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Venezuela: el Tribunal Supremo de Justicia declaró ganador a Nicolás Maduro

Venezuela: el Tribunal Supremo de Justicia declaró ganador a Nicolás Maduro

La presidenta del organismo afín al oficialismo dio a conocer este jueves el cuestionado fallo que posibilitaría que el actual titular del Ejecutivo cumpla un tercer mandato.

Nicolás Maduro

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ), Caryslia Beatriz Rodríguez, declaró este jueves a Nicolás Maduro como ganador de los comicios en el país caribeño. La titular del organismo controlado por el régimen chavista desoyó las denuncias nacionales e internacionales de fraude y, tras un supuesto escrutinio de las actas de las elecciones presidenciales en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE), ente también funcional al oficialismo, proclamó triunfador al actual jefe de Estado, quien quedaría así habilitado para cumplir un tercer mandato de seis años.

«Certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024, emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el período constitucional 2025-2031. Así se decide», rezó la sentencia leída por Rodríguez.

La intervención del tribunal, solicitada por Maduro, fue cuestionada por observadores locales y extranjeros que dudan de la independencia del organismo y aseguran que no tiene competencia electoral. En ese marco, la oposición exige que el Consejo Nacional electoral presente las actas de los comicios, algo que todavía no hizo.

Con su posteo, la dirigente insistió con el desafío que ya había lanzado este sábado durante el multitudinario evento que congregó a sus seguidores en Caracas, quienes corearon la misma consigna: “Les voy a decir algo: por ahí hay gente que dice que en tres semanas ya pueden haber impreso actas falsas. Ojalá. Échenle bolas, impriman actas falsas”, expresó durante el acto que tuvo réplicas en más de 300 ciudades del mundo.

La coalición que respalda a Edmundo González Urrutia, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), asegura que su candidato ganó por amplio margen las presidenciales venezolanas y publicó “el 83,5 % de las actas electorales” para reforzar un reclamo que fue respaldado por varios países y organizaciones nacionales e internacionales.

Rechazos al fallo del TSJ en Venezuela

El postulante opositor rechazó el fallo del TSJ que dio por ganador de las elecciones presidenciales a Maduro. “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. No usurparán la verdad”, escribió en la red social X el exdiplomático que forma parte de la coalición liderada por Machado.

El también opositor Henrique Capriles, candidato en las presidenciales de 2012 y 2013, afirmó que la sentencia “no resuelve ni cambia lo que el pueblo venezolano decidió en paz con su voto”, sino que ahonda la “gravísima situación institucional” en el país sudamericano, marcado por la “desconfianza” ciudadana en las instituciones. ”Seguiremos junto a la gente buscando que prevalezca la verdad y se respete en paz la soberanía popular. La mentira jamás podrá ser una solución para Venezuela”, escribió en sus redes sociales.

La Justicia condenó a 12 años de cárcel a un militar que abusó sexualmente de su hija

La Justicia condenó a 12 años de cárcel a un militar que abusó sexualmente de su hija

Los abusos comenzaron cuando la víctima tenía 5 años y se prolongaron hasta los 14. La niña acudió a las autoridades del colegio al que asistía relatando el calvario vivido durante 9 años

La Justicia condenó a 12 años de cárcel a un militar que abusó sexualmente  de su hija - Diario La Mañana

Fuente: https_www.lamañanaonline.com.ar/
Un hombre que abusó sexualmente de su hija desde que ella tenía cinco años, fue condenado a la pena de 12 años de cárcel por la Cámara Segunda en lo Criminal de la provincia.

La parte resolutiva de la sentencia fue leída este martes al mediodía por el presidente del Tribunal, el juez Arturo Lisandro Cabral, en presencia del abusador, su abogado defensor, familiares de la víctima y la abogada de la parte querellante.

 

El condenado es integrante de las Fuerzas Armadas y cuando fue detenido, en diciembre de 2021, se desempeñaba como suboficial de alto rango en el Regimiento de Infantería de Monte 29, con sede en la ciudad de Formosa.

La sentencia condenó al militar a 12 años de cárcel de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta por igual tiempo, por ser autor material y penalmente responsable del delito de abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal calificado y continuado.

La sentencia judicial aún no está firme, la fiscal del juicio había solicitado una pena de 18 años de prisión, en tanto la abogada de la familia de la víctima pidió 12 años y el abogado defensor del acusado planteó la absolución de su cliente por falta de pruebas.

El Tribunal de juicio también condenó al militar a la pérdida de la responsabilidad parental, lo que en la práctica significa la desaparición de sus derechos como padre respecto a la víctima, habiéndose notificado de esta decisión al Registro Civil y Capacidad de las Personas de la ciudad de Formosa.

El fallo tiene los votos coincidentes de los jueces Arturo Lisandro Cabral, Ricardo Fabián Rojas y María de los Angeles Nicora Buryaile.

Abusos reiterados

Como resultado de la investigación realizada en la fase de Instrucción y, posteriormente, los testimonios y otras pruebas plasmadas en el juicio oral y público realizado en Tribunales, los jueces de la Cámara Segunda concluyeron que quedó debidamente probado que entre los años 2012 y 2021, en la vivienda familiar el militar -ahora condenado- abusó sexualmente de su hija menor de edad durante el tiempo señalado, en forma continua y en innumerables ocasiones.

La joven manifestó -cuando declaró en Cámara Gesell- que durante todo ese tiempo no contó lo que sucedía por miedo al imputado, a quien describió como una persona agresiva y violenta con su madre.

Denuncia y pruebas

Finalmente cuando tenía 14 años, la adolescente pudo acudir a la vicerrectora de su colegio, contándole lo que venía soportando desde que era una niña.

La funcionaria activó el protocolo, convocando a la abuela, que figuraba en los registros de la institución como una de las responsables con facultades de retirar a la joven del instituto y quien a su vez informó de tan lamentable circunstancia a la madre de la joven, realizándose la denuncia policial.

El hombre fue detenido el 1 de diciembre de 2021 y, a partir de ese momento, se desplegó una amplia investigación policial y judicial, que concluyó con la sentencia leída el pasado martes.

Los hechos denunciados quedaron plenamente acreditados con las pruebas incorporadas al debate, erigiéndose en primer lugar y como de relevante importancia el testimonio de la víctima en Cámara Gesell, el cual fue detallado, concreto, preciso y con características de verosimilitud absoluta.

La verosimilitud del relato de la víctima se vio reforzado además por informes periciales y el aporte que hicieron los testigos.

Caso Loan Peña: Laudelina, la tía del nene, fue imputada y citada por la Justicia

Caso Loan Peña: Laudelina, la tía del nene, fue imputada y citada por la Justicia

La mujer había dicho que el nene de 5 años había sido atropellado y enterrado el mismo día desaparición. Expectativa por saber cómo su situación procesal podría afectar al resto de la causa.

Laudelina

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

La mujer fue convocada este viernes por la jueza Cristina Pozzer Penzo e ingresó al Juzgado Federal de Goya poco después del mediodía para comparecer ante la magistrada. Hasta el momento, no trascendió qué delito se le adjudica.

Laudelina pasó sus últimos días refugiada entre varios domicilios de la capital de Corrientes luego de que la semana pasdaa denunciara ante un fiscal de la Justicia provincial correntina que Loan había fallecido al ser atropellado por el marino Carlos Pérez y que fue amenazada por María Caillava, pareja de Pérez, para callar la situación.

Los fiscales del caso, Mariano de Guzmán, Alejandra Mangano y Marcelo Colombo, habían pedido detenerla días atrás, ya que sospechaban que había plantado el botín de Loan en el paraje Algarrobal para despistar la búsqueda. Aunque originalmente la jueza había denegado ese pedido, todo cambió en las últimas horas.

Mensaje extorsivo a un hermano de Loan

Cristian Peña, uno de los hermanos de Loan, mostró un chat extorsivo que le habría mandado desde Chaco una persona que sostuvo que estaba con el menor y que no podía hablar porque sino «no había trato». En medio de la incertidumbre por la desaparición del nene de 5 años, su familiar dio a conocer una conversación que mantuvo por WhatsApp con una persona que dijo estar con el pequeño.

La captura muestra cuando el hermano llamó al contacto anónimo, quien le pidió que le escriba y le preguntó por Loan: “Sí, es mi hermano”, le respondió Cristian. Luego, comenzó la parte en la que la persona lo extorsionó: “¿Querés hablar, escucharlo y negociar para que vuelva con tu familia?”.

“Él está bien. No quiero que alertes a nadie porque sino no habrá trato ¿ok?”, continuó el agresor. Al no recibir respuestas por parte de Cristian, el contacto dejó de escribirle y la conversación finalizó con un “chau” por parte del extorsionador.

 

Tarifa eléctrica: la oposición acudió a la Justicia por las audiencias públicas

Tarifa eléctrica: la oposición acudió a la Justicia por las audiencias públicas

Atento al aumento de tarifa y quita de subsidios por parte del Gobierno nacional, el concejal capitalino Diego Herrera, junto a las diputadas provinciales de la UCR Ana Costa Ankenbrand y Carla Zaiser, solicitó a la Justicia que el Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos (EROSP) y REFSA convoquen a audiencias públicas previo a todo futuro aumento en las tarifas del suministro eléctrico.

Tarifa eléctrica: la oposición acudió a la Justicia por las audiencias  públicas - Diario La Mañana

Fuente: /https_www.lamañanaonline.com.ar

“El usuario tiene el derecho a conocer el régimen tarifario y las sucesivas modificaciones previo a su aprobación”, indicaron los legisladores.

En su presentación, los radicales señalaron que “ante el dictado de las resoluciones N° 90/24 y 94/24 de la Secretaría de Energía de la Nación, las cuales entraron en vigencia a partir del 1 de junio y se extenderán hasta el 30 de noviembre de 2024, es inminente que en Formosa se disponga un nuevo aumento de la tarifa eléctrica, pero ello no puede darse de forma arbitraria sin cumplir con el procedimiento de audiencias públicas, el derecho a información previa y el derecho al consumidor”.

En este aspecto señalaron que tanto la Ley provincial N° 1.171 como la N° 1.121 establecen el derecho del usuario a conocer el régimen tarifario previo a su aprobación y a la obligación de reglamentar su funcionamiento.

En este sentido, dijeron que “la normativa es clara, primero en consagrar la existencia de audiencias públicas como paso previo e indispensable a cualquier aumento de la tarifa de energía eléctrica, siendo la función del EROSP solamente reglamentarla, proceso que es fundamental para transparentar todo el proceso de incremento energético, haciendo efectivo el derecho constitucional de todo formoseño al acceso a la información pública, revalidando así los derechos constitucionales del consumidor”.

Finalmente, los radicales coincidieron en que “es habitual que ni EROSP ni REFSA informen los costos operativos del servicio, ni expresen cómo se componen (personal, insumos, amortización de bienes de capital, costos, etc)”.

Alimentos sin repartir: la Justicia volvió a intimar al Gobierno

Alimentos sin repartir: la Justicia volvió a intimar al Gobierno

En un plazo de 72 horas, deberá presentar otra vez el plan de reparto de la mercadería. Mientras, denuncian que la leche en polvo de Capital Humano se vende en una plataforma.

Los alimentos sin repartir derivaron en un escándalo para el gobierno nacional.

Fuente; https://www.diariopopular.com.ar/

El juez Sebastián Casanello intimó otra vez al gobierno nacional para que presente el plan de distribución de alimentos, al cual consideró incompleto. Así, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovellotendrá 72 horas para entregarlo volver a entregarlo, aunque recibió otras opciones para su solución.

La Justicia también le ofreció, como segunda alternativa, que un funcionario competente de la cartera se acerque hasta el juzgado para explicar cómo será la distribución de la mercadería, que hace algunas semanas derivó en un escándalo, sabiendo que estaban próximos a vencer.

A raíz del último informe que entregó Capital Humano, Casanello explicó que “el contenido, si bien constituye un primer avance indicativo de la voluntad del Ministerio de cumplir con lo ordenado por el juzgado y la Cámara, resulta insuficiente para poder ‘analizar su razonabilidad en función de los derechos constitucionales en juego’”.

“Se le hace saber a las autoridades del Ministerio de Capital Humano de la Nación que, a los fines de cumplir con el requerimiento, podrán ofrecer en su lugar el testimonio de una persona responsable dentro del área competente, conocedora del plan diseñado, para que comparezca ante estos Estrados a los fines de ampliar la información”, agregó.

Leliga Gianni, subsecretaria legal y técnica de Capital Humano, había entregado el plan de stock y distribución por parte del Gobierno. Previamente, Casanello había solicitado este documento acerca de los productos que estaban en los depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo, en Tucumán.

 

La Justicia se mostró unida en una foto que tuvo a Horacio Rosatti como referente

La Justicia se mostró unida en una foto que tuvo a Horacio Rosatti como referente

Representantes judiciales de todos los sectores se mostraron juntos en la audiencia pública del Consejo, donde tomó la palabra el presidente de la Corte Suprema.

La Justicia se mostró unida en una foto que tuvo a Horacio Rosatti como referente

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, conmemoró el 30° aniversario de la Reforma Constitucional, al inaugurar la Audiencia pública periódica de información del Consejo de la Magistratura.

Del encuentro participaron el vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz; el ministro decano, Juan Carlos Maqueda; el ministro Ricardo Lorenzetti; los consejeros Agustina Díaz Cordero, Diego Barroetaveña, Héctor Recalde, Miguel Piedecasas, Alejandra Provítola, Jimena de la Torre, Sebastián Amerio, María Fernanda Vázquez, Roxana Reyes, Álvaro González, Eduardo Vischi y Guillermo Tamarit; y el procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra.

También asistieron los integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, Daniel Petrone, Gustavo Hornos y Javier Carbajo; de la Cámara Criminal y Correccional de la Capital Federal, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi; de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Horacio Días; de los jueces Sebastián Casanello, Sebastián Ramos y María Eugenia Capuchetti; y el secretario general de Judiciales, Omar Piumato.

Rosatti calificó a la reforma de 1994 como “la más participativa, plural y heterogénea de todas las que pudieron haberse hecho en el país”, que significó “la búsqueda de un consenso práctico destinado a transformar la realidad”.

«El Consejo es hijo de esa reforma”, dijo el ministro de la Corte, y que su instauración permitió optimizar un mecanismo de designación de magistrados: “Hoy contamos con un proceso de selección que controla la idoneidad de los postulantes, perfectible, pero muy superior al anterior”.

En tanto, ponderó la aprobación, en la sesión plenaria de ayer del Consejo, de un conjunto de reglas orientadas a promover el uso del lenguaje claro en los pronunciamientos judiciales.

“Esto va a permitir mejorar la comunicación y ser más entendidos por el resto de la sociedad, con la convicción de que el Derecho no es solo una ciencia con lenguaje propio, sino el ámbito que nos dice a todos, no solo a la comunidad jurídica, lo que está permitido y prohibido”, afirmó.

Piden informes a la Corte Suprema por la interna entre Rosatti y Lorenzetti

Un grupo de diputados de Unión por la Patria pidieron al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, que informe sobre los cuestionamientos que esgrimió Ricardo Lorenzetti en su disidencia sobre la creación de una nueva secretaría penal en el tribunal.

Lo hicieron mediante un pedido de acceso a información pública que firmaron Germán Martínez, Carolina Gaillard, Ricardo Herrera, Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade, Vanesa Siley y Juan Manuel Pedrini.

Los diputados pidieron “detalles sobre hechos y situaciones denunciados por Lorenzetti, de los que no se encuentran registros de acceso público”.

El pedido de informes reclama a Rosatti que precise “si existen en el ámbito de la Corte unas 60 mil causas sin resolver, y en ese caso explique cuáles son las razones que dieron lugar a ese atraso en la resolución”.

Los legisladores pretenden saber “si se discutió entre los ministros la elaboración de un código de ética, algo que jamás existió en la Justicia argentina a diferencia de la mayor parte de las naciones del mundo”.

Lorenzetti denunció que la creación de una nueva secretaría penal demandará un aumento en el presupuesto de la Corte y la creación de nuevos cargos.

El funcionario designado en esa secretaría es Diego Seitún, sobre quien los diputados preguntaron “si es abogado defensor de Rodrigo Arboleda Halaby en la causa que investiga la cesión fraudulenta de la Sociedad Rural Argentina por parte del Estado Nacional; de Carlos Alberto Castellani, funcionario del Banco Nación investigado por los préstamos fraudulentos otorgados a Vicentín SAIC; y de Joaquín Enrique Marque, en una causa en la que se investiga el libramiento de cheques sin fondos”.

El documento también pide la copia de las actuaciones administrativas sobre el principal colaborador de Rosatti, Silvio Robles, a quien Lorenzetti cuestionó en un capítulo de su voto titulado “Ocultamiento de las irregularidades de un funcionario”.

 

La Justicia condenó a 20 años de cárcel a los homicidas de Hugo Pablo López

La Justicia condenó a 20 años de cárcel a los homicidas de Hugo Pablo López

El hecho ocurrió en enero de 2019 en la localidad de Mayor Vicente Edmundo Villafañe. La víctima tenía 30 años

Fuente: https_www.lamañanaonline.com.ar/
El martes 28, la Cámara Segunda en lo criminal de la Justicia provincial llevó a cabo la audiencia de debate en el juicio por el homicidio de Hugo Pablo López, acontecido el 21 de enero de 2019. Por el hecho, la Cámara resolvió condenar a los dos imputados en la causa a la pena de 20 años de prisión e inhabilitación absoluta como coautores de homicidio.

La lectura de la parte resolutiva del fallo se realizó en el sexto piso de Tribunales, en esta ciudad. De esta forma, la Justicia consideró como autores del hecho de homicidio a Héctor Samuel Meza y Marcelo Ramón Antoñadis.

En los argumentos del fallo, se dejó sentado que “el día 21 de enero del año 2019 en horas de la madrugada, Héctor Samuel Meza y Marcelo Ramón Antoñadis, (a) “Luca”, se dirigieron al domicilio de Hugo Pablo López, sito en calle Juan Manuel de Rosas y Jujuy del barrio Luján de la localidad de Mayor E. Villafañe, llevando consigo una mochila repleta con armas como cuchillos, hacha, revolver y una soga”.

La Cámara Segunda en lo Criminal dio como probado que ese día ambos sujetos ingresaron al inmueble donde se encontraba López, a quien “lo ataron de pies y manos mediante el uso de una soga, lo amordazaron y mientras se encontraba semidesnudo y recostado en la cama, le propinaron varios golpes con un elemento contundente en el sector del rostro, ocasionándole múltiples fracturas en la cabeza y heridas en el cuero cabelludo, en la región fronto-parietal”.

En los fundamentos de la sentencia, se señala que ambos condenados “finalmente también le realizaron a la víctima un corte en la zona del cuello que le ocasionó la muerte por “paro cardiorrespiratorio traumático, traumatismo encefálico craneano grave, fractura hundimiento de frontal con pérdida de tejido cerebral”.

 

Los hechos y la investigación

Alrededor de las 9.30 horas del 21 de enero, personal de la comisaría de la localidad de Mayor Edmundo Villafañe tomó conocimiento sobre el hallazgo del cuerpo de una persona sin vida que habría sido degollada en una vivienda del barrio Luján.

Al llegar al sitio, observaron el cuerpo de un hombre de unos 30 años aproximadamente que presentaba un corte en la zona del cuello.

Conforme testimonio del padre de la víctima, el mismo residía solo en dicha vivienda. El hallazgo desafortunado lo realizó el propio progenitor cuando fue, esa mañana, a visitarlo.

Un par de días después, dos sujetos fueron detenidos por la Policía como los presuntos responsables del asesinato, que fue caratulado como “Homicidio calificado”, procediéndose a su vez al secuestro de varios elementos de prueba que guardarían relación con el ilícito.

En la investigación del caso trabajaron efectivos de la comisaría local, el jefe de la Dirección de Policía Científica de esta ciudad capital, en forma conjunta con la delegación El Colorado, la sección Delitos Complejos del Departamento Informaciones Policiales y de la Regional Dos con asiento en Pirané.

Del trabajo de campo realizado y testimonios recibidos surgieron algunos indicios de la presunta participación de un sujeto y otro domicilio donde podrían encontrarse elementos relacionados al delito; motivando que se solicitaran al juez de turno dos órdenes de allanamiento.

Con la orden en mano, un nutrido grupo de efectivos de la Policía dio cumplimiento a la orden judicial en una vivienda de la calle Esteban Rish, entre avenida Independencia y calle Almirante Brown del barrio San Miguel. En ese lugar, encontraron varios elementos de prueba, entre ellos prendas de vestir, zapatillas con restos presumiblemente de sangre. Además, se procedió a la detención de un joven de 23 años.

En la continuidad de la investigación sumaron otro dato importante a través testimonios, motivando que los uniformados se trasladaran hasta una represa ubicada a unos 3 kilómetros de esa localidad, a la vera de la ruta provincial 3.

En presencia de testigos, los auxiliares de la Justicia secuestraron de la represa una mochila con un revólver calibre 32 con tres cartuchos del mismo calibre, dos pasamontañas, una tenaza, un sombrero retobado, un hacha de mano, un trozo de cuerda de similares características a la encontrada en el lugar del hecho, cuatro armas blancas, una pistola de aire comprimido con cargador y un mazo, entre otros elementos.

Del testimonio y los elementos de prueba secuestrados, surgió la imputación y detención de otro joven de 19 años.

Luego de un juicio, ambos detenidos en la investigación fueron condenados ahora por la Justicia a 20 años de cárcel por el homicidio de Hugo Pablo López.

La Justicia provincial ordenó a una mujer que deje de hostigar a sus vecinos con ruidos molestos

La Justicia provincial ordenó a una mujer que deje de hostigar a sus vecinos con ruidos molestos

La jueza que investigó y resolvió el caso recurrió a la técnica de lenguaje claro para explicar su fallo y los alcances de la medida adoptada

La Justicia provincial ordenó a una mujer que deje de hostigar a sus vecinos  con ruidos molestos - Diario La Mañana

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Una mujer fue condenada por la Justicia provincial a deponer su actitud y cesar con el hostigamiento hacia sus vecinos con ruidos molestos.

Según indicaron fuentes, la mujer hostigaba diariamente a dos chicos menores que padecen severos problemas auditivos. La Justicia Civil ordenó cesar inmediatamente esta conducta abusiva y visiblemente perjudicial para la salud de los niños discapacitados.

El caso fue tratado en el marco de una demanda judicial, denominada medida autosatisfactiva, por el Juzgado Civil y Comercial Nº 2 de la ciudad de Formosa, a cargo de la jueza Claudia Pérez Grepo.

El conflicto vecinal fue causado por una mujer que todos los días, al salir de su casa, en el barrio San Miguel, a bordo de su automóvil, tomó por costumbre tocar bocina por más de un minuto frente a la vivienda de su vecina, sabiendo que allí viven una niña y su hermano, ambos menores de edad, que padecen hipoacusia neurosensorial bilateral, debiendo por tal afección tener que usar audífonos especiales para lograr percibir los sonidos. El estridente sonido de la bocina de un automóvil a poca distancia provoca en los chicos con este tipo de patologías un trauma acústico con lesiones a nivel neuronal, afectándoles gravemente su salud.

En este contexto, la madre de los niños pidió a su vecina que deje de actuar de esta manera porque en su casa viven sus hijos que padecen hipoacusia y que los ruidos de bocina les causan daños de todo tipo. La mujer, lejos de comprender esta situación, aumentó la frecuencia de los bocinazos de manera deliberada y desenfrenada, pero además comenzó a sacar fotos a los chicos, hostigándolos de manera constante.

Cansada del problema, la madre de los chicos recurrió a la Justicia buscando una solución a través de una medida autosatisfactiva y, como resultado, la jueza Pérez Grepo sacó un fallo a través del cual ordena a la mujer a que, inmediatamente de notificada, cese en su conducta de hostigamiento hacia la familia damnificada, bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias en la suma de diez mil pesos por cada día de incumplimiento a la medida.

Fundamentos

Luego de analizar el caso y escuchar los argumentos y pruebas ofrecidas por las partes en conflicto, la jueza Pérez Grepo concluyó que el uso de la bocina que efectúa la demandada es excesivo, en razón de que no es necesario realizarlo al efectuar la marcha atrás.

En tal sentido, alude al artículo 48 inciso V de la Ley de Tránsito, que prohíbe en la vía pública usar la bocina o señales acústicas, salvo en caso de peligro o en zona rural, y tener el vehículo sirena o bocina no autorizadas.

La magistrada pudo constatar, al verificar el contenido de un pendrive, que el uso de la bocina no fue sólo una vez sino que inicia y se prolonga durante varios segundos, y así sucesivamente en las distintas grabaciones tocando bocina. “Ahora bien, se observa además que no lo hace sobre el borde del asfalto, sino que lo efectúa desde su garaje, cuando comienza su acción de marcha atrás, lo que evidencia que no es necesario el uso de la bocina, no hay un riesgo ni peligro evidente, como alega la demandada, sino -por el contrario- un uso indebido e innecesario”, sostiene la jueza en el fallo, indicando además que se quedó demostrado que ambos menores que habitan el inmueble contiguo están diagnosticados con hipoacusia neurosensorial bilateral y que cuentan con audífonos, razón por la cual la conducta denunciada “excede la normal tolerancia y podría dañar el sistema auditivo de los mismos, por lo que se deben tutelar los derechos de los niños implicados”.

En virtud de lo señalado y encontrándose acreditados los extremos procesales que tornan procedente la acción, la jueza concluyó que se torna imperioso ordenar a la demandada que deponga con su conducta excesiva, por cuanto surge indudable la existencia de una situación de hecho contraria a derecho (hostigamiento mediante ruidos molestos), debiendo cesar el hostigamiento sonoro de cualquier índole, incluido tocar bocina hacia sus vecinos, en especial los menores representados en la demanda.

Lenguaje claro

En el tramo final del fallo y utilizando la técnica de lenguaje claro, la jueza se dirige a la niña y al niño en cuestión, explicándoles la naturaleza y origen del problema y la decisión que tomó para poner freno a esa conducta abusiva.

El mensaje de la magistrada dice textualmente: “D.A. y A.D.: Mi nombre es Claudia, y la mama de ustedes, Andrea, acudió a la Justicia a pedir ayuda, y en representación de la Justicia me ha tocado a mí decidir.

Hay personas que hacen ruidos fuertes, lo que provoca un malestar en la salud de ustedes; para lograr que estén saludables, tranquilos, bien y tengan un espacio sano en el que puedan habitar, es que quiero decirles que he tomado medidas para que ustedes puedan vivir en armonía y tranquilidad dentro de la casa y en el barrio.

También les reitero que siempre pueden venir a pedirme ayuda cuando se den situaciones injustas y cuando otra gente no comprenda lo que ustedes deben afrontar día a día. Les aclaro que no todas las personas actúan bien o mal sino que no saben, no conocen o no entienden lo que ustedes atraviesan. Espero haber podido ayudarlos con mi decisión y les deseo lo mejor”.

Perú: Boludarte declaró ante el fiscal de la causa por posible obstrucción a la Justicia

Perú: Boludarte declaró ante el fiscal de la causa por posible obstrucción a la Justicia

La presidenta de Perú declaró frente a Juan Carlos Villena en la causa que está implicada por posible obstrucción a la Justicia en la detención de su hermano, Nicanor.

Dina Boluarte, presidenta de Perú. Foto: Reuters.

Fuente: https://www.canal26.com/

Dina Boludarte, presidenta de Perú, declaró este martes frente a Juan Carlos Villena, fiscal de la Nación. El motivo de su testimonio fue en la causa de obstrucción a la Justicia, producto de la desactivación de un equipo policial anticorrupción en la previa del arresto de su hermano, Nicanor.

Cabe recordar que Nicanor Boludarte recuperó su libertad el pasado 17 de mayo, ya que se determinó que no había riesgo de fuga ni obstaculización del proceso en su contra. El abogado Juan Carlos Portugal reveló que la presidenta de Perú no tenía intenciones de mantenerse en silencio, aunque marcó que esperaban que el Ministerio Público mantenga el caso bajo reserva.

La detención de Nicanor se produjo junto a la de Mateo Castañeda, abogado de la mandataria, que se sumaron a otros implicados en la investigación que llevaba adelante la comisión del delito de organización criminal y otros delitos en agravio del Estado, dentro de la denominada operación ‘waykis (amigos en quechua) en la sombra’, que está detrás una presunta red de tráfico de influencias.

Su paso demoró dos horas y media y se marchó del recinto sin brindar declaraciones a la prensa que estaba a la espera de su testimonio.

Este caso fue impulsado por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), que sostiene que los implicados forman parte de una presunta red dedicada al tráfico de influencias y la designación de prefectos y subprefectos (delegados del Gobierno en las regiones), en torno a la creación del partido Ciudadanos por el Perú.

Otra denuncia contra Dina Boludarte

En otra investigación, esta vez seguida contra la gobernante, la Fiscalía presentó el lunes una denuncia constitucional contra Boluarte «como presunta autora del delito de cohecho pasivo impropio, en agravio del Estado» por el caso conocido como ‘Rolexgate’, relacionado con varios relojes de lujo que la mandataria lució sin haber declarado.

La denuncia constitucional es un procedimiento especial que se aplica a los altos funcionarios del Estado, entre ellos la presidenta, quien goza de inmunidad.

Está dirigida al Congreso, cuya Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debe determinar su procedencia antes de iniciar un periplo parlamentario que termina en el pleno, que, en última instancia, deberá decidir si recomienda acusar a Boludarte por este caso.

 

 

Manuel Adorni: «La Justicia no se puede entrometer en la política pública»

Manuel Adorni: «La Justicia no se puede entrometer en la política pública»

Así lo manifestó el vocero presidencial tras conocerse la decisión del juez Sebastián Casanello acerca del Ministerio de Capital Humano.

Vamos a apelar esas decisiones. La Justicia no se puede entrometer en la política pública”

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

El Gobierno consideró este lunes que “la Justicia no se puede entrometer en la política pública” luego de que el juez Sebastián Casanello le ordenó al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, que informe qué cantidad de alimentos destinados a comedores sociales tiene almacenados y disponga su inmediata distribución.

Siempre fuimos respetuosos de la Justicia, lo que no quiere decir que utilicemos instrumentos legales cuando no estemos de acuerdo. Vamos a apelar esas decisiones. La Justicia no se puede entrometer en la política pública”, expresó el vocero presidencial, Manuel Adorni.

“Estos alimentos son reservados de forma preventiva para emergencias o catástrofes. No es algo que ocurre sólo en la Argentina…. Imaginen repartir todos los alimentos y que el día de mañana tengamos una catástrofe que amerite la inmediata entrega de alimentos. Uno no puede no tener stock”.

Par ser más específico, Adorni explicó que “de los 5 millones de kilos de alimentos, 3.1 millones corresponden a yerba mate que fue comprada por el gobierno anterior”. Y de inmediato enfatizó que “no hay un solo alimento que se vaya a tirar a la basura. No hay un solo alimento que esté bajo nuestra custodia que esté en riesgo de vencerse”.

Para el portavoz de Javier Milei, los reclamos surgen de gente que perdió privilegios: “A algunos les molesta que hayamos terminado con los intermediarios y con todo un esquema en la Argentina donde seguramente habia muchos beneficiarios a titulo personal, que se sienten dolidos porque se terminó el usufructo personal que tenían”.

El juez le encomendó al Ministerio de Capital Humano a que “elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato; lo que deberá informarse de manera precisa en el plazo de 72 horas”.

Casanello dispuso “librar una orden de presentación” (el aporte voluntario de documentación e información) “el detalle del stock actual de los alimentos almacenados en los depósitos ubicados en las localidades de Villa Martelli, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, y Tafí Viejo, Provincia de Tucumán”.

Ese informe “deberá incluir el tipo de alimento, y las fechas de adquisición y expiración de la mercadería”.

Además, el juez pidió “los registros de ingreso y egreso de mercadería desde diciembre de 2023 hasta la fecha; los expedientes administrativos en los que haya tramitado la adquisición de los alimentos almacenados, junto con toda otra actuación y/o documentación vinculada”.

La orden tendrá efecto inmediato: “Deberá diligenciarse por el personal del Departamento Unidad Investigativa contra la Corrupción de la Policía Federal Argentina el lunes 27 de mayo del año en curso a las 9:00 horas en la sede de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano, ubicada en Av. 9 de Julio 1925 de esta ciudad”.

Casanello dispuso que “una vez cumplida, deberá remitirse a esta dependencia la totalidad de la documentación recabada en formato digital al correo electrónico del juzgado”.