La decisión fue formalizada mediante la Resolución 150/2025 publicada en el Boletín Oficial para completar el proceso de cierre del área dependiente del Ministerio de Economía, que paulatinamente fue sufriendo recortes en su financiamiento y programas, como el Plan Procear, hasta la actual disolución.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, precisó en su cuenta de X que la normativa “transfiere a disponibilidad a la planta de la secretaría” y que al sumar a los contratados, la reducción de personal alcanza a 500 personas. Además reveló que el área contaba con un “número indefinido de auditores contratados a través de universidades que también se descontinúan”.

En este marco remarcó que “computar el ahorro para el contribuyente es fácil” puntualizando que “sin considerar lo de universidades, a un sueldo promedio de 1 millón de pesos por empleado son 6.500 millones de pesos por año de impuestos que ya no habrá que cobrar”, sobre lo que indicó que “el valor presente de este gasto son 130.000 millones”.

Al valorizar la medida, el funcionario sostuvo que “la racionalización del gasto público para poder seguir bajando impuestos y devolverles capacidad de gasto al sector privado es un imperativo que nos exige el presidente Javier Milei”.

Asimismo, apuntó contra la tarea que orientaba el trabajo de la secretaría asegurando que “la construcción estatal de viviendas es una mala política habitacional” señalando que “tiende a aislar a la gente del mercado laboral, ni hablar de su tendencia a la corrupción” y consideró que “en todo caso, es una tarea provincial o municipal”.

La medida profundiza el recorte del empleo público que viene llevando a cabo el gobierno de Javier Milei desde su comienzo, en pos de achicar el gasto del Estado. A mediados de enero, también se dispuso el pase a disponibilidad de otros 150 empleados estatales del Ministerio de Economía por la disolución de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables.

A lo largo del 2024, el Gobierno desvinculó a 37.595 trabajadores públicos, de los cuales 22.302 pertenecían a la Administración Centralizada y Descentralizada, 12.410 se desempeñaban en empresas del Estado y 2.883 actuaban como personal de seguridad y militar, según los datos oficiales.