Según confirmaron fuentes del Gobierno, cuando se advirtió que Cordero Fabbri defendía a Calvete en otra causa -por la que fue condenado a cuatro años de prisión por explotación de la prostitución ajena- se le planteó una disyuntiva: continuar en su puesto estatal o seguir la actividad privada. El funcionario optó por la segunda alternativa y presentó su dimisión.

Desde la OA recordaron que, aunque podía ejercer la “profesión libre”, no estaba habilitado para asumir casos vinculados a hechos de corrupción.

Calvete en la causa Andis

El episodio generó un fuerte malestar interno, porque Calvete no solo aparece implicado en la causa ANDIS: también tuvo un rol activo en los allanamientos recientes, al punto que las personas de su entorno tenían la instrucción de llamar a Cordero Fabbri en caso de que se realizara un procedimiento. Aunque el letrado no figuraba formalmente como abogado en este expediente, sí fue quien se presentó durante algunas medidas judiciales.

Cordero Fabbri había sido nombrado en la OA en 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández, inicialmente por 180 días. Sin embargo, logró mantenerse en el cargo hasta ahora, pese a que su cliente es considerado por la fiscalía como una pieza clave dentro de una supuesta estructura paralela que operaba detrás de la Agencia de Discapacidad.

El fiscal Franco Picardi acusa a Calvete, al ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, y a otros 14 ex funcionarios de integrar una organización que manipulaba las compras de las Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI). Estas adquisiciones, vinculadas a procedimientos de alta complejidad y medicamentos para enfermedades raras, movían sumas multimillonarias.

Influencia sobre funcionarios

En su dictamen, Picardi afirma que Calvete mantenía vínculos directos con múltiples droguerías y proveedores del sistema de salud, entre ellas Indecomm SRL, Profusión SA y Profarma SA.

Además, habría ejercido influencia sobre funcionarios como Spagnuolo y Daniel María Garbellini para direccionar pagos y adjudicaciones. Los investigadores lo describen como un “jefe paraestatal”, capaz de dar indicaciones internas sin tener un cargo formal.

Dos indagatorias

La investigación avanza con nuevos imputados. Esta semana fueron indagados en Comodoro Py Eduardo Nelio González, ex director del organismo, y Lorena Di Giorno, integrante del área de compras. Ambos habían sido citados debido a que contaban con acceso al sistema donde -según la fiscalía- se realizaron maniobras de desvío de fondos.

González declaró ante el juez Sebastián Casanello, negó las acusaciones y no respondió preguntas. Se lo investiga por presuntamente seguir instrucciones extraoficiales de Calvete y beneficiar a un grupo de compañías con contratos direccionados. En paralelo, se confirmó que compartió sociedades comerciales con el propio Calvete, como la firma Proveedora Integral de Supermercados Chinos SRL.

Di Giorno, por su parte, se negó a declarar. Según los investigadores, mantenía un vínculo directo con el empresario y también integró sociedades con él.

El expediente estima un desvío que superaría los 37 mil millones de pesos. Durante los allanamientos realizados en domicilios vinculados a los acusados, se secuestraron bienes y grandes sumas de dinero, entre ellas 700 mil dólares encontrados en la casa de Calvete. También se hallaron cuadernos escritos por el empresario que, según Picardi, podrían contener el detalle del presunto esquema de corrupción montado alrededor de la ANDIS.

Mientras la causa avanza, la renuncia de Cordero Fabbri vuelve a poner bajo la lupa los controles internos y los conflictos de interés dentro de los organismos estatales encargados -precisamente- de prevenir irregularidades.