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El Gobierno denunció a la jueza porteña que liberó a los detenidos en la marcha de jubilados

El Gobierno denunció a la jueza porteña que liberó a los detenidos en la marcha de jubilados

La denuncia es por los delitos de “prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento”, luego de que liberara a los 114 detenidos en la protesta que tuvo lugar en las inmediaciones del Congreso.

La ministra de Seguridad

Fuente https://www.diariopopular.com.ar/

BI IDEA TIENEN SOBRE LA DIVISIÓN DE PODERES Y LAS FACULTADES DE CADA UNO DE ELLOS,

ALGUIEN TENIA RAZÓN AL IDENTIFICARLOS COMO ASPIRANTES A DICTADORZUELOS

El Gobierno Nacional denunció penalmente a la jueza porteña Karina Andrade por los delitos de “prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento”, luego de que liberara a los 114 detenidos en la protesta que tuvo lugar en las inmediaciones del Congreso.

Por instrucción de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el abogado de la cartera Fernando Soto presentó una denuncia penal contra la magistrada, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que se la acusa de haber cometido “graves irregularidades».

En el Poder Ejecutivo consideran que Andrade ordenó la liberación de 114 detenidos “sin haber analizado las pruebas, sin considerar los antecedentes penales de los implicados y sin respetar los procedimientos legales vigentes”.

Según el escrito, en la administración libertaria aseguran que la magistrada “intervino arbitrariamente en un procedimiento de flagrancia, que es competencia del Ministerio Público Fiscal, y tomó su decisión sin contar con los elementos de prueba necesarios”.

Otro de los puntos que se le critica fue la decisión de la jueza de dictar la resolución a través de un chat de WhatsApp, ya que consideran que eso impidió que se establezca un registro oficial de la decisión y de dar intervención formal a la Fiscalía.

“La resolución de la jueza Karina Andrade, que rápidamente dispuso la libertad de casi todos los detenidos, consistió en un grave incumplimiento a las normas penales en vigencia. Encima todo ello sin dejar registro oficial, sin la intervención de los representantes de las partes ni a las Personas Víctimas de los hechos cometidos, siendo que existen Leyes Locales y Nacionales que expresamente regulan los derechos de las víctimas”, cuestionaron desde el Ministerio de Seguridad.

En la misma línea, expresaron: “Lo resuelto por la Juez Andrade carece de fundamentos en los hechos y el derecho aplicable, pues omitiendo la aplicación de las normas antes mencionadas, sin declarar su inconstitucionalidad, resolvió en base a meros argumentos aplicados en abstracto y, lo que es más grave, sin siquiera haber visto las actuaciones, como surge del punto final donde dispone pedirlas a la fiscalía”.

Asimismo, aseguraron que la decisión de liberar a los detenidos de la marcha que tuvo lugar el pasado 12 de marzo configuró “un mero acto de voluntad de la juez, basado en pura ideología”.

Además, plantearon que la magistrada permitió que defensores no designados intervinieran en el proceso, y la acusan de haber incumplido con el procedimiento de flagrancia que determina que el Fiscal tiene la responsabilidad primaria de evaluar la detención.

“La gravedad de los hechos que motivaron la intervención judicial, que fueron puestos de manifiesto por todos los medios de información y necesariamente debió haber sido mencionado en las comunicaciones que reconoció haber recibido, no pueden a priori enmarcarse en un regular y legítimo derecho a manifestar”, criticaron.

Por último, puntualizaron que “tirar piedras, quemar patrulleros, incendiar recipientes de basura y destruir bienes públicos no son formas legitimas de reclamar” sino que son constitutivas de delito.

Por su parte, la jueza aseguró que resolvió con los elementos que tuvo “a disposición”, y pidió diferenciar “la respuesta rápida de la expectativa del Estado de investigar hechos delictivos”.

Andrade destacó además que su decisión se basó en la protección del derecho a la protesta y la libertad de expresión, garantizados por la Constitución Nacional. «Mi sentencia dejó claro cuál es el ABC de la detención de una persona en nuestro país. Mi argumento fue estrictamente jurídico y apegado a la Constitución», afirmó.

Se trata de la segunda denuncia que presenta el Gobierno, luego de que el pasado viernes señalara como posibles responsables de los episodios de violencia al ex líder montonero Mario Firmenich; a los intendentes de La Matanza, Fernando Espinoza, y de Lomas de Zamora, Federico Otermín, y a grupos organizados y los acusara por los delitos de Sedición, Atentado al Orden Constitucional y la Vida Democrática y Asociación Ilícita Agravada

 

El Poder Ejecutivo envió a la Legislatura el proyecto del Presupuesto Provincial 2025

El Poder Ejecutivo envió a la Legislatura el proyecto del Presupuesto Provincial 2025

Aseguran que el cálculo de gastos e ingresos del año próximo “refleja una administración responsable” de la gestión Insfrán

El Poder Ejecutivo envió a la Legislatura el proyecto del Presupuesto  Provincial 2025 - Diario La Mañana

Fuente: https_www.lamañanaonline.com.ar
El subsecretario de Hacienda y Finanzas, el contador Miguel Antinori, confirmó que el Poder Ejecutivo ya envió a la Legislatura el proyecto del Presupuesto Provincial 2025, de acuerdo a lo que establece la Constitución en su artículo 142, inciso 6.

Al respecto, el funcionario recordó que dentro del Capítulo de Atribuciones y Deberes de la Carta Magna provincial, el Ejecutivo debe remitir 30 días antes de finalizar las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados el proyecto de presupuesto del próximo ejercicio.

 

“Tal como año a año el gobernador Gildo Insfrán atiende esa medida, lo ha hecho en este año nuevamente”, destacó.

Al detallar aspectos del Presupuesto, señaló que “en síntesis, el comportamiento plurianual que tiene el perfil de diseño de la matriz presupuestaria no ha cambiado prácticamente en todo este tiempo de desempeño político del Gobernador”.

Recordó que en los inicios de la gestión “comenzamos con una deuda importante que condicionaba el desempeño del Poder Ejecutivo”, significando que “eso fue superándose y hoy, con una referencia importante en lo que es prácticamente un desendeudamiento trascendente que ha logrado el Gobernador en su momento, allá por el año 2010, se ha sostenido, porque bueno es decirlo, no siempre es quedarse en el logro, sino en el sostenimiento de ese logro”.

“Por lo tanto -añadió Antinori-, hoy uno advierte en los indicadores del presupuesto que estamos prácticamente con una incidencia del 0,5% en la atención de los servicios de deuda. Desde ahí, el Poder Ejecutivo, en este caso el Gobernador, define un criterio, una estructura de aplicación de los recursos que está eminentemente direccionada básicamente a sostener el cumplimiento de las obligaciones con el principal acreedor del sector público, que son los agentes que lo dinamizan en la gestión”, apuntó.

 

Empleo público

En cuanto al rubro del empleo público, el contador Antinori hizo notar que referentes opositores suelen hacer referencia al supuesto sobreempleo público en la provincia, y en este punto, remarcó que “en el año 2017, en la Ley de Responsabilidad Fiscal, se insertó una regla que se llama Regla de Empleo, y la matriz de definición era que se tomaba, en ese momento, cómo estaba compuesta la estructura de cargos públicos respecto de la población de cada jurisdicción”.

Precisó que “Formosa arrancó con una referencia de 72.9 cargos ocupados por cada mil habitantes. En esa relación, para traducirla en modo gráfico, más o menos en otros valores pero equivalentes, estamos hablando de una población de alrededor de 43.000 agentes estatales, con un nivel calculado o estimado de población al 30 de diciembre de 2023, de 630.000 aproximadamente habitantes”.

Precisó que “esa relación está hablando más o menos de que un 6,8, un 7% de la población es agente estatal. O sea, estamos hablando de 72.9 cargos ocupados por cada mil habitantes. Eso para referenciar de que Formosa no está sobre-empleada en la estructura de la composición de los agentes estatales”, enfatizó.

Sobre este tema, recordó que “hace poco una legisladora provincial (por Gabriela Neme) habló de que de cada 100 personas, 68 son agentes públicos. Por lo tanto, se advierte la ignorancia, yo entiendo que hay ignorancia o animosidad en la expresión de denostar un servicio que, para empezar, no se descalifica, es un agente del Estado, es un empleado público”, lamentó el subsecretario de Hacienda.

Explicó que ese porcentaje se divide en salud, educación y seguridad. Estamos ahí en alrededor de 17.500 docentes, 7.500 integrantes del escalafón seguridad y alrededor de 7 mil integrantes del escalafón salud.

Hizo notar que “eso marca plenamente una administración responsable en la incorporación de agentes, básicamente respondiendo a la demanda que ha conformado la población vinculada a lo que es la infraestructura en materia de salud, infraestructura en materia educativa y lo que es la referencia en materia de seguridad”.

“Quiero dejar sentado que la relación que tenemos está sostenida por la evaluación que nos hace año a año el Consejo de Responsabilidad Fiscal que lo estableció la Ley 25.917, modificada por la 27.428 y que evalúa todas las jurisdicciones del país. En ese sentido, estamos cumpliendo una regla de razonabilidad del empleo público, lo que no es menor”, concluyó.

Aunque el Gobierno lo niega, Nicolás Posse podría dejar el Ejecutivo

Aunque el Gobierno lo niega, Nicolás Posse podría dejar el Ejecutivo

“Es absolutamente falso”, declaró este jueves el vocero presidencial, Manuel Adorni, cuando se lo consultó sobre una posible salida de quien está a cargo de la Jefatura de Gabinete.

Nicolás Posse

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

Luego de que se ausentara de la presentación del libro del presidente Javier Milei en el Luna Park, las versiones sobre una salida del Gobierno de Nicolás Posse, quien actualmente tiene a su cargo la crucial Jefatura de Ministros, volvieron a tomar fuerza en las últimas horas. Quien tomó la palabra para desmentir una posible salida fue Manuel Adorni, el vocero presidencial: “Es absolutamente falso”.

“Con respecto a las versiones, se suma a tantas otras que desmiento desde el 11 de diciembre. Pasamos por (Guillermo) Francos, (Sandra) Pettovello, (Luis) Caputo, conmigo, y ahora Nicolás Posse e involucrando a Patricia Bullrich”, planteó el funcionario que a diario comunica las novedades relacionadas con el Ejecutivo.

Más allá de las especulaciones generadas tras el faltazo del miércoles por la noche, este jueves por la mañana Posse encabezó la reunión de ministros semanal ante la ausencia del mandatario. Su presencia se dio en el marco de un creciente malestar por su accionar en la mesa chica libertaria. Desde su entorno dijeron a Infobae que «tenía planeado ir», pero no explicaron los motivos que lo llevaron finalmente a no estar presente para escuchar cantar (y contar) al Presidente.

“Si en algún momento ocurre algún cambio que valga la pena, lo voy a comunicar. Ocurrió en su momento con algún ministro, y no hay nada que haya pasado. La versión es poco relevante porque internamente tuvimos una reunión de gabinete de dos horas”, detalló Adorni, quien luego negó la posibilidad de que la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, suceda a Posse en el cargo.

A cinco meses de gestión, hay cierto malestar en un sector de los libertarios con un funcionario que perdió facultades y presupuesto a manos de la Secretaría General de la Presidencia. A pesar de ser el mayor garante de la motosierra en su área y de las coincidencias en el éxito del ingeniero en la actividad privada y en su destacada inteligencia, Karina Milei le cuestiona los tiempos en la gestión y la falta de intervención en las negociaciones para obtener las medidas económicas correspondientes al programa libertario.

 

El Concejo Deliberante autorizó a la Municipalidad a comprar colectivos

El Concejo Deliberante autorizó a la Municipalidad a comprar colectivos

Vecinos del Lote 110 y 111 exigieron transporte en la sesión. Afirman que no tienen bandera política, sino la necesidad de contar con los colectivos para que sus hijos puedan ir a la Escuela. Hay total hermetismo de Crucero del Sur y la UTA sobre el pago de lo que se les adeuda

El Concejo Deliberante autorizó a la Municipalidad a comprar colectivos -  Diario La Mañana

Fuente:
El Concejo Deliberante capitalino autorizó a la Municipalidad a comprar colectivos, en un paso fundamental para la conformación de un nuevo servicio de transporte en la ciudad, ante la inminente salida de Crucero del Sur.

Puntualmente, los ediles aprobaron un artículo que autoriza “la compra directa de automotores para transporte público”, sin especificar el modo de financiamiento ni si el Ejecutivo puede endeudarse para ello, según detalló  el concejal Patricio Evans, de Nuevo País.

Ya se había adelantado que el plan de la Comuna es adquirir unidades y armar un nuevo esquema con la probable participación de capitales privados, para conformar una empresa mixta.

Por su parte, desde Crucero del Sur y la Unión Tranviarios Automotor guardan silencio respecto a si se concretó el pago de uno de los tres sueldos que se adeuda a los trabajadores, lo que acercaría al menos un poco a un principio de solución al conflicto, como paso previo al retiro de la empresa, que dejará la ciudad. Para ello habrá que rescindir el contrato, pero la Comuna exigió que se ponga al día con los empleados e indemnice a los que se consideraron despedidos.

Reclamo

Durante la sesión, un grupo de vecinos de los barrios 110 y 111 se hizo presente en el Concejo Deliberante reclamando a viva voz que se vuelva a prestar el servicio de transporte público. Una parte de los manifestantes pudo ingresar al edificio legislativo comunal, mientras otros aguardaron afuera.

 

“Queremos transporte”, cantaron mientras los ediles llevaban adelante la sesión ordinaria, que no tuvo en el temario del día ningún expediente relacionado a la situación de los colectivos en la ciudad.

Los vecinos habían advertido que la manifestación sería espontánea y no se realizaba bajo banderas políticas, sino que respondió a la necesidad de que sus hijos cuenten con el servicio para ir a la escuela, dado que deben caminar largas distancias para concurrir a clases todos los días o pagar transportes más costosos.

No puedo pagar un remis o taxi para que mi hijo vaya a la escuela”, remarcó una de las madres que concurrieron asegurando que, por este motivo, el niño falta a clases más de una vez por semana. Según dijo a La Mañana, en la institución entienden la situación, pero si bien se justifican las inasistencias, lamenta que su hijo pierde clases y no aprende lo que debe.

Esta es la primera de las dos manifestaciones que habrá esta semana reclamando la restitución del servicio de transporte, dado que este sábado, comerciantes y vecinos también exigirán lo mismo.

Será en las plazas de cada barrio, justamente para hacer notar que no es posible una concentración en un lugar único por no contar con movilidad.

Los dueños de negocios afirman que las ventas se derrumban porque no hay gente circulando, sobre todo en el centro, por falta de colectivos, mientras que los particulares reiterarán la preocupación por la situación de estudiantes y trabajadores.

Remises piden disminuir las exigencias para el servicio

También en lo referente al transporte, agencias de remises se reunieron con la Comisión de Transporte y Tránsito del Concejo Deliberante para exigir “igualdad de condiciones” para competir con Uber, lo que significa una marcada disminución de requisitos para el servicio de remises.

En una lista que presentaron a los concejales, pidieron que se les deje de exigir el color blanco para los autos, porque plotearlo de ese color vale entre $ 200.000 y $ 300.000. También que se elimine el uso del odómetro y, en cambio, se implemente una aplicación provista por la Municipalidad, dando libertad a que cada agencia decida la tarifa para su servicio. Otra propuesta es que se vuelva al sistema antiguo, cuando el conductor consultaba a la base la tarifa según la distancia recorrida, y desde allí le informan según lo establecido por la Comuna.

Del mismo modo, reclaman que las agencias ya no estén obligadas a contar con playa de estacionamiento, que no se exija más licencia de conducir profesional a los remiseros ni carnet de sanidad.

Tampoco quieren que sea obligatoria la fumigación de sus sedes y que los vehículos afectados al servicio tengan libre estacionamiento en la ciudad, respetando las normas de tránsito establecidas.

Consultado por La Mañana, el propietario de Remises Norte, Luis Esquivel, aseguró que muchos remiseros trabajan con Uber porque “tienen que llevar algo a la casa”, pero que con esa aplicación se trabaja a pérdida porque las tarifas que aplica “no tienen en cuenta el valor del bien”, es decir, del vehículo.

“Nosotros desde la agencia somos un nexo entre el pasajero y el móvil. Defendemos al pasajero porque necesitamos de los llamados, pero también necesitamos de los vehículos”, señaló.

Mencionó la necesidad de que se extienda la antigüedad de los autos afectados al servicio, dado que Uber acepta desde modelo 2004. Solicitan además que se deje de pedir RTO cada seis meses o un año, también para ponerlos en igualdad de condiciones con la aplicación.

Ante lo que consideró una “competencia desleal” de Uber, Esquivel afirmó que los concejales, tanto de la oposición como del oficialismo, estaban de acuerdo con lo planteado y que verían de elaborar una ordenanza nueva o cambiar artículos que de la que está vigente.

El propietario de Remises Norte expresó finalmente que si bien están contemplados como un servicio público, deberían ser catalogados como servicio privado, de lo contrario, antes debieron haber tenido subsidios como los colectivos.