Aunque el reporte oficial derivó en la intervención de la Justicia federal de Córdoba, el organismo de información financiera, sin brindar más información de la situación, detalló que los movimientos de dinero detectados no necesariamente implican la presencia territorial en el país del grupo terrorista islámico responsable del atentado a la AMIA en 1994 y actualmente en guerra con Israel en Medio Oriente.

“En primer lugar, la medida como tal es una medida patrimonial provisoria frente a una operatoria que presenta inicialmente indicadores de poder estar vinculada con fondos que directa o indirectamente pueden relacionarse con organizaciones o personas terroristas, contempladas en listas propias o de otros países. Frente a ese riesgo, de manera preventiva se adopta la medida para poder profundizar el análisis y, eventualmente, examinar el caso de manera tal de que, en caso de concluir afirmativamente el examen de la operatoria, las medidas que se adopten sean efectivas y eficaces en lo que atañe al movimiento de fondos. Esta medida está sujeta a control judicial”, indicó la UIF a través de un comunicado.

Luego, el organismo que depende del Ministerio de Justicia de la Nación aclaró: “La existencia de operaciones de fondos o activos con estos indicadores no se traducen directa o necesariamente con la presencia territorial de organizaciones o agrupaciones terroristas”.

“Es importante destacar que la Unidad de Información Financiera vela por la seguridad e integridad del sistema financiero y económico por lo que, en un mundo globalizado, la supervisión y la diligencia de los distintos sujetos obligados y el trabajo conjunto de las distintas agencias públicas importa una barrera para que no sea utilizado para la movilización de fondos ilegales”, completó en el mismo texto.

La UIF tomó intervención tras recibir un reporte de operaciones sospechosas (ROS) relacionado con movimientos de fondos que involucraban a un colombiano nacionalizado argentino con residencia en Córdoba, y a un sirio que, según una investigación del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, estaría involucrado en una compleja red de lavado de dinero a escala global, utilizando empresas fantasmas y criptomonedas para financiar actividades terroristas en diversos países. El colombiano-argentino habría colaborado con el presunto integrante de Hezbollah para ejecutar operaciones financieras en territorio nacional.

La alerta se activó luego de que una aseguradora y entidades financieras argentinas detectaran movimientos sospechosos de dinero vinculados a ambos individuos. La Justicia Federal de Córdoba recibió el alerta el viernes pasado, según confirmaron fuentes judiciales citadas por La Nación.

Como no le correspondía al juzgado de la capital provincial por el que ingresó, porque el joven colombiano nacionalizado argentino tiene domicilio en una localidad cercana a San Francisco, en el este de Córdoba; ahora deberá tomar intervención el Juzgado Federal de San Francisco, que todavía no tiene titular designado, pero a partir del jueves estará a cargo Sergio Pintos, juez federal de Bell Ville.

Por el momento no hay una orden de detención vinculada con este caso, aunque la Justicia fue alertada porque la caución de los fondos requiere de convalidación judicial. La UIF precisó que no efectúa investigaciones judiciales, sino que “contribuye al esclarecimiento de los hechos aportando informes de inteligencia financiera que puedan dar soporte al Ministerio Público Fiscal o al Poder Judicial de la Nación para que investiguen y recolecten la prueba necesaria para llevar un caso a juicio y obtener eventualmente una condena”. Excepcionalmente, puede participar como querellante en algunos casos.