«Desde el retorno a la democracia en 1983, Argentina se ha consolidado como un referente mundial en materia de justicia transicional», afirmaron los expertos. Destacaron hitos como la CONADEP, el Juicio a las Juntas, el enjuiciamiento de más de mil perpetradores de crímenes de lesa humanidad, el Banco Nacional de Datos Genéticos, la restitución de la identidad de niños desaparecidos y el establecimiento de decenas de sitios y políticas de memoria.

«Aunque con vaivenes y lagunas, durante décadas el país avanzó enormemente en la lucha contra la impunidad y en garantizar los derechos a la verdad y a la memoria», señalaron. «Lamentablemente, hoy estamos observando un rápido deterioro del liderazgo mundial de Argentina en este ámbito».

Los expertos han expresado su preocupación al Gobierno en seis ocasiones en relación con las medidas regresivas adoptadas desde 2024. Estas incluyen la reducción del papel del Estado en la promoción de investigaciones penales por crímenes contra la humanidad, la obstrucción del acceso a los archivos de la dictadura y el debilitamiento de mecanismos de reparación y apoyo a las víctimas.

También señalan que en los últimos años el Gobierno de Milei desmanteló instituciones dedicadas a la memoria, la búsqueda de personas desaparecidas, la conservación de archivos y la promoción de los derechos humanos.

«Estas medidas socavan los cimientos de la justicia transicional, la democracia y el Estado de derecho, a la vez que debilitan las garantías de no repetición», advirtieron. «Instamos a las autoridades a restablecer sin demora las instituciones y políticas desmanteladas y a cesar las acciones que erosionan el legado histórico».

Los expertos recordaron que el Estado argentino tiene la obligación legal de garantizar la verdad, la justicia, la reparación, la memoria y la no repetición. «Esto no es opcional», subrayaron.

Además expresaron su profunda preocupación por las instancias públicas de negacionismo y glorificación de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura, los discursos estigmatizantes contra las víctimas y las organizaciones de derechos humanos, y las descalificaciones de las políticas de justicia transicional.

«Las autoridades deben abstenerse de recurrir a la desinformación y al discurso de odio en relación con estos crímenes y sus víctimas. Intentar reescribir el pasado con narrativas negacionistas o revisionistas constituye otro retroceso alarmante y una violación de los derechos humanos», afirmaron.

Ante los rumores que comenzaron a circular en redes sociales sobre un posible indulto a militares condenados por crímenes atroces, los expertos urgieron al Gobierno a no tomar ese camino.

«Los indultos por graves violaciones de los derechos humanos están estrictamente prohibidos por las normas perentorias del derecho internacional», advirtieron. «Argentina no puede cometer el mismo error otra vez. Por el contrario, debe consolidar y construir sobre su exitoso legado de justicia transicional para garantizar una reconciliación efectiva y la no repetición».