Se trata de la empresa Industrias del Fuego S.A. (IBF), dedicada a la fabricación de neumáticos, y está ubicada en la capital de la Docta.

Desde el sindicato advirtieron que la modalidad utilizada vulnera derechos laborales básicos.

Los operarios denunciaron que la empresa avanzó con el cierre sin abrir instancias de diálogo ni negociación con el gremio.

Además, señalaron que el procedimiento incluyó la presencia de seguridad privada y escribanos, lo que fue interpretado como una maniobra para imponer la decisión por la fuerza.

“Las patronales están desbocadas. Quieren negar que existen leyes laborales”, sostuvo Miguel Díaz, delegado sindical, quien calificó la decisión empresarial como “totalmente desmedida”.

El conflicto se agravó con un episodio judicial ocurrido durante la permanencia pacífica de los trabajadores dentro de la planta.

Germán Silva, referente del Sindicato del Neumático en Córdoba, denunció que se presentó una acusación falsa para habilitar el desalojo policial.

“Hubo una denuncia anónima diciendo que teníamos a un trabajador secuestrado dentro de la planta. Con esa excusa la fiscalía dictó la orden y la policía vino a sacarnos de prepo”, explicó.

La planta de neumáticos IBF comenzó a operar en Córdoba como un emprendimiento industrial de escala media, orientado a la producción y recapado de neumáticos, con foco en el mercado interno.

Durante sus primeros años mantuvo una dotación estable de trabajadores y una actividad productiva regular, vinculada principalmente al abastecimiento regional.

Con el correr del tiempo, la empresa atravesó distintos períodos de inestabilidad, que incluyeron interrupciones en la producción, dificultades financieras y conflictos recurrentes con su plantel de trabajadores.

Según denuncias sindicales, en esos años comenzaron a registrarse atrasos en el pago de salarios y problemas en el cumplimiento de obligaciones laborales.

En etapas posteriores, IBF aplicó suspensiones, reducciones de turnos y cambios en las condiciones de trabajo, lo que derivó en reclamos gremiales y en la intervención del Ministerio de Trabajo en más de una oportunidad.

Los delegados señalaron que nunca se presentó un plan de crisis formal ni se informó oficialmente un proceso de cierre o reconversión.

Durante el último período de funcionamiento, la planta operó de manera intermitente, con menor nivel de actividad y sin anuncios claros sobre su continuidad.

Los trabajadores advirtieron sobre un proceso de vaciamiento progresivo, marcado por la falta de inversión y la incertidumbre permanente sobre el futuro de la fábrica.

El cierre repentino de la planta y el despido de los 40 operarios fue señalado por el sindicato como el desenlace de ese proceso, ejecutado sin cumplir los mecanismos legales previstos y sin instancias de negociación, lo que derivó en el conflicto laboral y judicial que actualmente permanece abierto.

Los despidos no se toman vacaciones en Argentina y muestran un diciembre que llega a las fiestas de fin de año con suspensiones, huelgas y cierre de fábricas y comercios en todo el país.

Casos como el de la industria del calzado registran en los últimos dos años más de 100 plantas productivas que bajaron sus persianas y cerca de 10.000 trabajadores perdieron su empleo, de acuerdo con datos del propio sector.

La apertura de las importaciones, el ingreso de mercadería por contrabando y el avance de plataformas digitales chinas como Shein y Temu aparecen entre los principales factores que explican el derrumbe de la actividad.