apoyos, rechazos o ausencias.

Así, son casi inexistentes las herramientas que tiene Balcarce 50 para desactivar otra golpe en la Cámara alta, aunque siempre se pueden revolear partidas enmascaradas como, justamente, los ATN. De hecho, la semana pasada se efectivizaron varios giros bajo este concepto.

El proyecto de los ATN fue impulsado en julio por los propios gobernadores; recibió en el Senado 56 votos afirmativos (hubo 57 presentes) y uno solo en contra (Luis Juez), con ausencias no solo de los libertarios sino también de aquellos senadores que responden a mandatarios que sellaron alianzas provinciales con La Libertad Avanza (LLA) y otros que juegan libres.

La ley de reparto de ATN fue finalmente sancionada a fines de agosto, pero Milei la vetó el 12 de septiembre. Para insistir con su sanción, la oposición necesita reunir dos tercios de los votos en ambas cámaras. El Senado ya alcanzó ese número el 10 de julio. Sin embargo, en Diputados la votación del 20 de agosto no llegó al umbral que requeriría un futuro debate: 143 apoyos contra 90 rechazos.

A la sesión de hoy se sumarán al temario otros proyectos con dictamen: el que convierte en ley el Sistema de Alerta Sofía, el proyecto que agrava las penas para accidentes viales y otro sobre el manejo del fuego.

Axel Kicillof impulsa una ley para reactivar la obra pública nacional en la Provincia

Axel Kicillof impulsa una ley para reactivar la obra pública nacional en la Provincia

La iniciativa será enviada a la Legislatura bonaerense. «Nunca en la historia argentina ocurrió que por dos años esté absolutamente paralizada toda la obra pública de orden nacional», dijo el Gobernador.

La obra pública está detenida y en una dimensión crítica

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció este lunes el envío de un proyecto de ley a la Legislatura para reactivar la obra pública nacional y “dar una respuesta a la paralización” en la Provincia. “Esta decisión se toma porque venimos desde el comienzo del gobierno de (Javier) Milei tomando diferentes medidas, buscando diferentes caminos y acompañando los pedidos de intendentes y de diversos sectores, pero la obra pública está detenida y en una dimensión crítica”, explicó en una conferencia de prensa.

Acompañado por el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, y su par de Economía, Pablo López, Kicillof indicó que solicitará a la Legislatura provincial que “autorice otras herramientas para utilizar desde el Ejecutivo para intentar dar alguna respuesta a la paralización de la obra pública nacional”. Por eso, pedirá a los legisladores provinciales que declaren “la emergencia en obra pública” y “autoricen a intervenir de forma de garantizar la seguridad en los casos en que el Gobierno nacional abandona obras que ponen en riesgo la vida o bienes de las personas”.

Entre otras cosas, el Gobernador mencionó las obras paralizadas en la Autopista Presidente Perón, el dragado del Río Salado y los trabajos necesarios para recuperar y mejorar la infraestructura de la ciudad de Bahía Blanca. “Vuelvo a reclamar formalmente una reunión con el presidente Milei para hablar del estado en el que están las obras en la Provincia y los percances que esta situación les está generando a los bonaerenses”, afirmó.

“El gobierno de la provincia de Buenos Aires va a hacer todos los esfuerzos para que Milei cumpla con sus obligaciones y, en caso de que insista en no hacerlo, no impida que nosotros podamos hacernos cargo de las obras”, subrayó el mandatario provincial.

“Nunca en la historia argentina, más allá de que hubo muchos programas de ajuste, ocurrió que por dos años esté absolutamente paralizada toda la obra pública de orden nacional”, explicó Kicillof y añadió: “Ya hemos hecho cinco reclamos ante la Corte Suprema de Justicia para la devolución de las deudas que el Gobierno de Milei tiene con la Provincia: ascienden a más de $12 billones, lo que representa casi 10 meses de recaudación”.

“Con la apropiación de recursos que son de asignación específica, Milei está en un plan del desvío de fondos y de ilegalidad”, aseveró.

A su turno, Katopodis remarcó: “Estamos frente al primer gobierno de la historia del país que decidió frenar absolutamente toda la obra pública, con las consecuencias sociales y humanas que eso implica. Llevamos más de 600 días y Javier Milei no hizo un solo kilómetro de ruta”.

«Lo que estamos planteando es que, a dos años del parálisis de la obra, la gravedad está dada además porque hay un umbral de deterioro de toda la obra. No es lo mismo una obra paralizada durante un tiempo que puede ser reactivada, que un conjunto de casi 1.000 obras que ya están en riesgo estructural de poder ser reactivada», cerró el Ministro.

 

Milei vetó la ley de emergencia por la inundación en Bahía Blanca

Milei vetó la ley de emergencia por la inundación en Bahía Blanca

El proyecto vetado había sido impulsado por senadores bonaerenses y contemplaba la creación de un fondo especial de $200.000 millones, exenciones impositivas, una moratoria de 180 días para deudas, la promoción de obras con mano de obra local y una línea de créditos blandos a través del Banco Nación.

El 7 de marzo

Fuente https://www.diariopopular.com.ar/

El presidente Javier Milei vetó por completo la Ley 27.790, sancionada por el Congreso el 4 de junio, que declaraba la emergencia y catástrofe en Bahía Blanca y Coronel Rosales por 180 días y disponía una serie de medidas de asistencia financiera a los damnificados por la inundación trágica del 7 de marzo. Entre los puntos más importante creaba un fondo de $ 200.000 millones.

La decisión fue formalizada mediante el Decreto 424/2025, publicado en el Boletín Oficial, y argumenta que las medidas contenidas en la ley “ya fueron adoptadas mediante el Decreto 238/25”, que estableció el SUPLEMENTO ÚNICO PARA LA RECONSTRUCCIÓN (SUR), con fondos gestionados por el Ministerio de Seguridad.

En el Ejecutivo argumentaron que ya impulsaron el 1° de abril la creación de un fondo de $200.000 millones con esa finalidad desde la órbita de la Agencia Federal de Emergencias, que forma parte del Ministerio de Seguridad que lidera Patricia Bullrich. Y agregaron que luego de la presentación del proyecto del fondo para la reconstrucción de Bahía Blanca “dictó el Decreto N° 238/25”, con este mismo objetivo, y que “implementó las medidas que pretendían ser adoptadas por medio de la sanción como ley del proyecto mencionado”.

El texto cuestionó que la ley que vetó “no indica cuál ha de ser la fuente de financiamiento para hacer frente a las erogaciones que por medio de él se disponen, requisito necesario de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, que dispone que las leyes que autoricen gastos no previstos en el presupuesto general deben especificar las fuentes de los recursos que las financiarán”.

El proyecto vetado había sido impulsado por senadores bonaerenses y contemplaba la creación de un fondo especial de $200.000 millones, exenciones impositivas, una moratoria de 180 días para deudas, la promoción de obras con mano de obra local y una línea de créditos blandos a través del Banco Nación.

Según el decreto presidencial, ya se abonó el subsidio a 32.076 personas, sobre un total de 37.546 inscriptos. Unos 3.962 casos siguen en análisis, mientras que el 4% fue rechazado.

El Partido Justicialista repudió la medida

El Partido Justicialista (PJ) bonaerense cuestionó este martes al presidente Javier Milei por vetar el proyecto de ley que declaraba la emergencia en la provincia de Buenos Aires por las inundaciones en Bahía Blanca.

«Fuertes con los débiles, débiles con los poderosos», comenzaron diciendo en el comunicado publicado en la red social X.

Allí, destacaron que se eliminó la creación de un fondo de ayuda de 200.000 millones de pesos para Bahía Blanca y declaraba zona de emergencia y en situación de catástrofe junto con el municipio de Coronel Rosales.

«La norma obtuvo 153 votos a favor, ninguna abstención y 32 votos en contra (todos de La Libertad Avanza)», recordaron.

Sin embargo, «según el Gobierno nacional, la norma sancionada no establecía las fuentes de financiamiento para el gasto que autorizaba».

El fondo especial vetado por Milei y sus secuaces estaba destinado a otorgar subsidios y créditos para la reconstrucción (construcción y reparación de viviendas y estructura edilicia del Estado) de la zona afectada por las inundaciones de marzo de este año”, sostuvieron.

Y explayaron: “Para rechazar la ayuda a los damnificados el gobierno argumentó -entre otras cosas- que Coronel Rosales no puede ser incluido dentro del programa de asistencia, ya que los informes técnicos del Servicio Meteorológico Nacional indicaron que la zona más afectada fue Bahía Blanca, y que las acciones de reconstrucción y relevamiento se concentraron allí. También dejaron en claro que no podrán crearse nuevos fondos de asistencia durante 2025 ”, explicaron.

Y cerraron con un duro mensaje al ministro de Economía: “La ayuda por una emergencia es un gasto para el gobierno nacional, no sorprende. Avanzan con la gente afuera. El mismo día que el endeudador de Caputo prepara sus mejores ropas para recibir una misión del FMI, y cruza los dedos por las palmadas en la espalda, el presid

 

Caen los bonos y Milei y Caputo lo atribuyen a la aprobación de la suba de jubilaciones en Diputados

Caen los bonos y Milei y Caputo lo atribuyen a la aprobación de la suba de jubilaciones en Diputados

«Por cínicos y/o ignorantes todo lo que proponen son políticas que llevan a la pobreza», afirmó el presidente en ‘X’ tras conocerse los datos del mercado.

Luis Caputo y Javier Milei culparon a la oposición por la caída de los bonos. 

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

El presidente de la Nación, Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, acusaron a la aprobación de la suba de jubilaciones en la Cámara de Diputados a la caída que experimentan este jueves los bonos de la deuda soberano.

«La primera ley de la economía es la escasez: no hay de todo para todos. A su vez, la primera ley de la política es: ignorar la primera ley de la economía», lanzó el mandatario en su cuenta de ‘X’. Y agregó: «Por cínicos y/o ignorantes todo lo que proponen son políticas que llevan a la pobreza».

El ministro de Economía, Luis Caputo, acusó a la aprobación de la suba de jubilaciones que aprobó la Cámara de Diputados a la caída que experimentan este jueves los bonos de la deuda soberano.

“Correctísimo”, posteó el jefe del Palacio de Hacienda sobre una publicación en “X” que mostraba una imagen de pantalla de operadores que exhibía la baja en la cotización de los títulos de deuda.

“Cada vez que la corporación política que quebró el país se junta a debatir cómo destruir el equilibrio fiscal, el Riesgo País sube. Porque ellos son el verdadero Riesgo País, no las reservas, no el dólar ni el FMI”, dice el posteo que Caputo avaló.

En la misma red, ayer Caputo escribió: “Saluden a los degenerados fiscales que se van. En octubre hay elecciones y a la sociedad ya no la engañan haciéndose los abanderados de las causas nobles…

El argumento de que “la política atentando contra el equilibrio fiscal”, es la responsable de complicaciones en el plano financiero, ha sido utilizado en otras ocasiones por el gobierno nacional.

Con una holgada mayoría, y pese al rechazo oficialista, la oposición logró ayer darle media sanción en la Cámara de Diputados al proyecto de ley que declara la Emergencia en Discapacidad en todo el territorio hasta el 31 de diciembre del 2026, pudiendo prorrogarse por un año más.

Con 148 votos a favor, 71 en contra y tres abstenciones, quedó aprobada la iniciativa que recompone las prestaciones arancelarias desde el 1 de diciembre de 2023 conforme a la inflación acumulada en el período y actualiza el nomenclador para la indexación mensual automática de las pensiones no contributivas de acuerdo al IPC.

En el texto, el monto de las pensiones por discapacidad se mantiene en un valor del 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio.

 

Con holgada mayoría, también se aprobó ley de emergencia en Discapacidad en Diputados

Con holgada mayoría, también se aprobó ley de emergencia en Discapacidad en Diputados

Con 148 votos a favor, 71 en contra y tres abstenciones, quedó aprobada la iniciativa.

Con holgada mayoría, también se aprobó ley de emergencia en Discapacidad en Diputados

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

MILEI, LOQUE SE VOTA, SE VETA

Con una holgada mayoría, y pese al rechazo oficialista, la oposición logró hoy darle media sanción en la Cámara de Diputados al proyecto de ley que declara la Emergencia en Discapacidad en todo el territorio hasta el 31 de diciembre del 2026, pudiendo prorrogarse por un año más.

Con 148 votos a favor, 71 en contra y tres abstenciones, quedó aprobada la iniciativa que recompone las prestaciones arancelarias desde el 1 de diciembre de 2023 conforme a la inflación acumulada en el período y actualiza el nomenclador para la indexación mensual automática de las pensiones no contributivas de acuerdo al IPC.

En el texto, el monto de las pensiones por discapacidad se mantiene en un valor del 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio.

Durante su intervención, la diputada de la UCR Soledad Carrizo sostuvo que “este sistema de discapacidad está necesitando que todos nosotros nos pongamos a buscar una salida razonable y coherente, para que las personas con discapacidad tengan lo que realmente necesitan”.

Por su parte, la representante de Democracia para Siempre Melina Giorgi consideró que «el equilibrio fiscal no se puede buscar a través del ajuste del sector de discapacidad, las personas con discapacidad tienen derechos y deben ser respetados”.

A su turno, la diputada del Frente de Izquierda Vanina Biasi reclamó que «el colectivo que debe ser asistido por discapacidad reciba lo que merece y que realmente podamos llevar adelante cambios significativos que cambien su vida”.

En tanto, Eduardo Valdés (Unión por la Patria) alertó que los transportistas que asisten a las personas con discapacidad “no están pudiendo hacer su trabajo porque les pagan 500 pesos por kilómetro”.

“No venimos a echar culpas sino a querer resolverlo. Mi compromiso con la discapacidad que hoy está en emergencia es por el compromiso con los papás que lo único que sueñan es que va a hacer la vida de su hijo cuando no estén”, concluyó el diputado peronista.

Santiago Pauli (La Libertad Avanza) pidió que no se le achaque al Gobierno de Javier Milei esta emergencia en Discapacidad.

“Frente a la inflación del 117% del 2024, el aumento fue del 99%. Son 18 puntos porcentuales de diferencia. En cambio, en el 2023 la inflación fue del 211% anual y el aumento que dio el Gobierno de Alberto Fernández fue de 93 puntos. Más de 100 puntos porcentuales de diferencia. ¡La emergencia es toda de ustedes! Es su culpa y no intenten dibujar los datos”, apuntó el fueguino libertario.

“No tienen autoridad moral para plantear ninguna solución porque usaron los recursos para la discapacidad para hacer clientelismo político con personas que no reunían los requisitos, a chantas, a presos, a militantes de ustedes. A mucha de esta gente se la manipulaba y se la obligaba a ir a actos, a hacer campaña”, agregó.

La oficina de Presupuesto del Congreso determinó que el impacto fiscal por el aumento de las pensiones por Discapacidad significa un refuerzo fiscal de 1.889.371 millones de pesos y 3.627.495 millones.

Esta diferencia entre 1,8 billones de pesos y 3,6 millones de pesos se debe al numero de beneficiarios «por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios» que podrían registrarse con la nueva ley, señaló la Oficina de Presupuesto.

En tanto, la compensación por el desfasaje entre el valor de la prestación y la inflación del 2024 tiene un costo $278.323 millones y el refuerzo para los talleres de producción de 7.160 millones de pesos.

La sanción de declaración de emergencia en discapacidad venía siendo reclamada por diversos sectores en todo el país, que vienen realizando marchas para reclamar a los legisladores que sancionen una ley para actualización los valores de las prestaciones y de las pensiones.

 

Tras los incidentes en el Congreso, el Gobierno presentó la Ley Antibarras

Tras los incidentes en el Congreso, el Gobierno presentó la Ley Antibarras

El proyecto busca definirlas como un grupo delictivo dedicado a la asociación ilícita. También pone el foco en los dirigentes del clubes de fútbol.

La iniciativa fue impulsada luego de los graves incidentes en la última marcha de jubilados.

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

El Gobierno presentó este lunes y envió al Congreso el proyecto de Ley Antibarras, con el que busca definir a los barrabravas como un grupo delictivo dedicado a la asociación ilícita. Los detalles de la norma, impulsada tras los incidentes en la última marcha de jubilados, fueron explicados por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

«Se amplía a todos los negociados que rodean a la actividad de estas barrasbravas, como aquellos mecanismos que generan un tipo de financiamiento que en muchos casos está avalado por las conducciones de los clubes», al igual que a los dirigentes que permiten esas prácticas, describió la funcionaria en una conferencia de prensa en Casa Rosada.

Bullrich prometió que, a través del proyecto de Ley Antibarras, «los que generan hechos de violencia no van a poder ingresar a los estadios» de fútbol. «Prohibir la entrada a la cancha implica desarmar la lógica de los negociados que se generan muchas veces entre conducciones de clubes y barras», remarcó la funcionaria, que fue respaldada en su cargo por el presidente Javier Milei.

El proyecto de ley fue redactado por el equipo de abogados del Ministerio de Seguridad de la Nación, y busca incorporar al Código Penal el artículo 41, el cual establece un agravamiento de la pena para los barras que transporten armas, revendan entradas de protocolo o generen algún tipo de actividad delictiva no sólo en eventos deportivos, sino en cualquier otro ámbito.

Según Bullrich, actualmente hay «15.000 personas impedidas de ingresar a las canchas argentinas», pero planteó la necesidad de avanzar sobre «los negociados que rodean a la actividad de las barras», como por ejemplo «castigando a los dirigentes que facilitan entradas y micros o el ingreso de elementos contundentes o armas a las canchas», algo que contempla este proyecto.

«Ya bajamos de manera sustancial la violencia, pero esta ley va a seguir bajando la violencia en el fútbol. Es exitoso el programa Tribunas Seguras pero le faltaba ir a fondo para que las barras no vayan a los estadios y desarticularlas como organizaciones criminales», insistió Bullrich.

Por otro lado, se despegó de la prohibición que rige desde hace 12 años para que los hinchas visitantes puedan asistir a los estadios: «Es responsabilidad de cada distrito, no es una cuestión federal; es de las ciudades y las provincias», consideró.

El proyecto, tal como se dijo, busca tipificar a las barras como un tipo especial de asociación ilícita y, por ende, ser tratadas como organizaciones criminales. Se pretende así contrarrestar los vacíos legales que hasta ahora permitían a las barras bravas actuar prácticamente con impunidad.

También hace foco en los dirigentes de los clubes de fútbol y prevé sanciones de cárcel para ellos, en caso de que se demuestre una relación de connivencia o apoyo logístico a los barras.