Además confirmaron que realizarán una nueva Marcha Federal Universitaria cuando la Cámara de Diputados trate dicho veto.
Ricardo Gelpi, rector de la UBA, advirtió: “Desde la prórroga del presupuesto 2023, situación que se repite en el presente ejercicio, las Universidades Nacionales de nuestro país vienen atravesando una situación crítica y cada vez más incierta. La falta de una ley, genera un vacío normativo por el cual las universidades nacionales desconocen su presupuesto anual y se torna imposible el planeamiento correcto y eficiente de sus múltiples actividades académicas, de investigación, salud y extensión”.
Gelpi agregó que “con la falta de actualización de gastos de funcionamiento, vamos a empezar con un plan de restricción de gastos operativos. La UBA va a funcionar en un estado crítico para poder terminar el año”. Y sostuvo: “Que quede claro: cuando hablamos de crisis en las universidades públicas, hablamos de investigación científica sin recursos, de desarrollo tecnológico estancado, de salud pública que no puede curar, de producción que se resiente, de innovación que nunca llega, de miles de estudiantes que se quedan sin posibilidades de un porvenir mejor”.
Oscar Alpa, presidente del CIN, describió el diagnóstico como “una situación gravísima: desde hace dos años no tiene presupuesto nacional y para las universidades públicas la situación es extrema también porque es a partir del presupuesto que se financia el sistema, la autarquía y la autonomía universitaria”.
Franco Bartolacci, vicepresidente del CIN, reclamó: “Estamos realmente muy preocupados por la situación que atravesamos. Teníamos la esperanza de que el presidente de la Nación pudiera, en este contexto tan delicado del país, recapacitar y promulgar una ley razonable y responsable que solucionara los problemas urgentes que atraviesa el sistema universitario argentino. Eso no sucedió y necesitamos, con urgencia, que el Congreso de la Nación pueda sostener esta ley y vetar ese veto”.
Según un informe reciente de la UBA, en 2024 el presupuesto de la institución fue de $590.000 millones (unos USD 490 millones), de los cuales el 85% se destinó a salarios y apenas el 15% a gastos operativos. Esa pequeña partida se divide en partes iguales entre educación/investigación y salud.
El documento también revela que la inflación acumulada desde diciembre de 2023 llega al 250%, mientras que los aumentos salariales en el mismo período fueron del 95%, lo que implica una pérdida del poder adquisitivo de más de 40%.
En el área de salud universitaria, los hospitalarios estuvieron congelados presupuestariamente hasta agosto, y aunque luego hubo una actualización, ésta no alcanzó a compensar el impacto inflacionario, sino solo a sostener la atención básica.
