En declaraciones radiales, Francos aseguró que «no se puede confiar» en el presidente venezolano, Nicolás Maduro. «No podemos confiar en que no ocurra cualquier cosa», insistió. Y agregó: «Creo que es un error. El Gobierno intentó que no se realice. Por ahí no pasa nada, pero es una responsabilidad del Gobierno si sucede».

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se había expresado días atrás en la misma línea, al asegurar que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) tenía que considerar el cambio de la sede del campeonato Sudamericano por el riesgo de que los jugadores sean tomados de «rehenes».

«¿Se puede hacer en Venezuela un Sudamericano? Habrá que cambiar de sede, la Conmebol lo tendrá que pensar. ¿Argentina va a mandar chicos que los pueden secuestrar?», planteó Bullrich en una entrevista televisiva.

La Ministra enfatizó su inquietud e hizo una comparación entre el caso del gendarme detenido y un eventual riesgo para los jugadores: “¿Qué diferencia hay entre un gendarme y un jugador de fútbol? Lo pueden acusar de cualquier cosa, como si hubiéramos mandado a un policía disfrazado de futbolista. Es un riesgo inaceptable”.

La tensión diplomática entre Argentina y Venezuela se intensificó luego de la detención del gendarme Nahuel Gallo, que permanece encarcelado desde el 8 de diciembre pasado.

En la AFA aún no emitieron declaraciones oficiales, aunque el cuerpo técnico liderado por Diego Placente sigue con los preparativos del certamen, que se disputará del 23 de enero al 16 de febrero. De hecho, ya dio la lista de convocados definitiva.

Tras las declaraciones de Bullrich, una fuente de la Conmebol dijo a una agencia internacional que se «está monitoreando» la situación en Venezuela, en referencia a la incertidumbre generada por la asunción presidencial de Maduro, que se llevó a cabo en medio de múltiples cuestionamientos internacionales.

Para la Conmebol no sería una novedad el cambio de sedes de sus encuentros y torneos. Este mismo certamen que otorga cuatro cupos para el Mundial Sub-20 (a disputarse este año en Chile), tenía como sede Perú y el traslado a Venezuela se produjo después de la detención de Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos y fraude.