«¡Gran victoria en la Corte Suprema de Estados Unidos! Incluso el fraude de la ciudadanía por nacimiento ha sido, indirectamente, duramente afectado. Tuvo que ver con los bebés de esclavos (¡el mismo año!), no con la estafa de nuestro proceso de inmigración. Felicitaciones a la fiscal general Pam Bondi, al procurador general John Sauer y a todo el Departamento de Justicia», publicó el líder republicano en su plataforma Truth Social.

Luego, ya en diálogo con periodistas, elogió la “brillante” decisión del máximo tribunal y se comprometió a impulsar nuevas acciones. “Gracias a esta decisión, ahora podemos solicitar con prontitud la aprobación de estas numerosas políticas y de aquellas que habían sido prohibidas indebidamente a nivel nacional… Tenemos muchísimas”, declaró el mandatario.

La Corte Suprema otorgó a Trump una importante victoria al limitar la facultad de jueces federales para bloquear decisiones de su administración que consideran ilegales. Por seis votos a favor y tres en contra, el organismo consideró que las suspensiones a nivel nacional emitidas por jueces de tribunales inferiores “probablemente exceden la autoridad equitativa que el Congreso había otorgado a los tribunales federales”.

En realidad, el máximo tribunal no se pronunció por el momento sobre si el decreto de Trump para abolir la ciudadanía automática por nacimiento es constitucional o no. “Los tribunales federales no ejercen una supervisión general del poder ejecutivo, resuelven casos y controversias de acuerdo con la autoridad que les otorga el Congreso”, declaró la jueza Amy Coney Barrett, autora del dictamen.

“Cuando un tribunal concluye que el Poder Ejecutivo actuó ilegalmente, la solución no es que el tribunal también se exceda en sus facultades”, añadió la magistrada en el fallo al que adhirieron los otros cinco jueces conservadores del tribunal. Las tres juezas liberales, en tanto, discreparon.

El fallo tendrá consecuencias en la capacidad del poder judicial para controlar a Trump o a futuros presidentes estadounidenses. El caso se centró en si un solo juez de un tribunal federal de distrito tiene derecho a bloquear a nivel nacional un decreto presidencial mediante una orden universal mientras el asunto se litiga en las cortes.

Y tuvo que ver con que el 20 de enero de este año, día del inicio de su segundo mandato en la Casa Blanca, el republicano firmó uno de sus decretos más polémicos, ya que su objetivo es negar la ciudadanía por nacimiento a los hijos de migrantes en situación irregular o bajo estatus de residencia temporal, como asilo o visas.

Este principio está consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que lleva en vigor más de 150 años y determina que cualquier persona nacida en suelo estadounidense es ciudadana. El decreto de Trump fue impugnado y suspendido por los tribunales de distrito de Maryland, Massachusetts (ambos en el noreste) y el estado de Washington (noroeste) que lo consideraron inconstitucional.

Magistrados demócratas y republicanos también habían congelado otras iniciativas de Trump, muchas de ellas migratorias. Ante esta situación, su gobierno presentó un recurso de emergencia ante la Corte Suprema. Durante los argumentos orales del caso ante la Corte Suprema en mayo, tanto jueces conservadores como liberales expresaron su preocupación por el creciente uso de órdenes judiciales a nivel nacional por parte de los tribunales de distrito en los últimos años.