Lo hizo por una resolución que intima a los empleados del Estado que cumplan con las condiciones legales a iniciar los trámites de jubilación en un plazo no mayor a 30 días.
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El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, emitió la resolución 3/2024, que instruye a las entidades del Sector Público Nacional a “intimar” a sus empleados que cumplan con las condiciones legales a iniciar los trámites de jubilación en un plazo no mayor a 30 días.
Esta resolución se enmarca dentro de la política del Ministerio para modernizar y racionalizar el empleo público, en línea con la Ley Bases Nº 27.742 que busca reducir el tamaño del Estado y transparentar el gasto público.
“Instrúyase a los titulares de las entidades comprendidas en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias a intimar, en un plazo no mayor a TREINTA (30) días hábiles desde la publicación de la presente resolución, al personal que reúna las condiciones establecidas en el artículo 19 de la Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones N° 24.241 a iniciar los trámites administrativos a fin de ingresar al sistema previsional”, dice la resolución.
¿Quiénes deben jubilarse?
El artículo 8° de la ley 24.156 señala que, según el “inciso a y c” a los empleados de la Administración Nacional, conformada por la Administración Central, los Organismos Descentralizados y Entes Públicos.
La resolución “recomienda” la misma medida a las Empresas y Sociedades del Estado que abarca a las Empresas del Estado, las Sociedades del Estado, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.
El Gobierno también apuntó contra los grupos de medios: eliminará las exenciones del IVA
Será para diarios, revistas y publicaciones periódicas, tanto en ediciones impresas como digitales. La medida fue dada a conocer junto con una serie de anuncios en telecomunicaciones.
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El Gobierno anunció este lunes una serie de medidas para alentar la competencia en el sector de telecomunicaciones. La intención, dijo el vocero presidencial Manuel Adorni, es que «los usuarios accedan a mejores servicios a un menor precio».
Una de las primeras iniciativas será la licitación de los 100 MHz de espectro que el Estado le había reservado a la empresa ARSAT para comunicaciones móviles, que no se encuentran en uso, además de los 50 MHz que están en manos del ENACOM. “Estas bandas de frecuencia se van a utilizar para el servicio de 5G. La habilitación de estos activos va a impulsar las inversiones para mejorar el servicio de telecomunicaciones en el país con mejores condiciones de prestaciones y menos privilegios de las empresas públicas”, explicó el vocero en la misma conferencia donde informó el cierre de la AFIP.
Durante la gestión de Alberto Fernández, el ENACOM había concretado la subasta de las bandas de frecuencias para el despliegue, desarrollo y prestación del servicio de 5G, logrando una recaudación total de 875.091.000 de dólares.
En una nueva ofensiva contra los medios de comunicación, el Gobierno eliminará las exenciones del IVA para diarios, revistas y publicaciones periódicas, tanto en ediciones impresas como digitales. «Con esta modificación, los sujetos que realicen estas actividades pasarán a tributar el IVA sin ninguna ventaja respecto al resto de los actores económicos», señaló Adorni, tras calcular que la recaudación aumentará en 264.000 millones de pesos.
Asimismo, el Ejecutivo avanzará con la relicitación del contrato para proveer conectividad en las 16.000 escuelas del país, representando un valor anual aproximado de 60.000 millones de pesos, además de un relevamiento de contratos de telecomunicaciones para detectar incumplimientos y la posible existencia de prácticas anticompetitivas en el sector.
En otro de los anuncios, Adorni comentó que la Auditoría General de la Nación (AGN) analizó la gestión del ENACOM vinculada a la administración de recursos provenientes del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, conocido como FFSU, en el período comprendido entre el 1º de enero de 2019 y el 31 de agosto de 2020. «Este trabajo dejó en evidencia que el ENACOM omitió intimar a las empresas, falló en el control e incurrió en una demora en la resolución de recursos interpuestos por las empresas», detalló.
A raíz de esa situación, continuó el portavoz, «el Estado Nacional empezará un relevamiento de todos los contratos existentes en materia de telecomunicaciones para analizar su cumplimiento, y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia iniciará un proceso de exhaustivas investigaciones en todo el territorio de la Nación para analizar si existen conductas anticompetitivas en la industria».
“Estas medidas -remarcó Adorni- van a permitir un adecuado análisis de las condiciones de mercado y la protección de los derechos de los consumidores. De esta manera, el Gobierno trabaja constantemente en el programa de desregulación, apertura de mercado y corrección de cualquier distorsión existente que afecte la calidad o condiciones de prestación de los servicios”, concluyó el vocero presidencial.
En tanto, el Ejecutivo derogará también la obligación de incluir señales de carácter informativo en la grilla de programación.
Nuevo round de la pelea: el Gobierno le suspenderá beneficios impositivos a la AFA
En medio del conflicto de Gobierno con la casa madre del fútbol argentino, el Ejecutivo a cargo de Javier Milei tiene previsto dejar sin vigencia un decreto firmado por Néstor Kirchner.
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El presidente Javier Milei tiene previsto firmar la suspensión de los beneficios impositivos que le había otorgado el gobierno de Alberto Fernández a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Esta medida ocurre en el contexto del conflicto desatado en Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de AFA, con el Ejecutivo nacional. Mientras que se anticipó que habrá una investigación sobre el funcionamiento y los números de la institución. “Hasta el hueso, si es necesario”, aseguran que fue la frase del Presidente ante el conflicto con la AFA.
Según trascendió, en esta semana se publicará en el Boletín Oficial la suspensión al menos por seis meses del decreto 510 del año pasado que se había firmado reflotando los beneficios que había dado Néstor Kirchner en su Presidencia.
El decreto en cuestión fue publicado el 6 de octubre de 2023, a días de la primera vuelta electoral, que Unión por la Patria terminó ganando por escaso margen. “Establécese un régimen especial de percepción, retención y/o autorretención para el ingreso de cotizaciones con destino a la seguridad social”, estableció el texto.
Ese decreto le siguió, el 27 de octubre siguiente, una resolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos, que reglamentó los beneficios impositivos y le puso como fecha de vigencia el 1 de noviembre del año pasado. “El régimen especial resultará aplicable para la cancelación de las cotizaciones con destino a la seguridad social que se indican seguidamente: Aportes personales, Contribuciones patronales y Obligaciones devengadas hasta octubre de 2023″.
“Son muchos millones de pesos”, dijeron fuentes oficiales sobre el impacto que puede tener esa medida en la economía del fútbol.
Milei volvió a apuntar contra Tapia: «En la AFA parecen Venezuela con Maduro»
Luego de la reelección del presidente de la AFA, Milei señaló que dicho acto no se debería haber llevado a cabo: «La Inspección General de Justicia (IGJ) ordenó que era inválido el adelantamiento de las elecciones que propuso el señor Tapia. Parecen Venezuela con Maduro, que adelantó la Navidad. Bueno, acá adelantaron las elecciones de manera irregular. Por lo tanto, esta causa va a seguir en la Justicia».
Por otra parte, insistió con la llegada de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), al subrayar: «Debería haber una apertura mental por parte de las personas. Nadie está obligado a cambiar de modelo societario. Pero si alguien lo quisiera hacer, tienen que darle la posibilidad».
Con respecto a esta cuestión, se preguntó: «¿Cuál es el problema? ¿Por qué les molesta que la gente pueda elegir? ¿Por qué vos no podés elegir la forma en la cual te vas a asociar con otros? ¿Por qué si decidís un formato societario la AFA te va a estar persiguiendo porque no es el formato que favorece a las cosas irregulares que tiene la AFA? Cosas que además las vamos a investigar. Vamos a ver, quizá tienen situaciones irregulares. Eso lo hará el órgano que tiene que revisar este tipo de cuestiones».
Por último, destacó que la batalla por el fútbol argentino «es una de las más importantes para dar. Primero, porque la Argentina es el semillero del mundo. Los mejores jugadores de fútbol del mundo salen de acá. Nosotros podríamos tener una liga local de muchísima mejor calidad si no fuera por los manejos turbios que tiene la AFA».
La semana pasada, Tapia fue reelecto como presidente de la AFA en la Asamblea General Ordinaria, aunque el titular de la IGJ, Daniel Vítolo, aseguró que la convocatoria fue «totalmente inválida».
El Gobierno enviará tropas del Ejército a las fronteras con Paraguay, Bolivia y Brasil
El ministro de Defensa Luis Petri aguarda la firma del decreto de Javier Milei para enviar soldados en apoyo de la Gendarmería. Pretende que las Fuerzas Armadas realicen tareas de «control y vigilancia» en las zonas limítrofes.
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El Gobierno de Javier Milei enviará soldados del Ejército a las fronteras con Paraguay, Bolivia y Brasil para realizar tareas de “control y vigilancia” en apoyo a Gendarmería Nacional.
Luis Petri envió un proyecto para modificar el decreto 727/2006 de Nilda Garré y busca que las FF.AA. puedan combatir más allá de contra otros estados, sino también contra organizaciones terroristas o del crimen organizado.
El redespliegue sería a las fronteras con Brasil, Paraguay y Bolivia. Por su parte, Chile no es la prioridad en el envío de personal.
El plan supone que esos soldados desplegados “colaboren incluso con las fuerzas armadas del Paraguay” que sufren ataques de narcotraficantes en las fronteras y del guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo. Los mayores cargamentos de marihuana llegan a la Argentina desde la ciudad de Pedro Juan Caballero.
El Gobierno logró mantener el veto a la Ley de Financiamiento Universitario
La normativa que aumentaba los salarios por inflación de forma retroactiva a enero, había sido rechazada por el Ejecutivo porque consideraba que ponía en peligro el equilibrio fiscal.
Tras varias semanas de tensiones con sus aliados y negociaciones con gremios y gobernadores, los libertarios y compañía sumaron 84 votos en defensa del veto, mientras que la oposición logró reunir 164 para insistir con el proyecto original. Dado que la Cámara de Diputados necesita dos tercios de los presentes para rechazar un veto presidencial, las ausencias y las abstenciones jugaron un papel clave.
El presidente del bloque de la UCR, Rodrigo De Loredo, aseguró que «es falso» que el aumento de partidas para la educación superior pública pueda «quebrar el equilibrio fiscal» y lamentó el «discurso absolutamente lesivo» que tiene el Gobierno sobre las universidades nacionales».
Al justificar el voto a favor de la insistencia de la Ley de Financiamiento Universitario, el legislador radical declaró: «No nos podemos dar el lujo las naciones en la carrera por el conocimiento de desaprovechar la exploración de sus talentos». «Es falso que esto pueda quebrar el equilibrio fiscal, porque el 0,14 que prevé la oficina de presupuesto del Congreso equivale el 10 % del superávit primario», agregó.
De la otra vereda se paró el titular del bloque de diputados nacionales del PRO, Cristian Ritondo, quien embistió contra los sectores de la oposición que estaban en contra del veto a la Ley de Financiamiento Universitario, a quienes acusó de querer “golpear a un Gobierno que tiene debilidad parlamentaria”.
“No les importa la educación. Es una mentira. Lo que les importa es golpear a un gobierno que tiene debilidad parlamentaria”, afirmó al exponer en la sesión especial. “No nos vengan a hablar de educación porque si la educación pública es la de (Roberto) Baradel en la provincia de Buenos Aires, pobres los argentinos”, indicó. Ritondo aclaró que desde el PRO quieren “una educación de calidad, pero para sanear la educación hay que sanear la economía en la Argentina”.
Maximiliano Ferraro, diputado nacional de la Coalición Cívica, se mostró en sintonía con De Loredo y sostuvo que con el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, el oficialismo está conduciendo a “un claro conflicto de poderes”. “Apareció la plata en el día de ayer para tratar de sumar mayor cantidad de diputados, y para impedir hoy que tengamos los dos tercios», expresó. Al exponer en la sesión especial, Ferraro aseguró también que “había plata” para que la actualización de partidas para universidades públicas “sea retroactiva a partir de abril de este año”. «¡Mentirosos, estafadores¡ Y hay que decirlo con todas las letras, a lo que nos están llevando es a un claro conflicto de poderes”, concluyó.
Fernado Iglesias, diputado nacional del PRO, consideró en tanto que “no hay ningún plan de desmantelamiento de la universidad pública” y calificó de “mentirosos” y “caraduras” a quienes pretender instalar esa interpretación. “No estamos discutiendo el valor ni la continuidad de la universidad pública. No hay ningún plan desmantelamiento. Mienten sin pruebas los que dicen eso”, indicó. Para Iglesias, “lo que estamos discutiendo es la plata, la guita, la caja, la biyuya, los morlacos”. “El drama de la educación pública no está en la universidad. Está en la primaria y la secundaria donde se educan los más vulnerables”, sostuvo.
El Gobierno irá a la Justicia si el Congreso rechaza veto a la Ley de financiamiento universitario
Lo afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo. Sostuvo que los legisladores estarían «presentando un gasto sin contrapartida» y que ello es ilegal.
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El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró este domingo que el Gobierno recurrirá a la Justicia si el Congreso logra revertir el veto a la Ley de Financiamiento Universitario. «Están presentando un gasto sin contrapartida», se quejó.
En declaraciones al canal LN+, Caputo sostuvo que si el Congreso logra anular el veto al aumento del presupuesto a las universidades irán a la justicia. «Lo vamos a apelar porque está mal», subrayó el ministro de Economía.
«Lo que dice la ley de Administración Financiera es que el Congreso no puede presentar un gasto sin una contrapartida de financiamiento que lo justifique», argumentó Caputo.
Ante la posibilidad de que el Congreso revierta el veto e insista con la norma, el funcionario nacional sostuvo: «Probablemente lo haremos por la vía de la Justicia, o administrativa, siempre en el marco de la ley, si ésta nos da la razón».
«En realidad, lo que proponemos, que sería lo lógico, es debatir lo que quieren dentro del marco que corresponde, que es el de la ley de Presupuesto», resaltó Caputo.
En ese marco, apuntó contra los recursos de las universidades y expresó: «Tenemos el caso de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, que desde 2020 a 2023 recibió solo al 0,62% de los alumnos, es decir, 16 estudiantes. Se gastaron 100 millones de pesos por egresado: casi salía más barato mandarlos a Harvard», ironizó
En otro orden, Caputo adelantó que se cerrará el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa), al que calificó como una «caja» difícil de auditar y de transparentar su dinero.
Específicamente sobre el aumento de la luz, el gas, el agua y otros servicios pronosticó: «Naturalmente se van reduciendo, porque lo que pasó al principio es que veníamos de una base tan baja que, al inicio, el aumento en términos porcentuales fue más alto. Pero ya antes hablábamos de los falsos subsidios: no te cobran la luz, pero te cobran más con una inflación en todo lo demás que terminás pagando. La inflación la paga quien menos se puede defender».
Por último, sobre la caída en la popularidad de las encuestas en los últimos meses, evaluó: «Vamos a convencer a todos los argentinos», y enfatizó: «A algunos les va a llevar más tiempo; eso es lo único que va a cambiar. Este Presidente va a cambiar la historia de la República Argentina. Será el país que más va a sobresalir en los próximos 30 años».
Pobreza estructural en Argentina ¿Quiénes son los principales fabricantes de pobres?
Los períodos políticos con estancamiento o caída del Producto Interno Bruto y que avanzan sobre derechos sociales y laborales, además de privilegiar a grupos económicos locales e internacionales, provocan un aumento de la cantidad de pobres. Definen, a la vez, un piso más elevado de pobreza que los momentos de reversión del péndulo no pueden quebrar.
La pobreza estructural se puede explicar por las llamadas “trampas de la pobreza”, en donde generación tras generación las familias quedan atrapadas en círculos viciosos de pobreza con condiciones que se retroalimentan y empeoran su situación en el tiempo. Imagen: DALL-E editado por La Pionera de Clorinda
Existen controversias acerca de la metodología de medición de la pobreza desde hace décadas, pero cualquier serie de esta variable sensible en términos sociales y políticos muestra que desde 1976, con el golpe militar, hasta ahora, los saltos abruptos se registraron en ciclos económicos conservadores, durante o en su momento de explosión en crisis devastadoras.
Cada período no es comparable por las modificaciones realizadas en el método de medición de la pobreza. De todos modos, con diversos supuestos para hacer comparables los datos, permite concluir que los períodos políticos con estancamiento o caída del Producto Interno Bruto y que avanzan sobre derechos sociales y laborales, además de privilegiar a grupos económicos locales e internacionales, provocan un aumento de la pobreza.
El otro factor relevante es que, a la vez, van definiendo un piso más elevado de pobreza que los momentos de reversión del péndulo no pueden quebrar. Así se ha ido configurando una sociedad, cuyo rasgo distintivo en la región era la movilidad social ascendente, con núcleos cada vez más grandes de pobreza estructural.
Números
Si bien el discurso convencional ha instalado que los movimientos políticos denominados nacional y populares son una fábrica de pobres, los datos duros reflejan que no es así. Por el contrario, los datos son contundentes y, si no fuera por la inmensa red de confusión deliberada dedicada a atormentar a la población, no merecería debate.
En base a diferentes estudios académicos que se han dedicado a tratar de hacer comparables las series estadísticas, quienes han sido los promotores del retroceso social, con aumento de la cantidad de pobres por ingresos, se pueden identificar en la siguiente secuencia temporal:
La pobreza en 1975 era de 5%, antes de la interrupción violenta de un gobierno democrático por parte de las Fuerzas Armadas.
En octubre de 1982, con la dictadura militar en retirada, había subido a 22%.
Tres años después (en octubre de 1985), en el gobierno de Alfonsín, había bajado al mínimo del 14% durante este ciclo político (no volvió al 5% que recibió la dictadura), pero en mayo de 1989 (el comienzo de la hiperinflación) trepó al 20%.
Los diez años y medio del gobierno de Menem terminaron con un nivel de pobreza del 27%.
En octubre de 2001, con la gestión de Fernando de la Rúa, subió a 46%, y con el estallido de la convertibilidad con megadevaluación, trepó al récord de 65,5% en 2003.
El ciclo político del kirchnerismo, que desplegó una activa política social, previsional y laboral, culminó con un índice de pobreza del 30% (no pudo volver al 27% que dejó de piso el gobierno de Menem).
El gobierno de Mauricio Macri culminó con un índice de pobreza, en la segunda mitad del 2019, de 35,5%, estableciendo un nuevo piso más elevado.
La gestión de Alberto Fernández, en el segundo trimestre de 2023, culmina con un índice de 41,7%.
Ahora, en apenas 6 meses de gobierno de Javier Milei, trepó a 52,9%.
En este largo período, la pobreza por ingresos va subiendo, con momentos de retroceso por la estabilidad de precios (con el Plan Austral de Alfonsín y con la convertibilidad de Menem) o por crecimiento económico con medidas redistributivas (Asignación Universal por Hijo, moratoria previsional y creación de empleos en el kirchnerismo), y definiendo al mismo tiempo un universo cada vez más elevado de hogares pobres por ingresos.
Los ciclos de recuperación social se quedaron sin nafta (o sea, sin dólares) para continuar motorizando el crecimiento y, al final, no pudieron seguir bajando la pobreza, e incluso registraron subas desde mínimos alcanzados en esos años.
En definitiva, para no caer en las trampas analíticas de las fuerzas políticas y mediáticas conservadoras, Argentina se ha convertido en un país con una población cada vez más pobre debido a la expansión de proyectos políticos regresivos. Fueron y siguen siendo una fábrica de pobres.
Cómo se mide la pobreza por ingresos
Indice de pobreza de 1992 a 2024. Imagen: Página 12
Los resultados del primer semestre de 2024, presentados por el Indec, correspondientes al total de aglomerados urbanos, registraron que el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza (LP) alcanzó el 42,5%; en ellos reside el 52,9% de las personas.
Dentro de este conjunto se distingue un 13,6% de hogares por debajo de la línea de indigencia (LI), que incluyen a 18,1% de las personas.
Esto implica que, para el universo de los 31 aglomerados urbanos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), por debajo de la LP se encuentran 4.319.760 hogares, que representan 15.685.603 personas; y, dentro de ese conjunto, 1.378.142 hogares se encuentran por debajo de la LI, que implica 5.379.588 personas indigentes.
Esta medición monetaria de la pobreza se realiza sobre la base de la EPH que elabora el Indec y mide dos variables:
Determina si los ingresos de una familia son suficientes para cubrir una canasta básica de alimentos (CBA), que contiene ciertos nutrientes que tienen por objetivo cubrir un umbral mínimo de necesidades energéticas. A esto se denomina “línea de indigencia”.
Se agrega a estos gastos básicos otras necesidades no alimentarias como la vivienda, la educación, la salud o el transporte. A esto se denomina canasta básica total (CBT) y determina la “línea de pobreza”.
¿Más pobres que en países pobres?
La pobreza monetaria se mide en la Argentina como se hace en otros países de la región: valorizando una canasta básica de alimentos, dándole un valor monetario y comparando ese valor con el ingreso que perciben las familias. Pero el cálculo en Argentina es más exigente que el resto.
Por este motivo, informa niveles de pobreza similares y hasta superiores a países que históricamente han tenido una mayor cantidad de población pobre.
Para determinar la composición de la canasta básica alimentaria se pondera cuáles son los requerimientos energéticos de la población y qué tipo de productos utiliza tradicionalmente para cubrir esas necesidades.
Estos datos surgen de la Encuesta de Gastos de los Hogares y actualmente se utilizan los resultados publicados en 2005, evidentemente desactualizados y, por lo tanto, debilita la evaluación sobre cuál es la magnitud y profundidad de la pobreza.
Con esta información se selecciona una canasta de productos básicos, cuyo valor monetario es actualizado mensualmente en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Este nivel de sobreexigencia en las canastas de consumo fue la arbitraria movida política del Indec de Macri -mediante la modificación de la metodología de elaboración del indicador- para anotar un nivel de pobreza más elevado, atribuido como herencia del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
En este caso de alteración en la elaboración de indicadores estadísticos hubo amplia complicidad para avalarla, motivada por el conflicto de arrastre con las estadísticas durante el kirchnerismo.
Qué es la pobreza multidimensional
El índice de pobreza multidimensional nace del concepto de desarrollo humano, propuesto por Amartya Sen en los años ochenta, que habla del desarrollo como la libertad que tiene el individuo de poder acceder a aquello que quiere hacer. Y para ello necesitas una serie de capacidades más allá del dinero. Es decir, existen más variables que te dan la libertad para ser lo que quieres ser. Imagen: Página 12
Una forma de eludir la discusión sobre cifras de la pobreza por ingresos es incorporar en el debate un indicador que permite una evaluación acerca de la calidad de vida de la población: el índice de pobreza multidimensional.
Es complementario de la medición de la pobreza por ingresos monetarios eidentifica de manera directa las carencias, sin depender así de supuesto alguno respecto al comportamiento de los hogares con sus recursos monetarios para la satisfacción de necesidades básicas.
Esta medición busca resaltar las dimensiones en las que la población padece carencias y exhibe cómo se interrelacionan en una realidad social compleja. Esto permite a los funcionarios encargados de políticas estatales asignar los recursos y diseñar las acciones de un modo más eficaz. No sería el caso en el gobierno de Milei, que no sólo pulveriza los ingresos monetarios de la mayoría de la población, sino que desfinancia planes para desarrollar áreas (salud, educación, servicios públicos, obras públicas) que mejoran el bienestar familiar.
El abordaje analítico de pobreza con criterio multidimensional permite observar las condiciones de vida de las personas y familias vulneradas en sus derechos y así incidir de una manera más apropiada en la toma de decisiones sobre políticas públicas.
Un enfoque integral
En los últimos años distintos países comenzaron a desarrollar diversos procesos de modernización y actualización metodológica, a partir de los cuales lograron complementar el enfoque de pobreza por ingresos con un enfoque de privación multidimensional.
Existe consenso respecto de la necesidad de que los países dispongan de mediciones multidimensionales de pobreza, a fin de contar con información complementaria a la obtenida por mediciones basadas en ingresos monetarios.
Diversos países, particularmente en América latina, optaron en el último tiempo por avanzar en la complementación del enfoque tradicional de pobreza por ingresos con el enfoque de pobreza multidimensional. En Colombia, Ecuador, Costa Rica, Chile, El Salvador y Brasil toman a los hogares como unidad de análisis, mientras que México toma a las personas. Uruguay presenta dos ejercicios, en uno toma a las personas y en el otro a los hogares. En la mayoría de los casos, la presentación de la pobreza multidimensional se complementa con la pobreza por ingresos.
Los indicadores involucrados se refieren a vivienda, hábitat y servicios básicos; educación; empleo y protección social; y salud. Al interior de cada uno se definen precariedad de los materiales de la vivienda, hacinamiento, tenencia insegura de la vivienda, condiciones sanitarias deficientes, ubicación de la vivienda en zona vulnerable, inasistencia a un establecimiento educativo en las edades obligatorias, rezago escolar de los asistentes, logro educativo insuficiente, dificultades para acceder al empleo remunerado, precariedad laboral de los trabajadores, déficit de cobertura previsional de los adultos mayores y ausencia de doble cobertura de salud (obra social o prepaga).
No es para calcular si hay más pobres, sino para comprender la dimensión de la pobreza
Como se puede evaluar, cada uno de estas condiciones definen la calidad de vida de los hogares y de sus integrantes, lo que implica criterios más abarcativos que el del ingreso monetario de la familia.
Una forma de dar cuenta de la multidimensionalidad de la pobreza es si un hogar presenta privaciones en al menos dos indicadores de distintas dimensiones. Por ejemplo, una privación en la dimensión vivienda (hacinamiento) y otra en la de educación (rezago escolar).
Como no existe la elaboración oficial periódica de este indicador, se rescata el publicado por el Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales (Siempro), en el segundo semestre de 2020, con un método integrado (incluyendo el aspecto monetario), el cual permite cruzar la pobreza monetaria con la pobreza multidimensional. Considerando este método, un 58,1% de la población (45,9% de los hogares) presentaba al menos una de estas dos situaciones de pobreza -monetaria o no monetaria-. El indicador tradicional del Indec de pobreza por ingresos era del 42% de la población.
Si, ahora con Milei, la pobreza que mide el Indec alcanzó el 52,9%, ¿cuál sería el porcentaje de la pobreza multidimensional continuando la misma proporción del 2020 en un contexto de abandono del Estado y deterioro en cada una de las condiciones de este indicador?
El Gobierno habilitará a las universidades a que le cobren aranceles a extranjeros
La medida prevista en el texto original de la Ley Bases, que finalmente fue quitada. Ahora el Gobierno la implementará mediante un decreto que Javier Milei firmará en los próximos días.
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Las universidades siguen ocupando la agenda del presidente Javier Milei, porque finalmente la administración nacional cumplirá otra de sus promesas de campaña respecto de la educación pública superior.
En las últimas horas se confirmó que Gobierno habilitará a las universidades a que le cobren aranceles a extranjeros no residentes en el país. Por lo que los extranjeros que ya tienen su residencia en la Argentina seguirán gozando de la gratuidad en las universidades estatales.
De todos modos queda por ver cómo se implementará esta medida y qué universidades se plegaran a la medida y cuáles no.
Además, el Gobierno modificará los criterios para distribuir los recursos a las diferentes casas de altos estudios. A futuro se tendrá en cuenta la relación entre cantidad de alumnos y graduados.
Qué decía la Ley Bases sobre el arancelamiento universitario
En el texto original de la Ley Bases que Javier Milei envió al Congreso, se reservaba al Poder Ejecutivo “establecer aranceles para los servicios de enseñanza de grado o de trayectos educativos” para el estudiante que no sea “ciudadano argentino nativo o por opción” y para extranjeros que no contarán con residencia permanente en el país.
“No obstante, dichos estudiantes podrán ser titulares de becas, en caso en que ello sea previsto por los estatutos correspondientes o por los convenios del párrafo siguiente. Las instituciones de educación superior de gestión estatal podrán suscribir acuerdos o convenios con otros Estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales, públicos o privados, tendientes a compartir recursos de todo tipo e implementar las mejores prácticas en materia de educación y de gestión de organismos educativos, así como para fomentar intercambios y procesos educativos conjuntos o en asociación mutua”, se aclaraba.
Sin embargo, este punto fue excluido durante el proceso que culminó en la aprobación del proyecto en el Congreso Nacional.
Anuncian la reestructuración de la Casa de Moneda y la disolución de la ex Ciccone
«Es una una imprenta estatal con severas ineficiencias que se encarga de imprimir billetes, pasaportes, patentes de autos y estampillas”, declaró Manuel Adorni, vocero presidencial, al anunciar la medida.
Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/
El Gobierno nacional anunció este jueves en forma oficial la disolución de la Compañía de Valores Sudamericana, nombre actual de la ex empresa Ciccone Calcográfica, y la reestructuración de la Casa de Moneda.
De esta forma lo indicó el vocero presidencial Manuel Adorni, quien la definió como “una imprenta estatal con severas ineficiencias que se encarga de imprimir billetes, pasaportes, patentes de autos y estampillas”.
“El Gobierno Nacional va a avanzar con la disolución de la Compañía de Valores Sudamericana, la ex Ciccone Calcográfica, como se la conoce popularmente, recordada por seguramente uno de los casos de corrupción más grandes de las últimas décadas”, comunicó portavoz en la habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.
Según Adorni, “la mala administración anterior implicó un despilfarro de recursos, con deudas que hoy ascienden a los US$ 371 millones, un patrimonio negativo de US$ 78 millones y un resultado bruto negativo de US$ 20,5 millones”.
“Cabe resaltar que la decisión del kirchnerismo de negarse a emitir billetes de mayor denominación desde el año 2020 se gastaron 4.700 millones de dólares en importar billetes. Por si no se entiende, se gastaron 4.700 millones de dólares en importar billetes para solventar la caza de la moneda, que es quien debería haber abastecido a la Argentina de estos billetes”, completó el vocero.
La ex Ciccone estaba destinada a imprimir papel moneda y otra documentación oficial del Estado nacional. Por la maniobra de adquirirla a través de la firma The Old Fun, el ex vicepresidente del kirchnerismo Amado Boudou fue condenado a 5 años y 10 meses en 2018 por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.
Para el vocero, la empresa configura «un delirio que representa fielmente la gestión de (Sergio) Massa, (Alberto) Fernández y la presidenta de Instituto Patria, Cristina Kirchner».
Por su parte, detalló que bajo la gestión de Unión por la Patria (UxP) se contrataron 211 empleados que conformaban un total de 1.300 empleados.
También cuestionó el jardín de infantes «La Monedita», que funciona en el lugar, al asegurar que gastaban en promedio 1,2 millón de pesos por cada niño.
“La Monedita es paradigmático porque tenía 60 niños que iban allí al jardín y había 31 personas empleadas. Había prácticamente, cada dos chicos, una persona allí contratada. Además, tenían, por ejemplo, un servicio médico con ocho empleados, que hace cuatro años tenía solamente dos, y gastaban en ese servicio médico 370.000 dólares por año. Imaginen el presupuesto, el despilfarro que hasta tenían dinero para administrar dentro de este delirio un jardín de infantes”, expresó Adorni.
Mientras que Adorni sostuvo que «en la Argentina que ya no imprime billetes para financiar a la política poco sentido tiene seguir con este absoluto despilfarro para mantener una estructura al servicio de los degenerados fiscales», y concluyó: «La readecuación de la Casa de la Moneda es el último clavo en el ataúd de la inflación».
La respuesta de ATE ante el anuncio
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) desarrolló este jueves a una protesta en la puerta de la Casa de la Moneda, luego del anuncio realizado por el Gobierno.
“Casa de Moneda no se vende. Estamos acá para decirle al gobierno que vamos a defender todos los puestos de trabajo. Acá hay soberanía, acá hay historia”, escribió en su cuenta de X Daniel «Tano» Catalano, Secretario General de ATE Capital
“ATE pelea por cada laburante y por un Estado presente”, agregó junto con una serie de fotos de la jornada de protesta.
Cuál fue la primera reacción del Gobierno nacional tras la marcha universitaria
Ante la multitud que se congregó en el Congreso, Javier Milei estuvo activo en las redes sociales y en Casa Rosada dieron su versión de lo ocurrido.
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LES TAPÓ LA MAREA Y TUVIERON QUE SACAR LA CABEZA PARA ESCUPIR ESTRELLAS DE MAR
El Gobierno nacional reaccionó ante la multitudinaria marcha en defensa de la educación pública que se tuvo como punto central al Congreso y que se replicó en varias ciudades del Interior el país. El propio Javier Milei, fiel a su estilo, se encargó de replicar posteos en sus redes sociales que hablaban de una protesta “meramente política”.
Con su gran actividad habitual en las redes sociales, compartió tuits en contra de la marcha de diversos usuarios.
Antes de la marcha, el Gobierno ya había sacado conclusiones. “Es la política subiéndose a un reclamo genuino y noble”, era el diagnóstico que hacían en la Casa Rosada, donde se apuraban a aclarar que después de la protesta “no va a haber una oferta superadora: el 6,8% de aumento es el máximo posible en este momento”, según recoge el diario Clarín.
“Es muy burdo y evidente que es una marcha política, está todo el tren fantasma completo, como en la elección del año pasado: se está cumpliendo lo que habíamos dicho que todo esto es político”, acota el citado medio.
Por su parte, en el Gobierno nacional admiten que se trata de un reclamo legítimo, pero argumentan no tener los fondos para sustentarlo, por lo que avanzarán con la voluntad de vetar la Ley de Financiamiento Universitario, pese a que aún no estén los votos para respaldarlo.
“El problema no es con las universidades, es con el Congreso”, planteó una alta fuente libertaria que direccionó los dardos contra los diputados opositores por votar proyectos “sin sustento financiero”.
En el Poder Ejecutivo se esperanza con volver a contar con el respaldo de los 87 “héroes” que hasta el momento se mantienen en silencio, si la oposición insiste con la ley, y descansan en la muñeca del titular de la Cámara de Diputados, Martin Menem, dedicado a la tarea de sumar voluntades que no aparecen.
Enciende las alarmas la actitud del PRO que, pese al asado en la quinta de Olivos y las continuas mesas de trabajo con representantes del Poder Ejecutivo y legisladores de La Libertad Avanza, no ha expresado su compromiso de acompañar la decisión del presidente Javier Milei como sucedió con la actualización de jubilaciones.
“Confiamos en que el PRO pueda actuar orgánicamente. Tanto el presidente del partido como el jefe de bloque”, revelaron ante esta agencia fuentes legislativas en alusión al expresidente Mauricio Macri y a Cristian Ritondo.
En Balcarce 50 piensan igual: “Si no apoya el PRO sería un acto de mezquindad fuerte. El Presidente se hizo presidente votando cosas impopulares”, se jactaron en la previa a la masiva protesta que tendrá lugar esta tarde en las inmediaciones del Congreso.
Desde el partido amarrillo aclaran que continúan debatiendo la posición, y adelantan que “hasta que no haya veto no harán pública su decisión”. Lo cierto es que el mandatario tiene en mente publicar el rechazo de la Ley de Financiamiento Universitario -que afectaría tan solo al 0,14% del PBI- en el Boletín Oficial del jueves, para evitar cualquier lectura política de su determinación.
“No queríamos hacer nada que pareciera que buscábamos incentivar un conflicto”, argumentaron por los pasillos de Casa Rosada respecto a la decisión de avanzar con el veto sobre la fecha limite, una vez cumplidos los 10 días hábiles desde que el proyecto fue enviado al Poder Ejecutivo.
Para Milei, el equilibrio fiscal es innegociable, y si bien desde su entorno admiten que se trata de un reclamo legítimo, plantean que la actualización de los fondos debe discutirse en el Congreso, en el marco del debate del Presupuesto 2025.
En la mesa chica libertaria se anticipan a todos los escenarios y la posibilidad de rechazo del veto es una opción de no conseguir los votos necesarios. “La plata de algún lado tendrá que salir», vaticinan en caso de que el Congreso le de la espalda a la voluntad del jefe de Estado.
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