“La administración Trump arrestó a 538 inmigrantes ilegales delincuentes, entre ellos un presunto terrorista, cuatro miembros de la pandilla Tren de Aragua y varios inmigrantes ilegales condenados por delitos sexuales contra menores”, dijo Leavitt, y detalló que muchos ya fueron deportados a bordo de aviones militares.

“La mayor operación masiva de deportación en la historia está en marcha. Promesas hechas. Promesas cumplidas”, agregó, aunque no informó dónde se tomaron las fotografías de estas personas subiendo esposadas a un avión, ni tampoco el destino de este.

Leavitt dijo que Trump “está enviando un mensaje fuerte y claro al mundo entero: si ingresas ilegalmente a los Estados Unidos, enfrentarás severas consecuencias”.

Por contrapartida, los fiscales generales de once estados estadounidenses han advertido este jueves al presidente Trump, que no permitirán que su administración utilice recursos estatales para llevar a cabo deportaciones masivas de migrantes.

La declaración fue publicada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y contó con el apoyo de sus homólogos de California, Colorado, Conneticut, Hawai, Illinois, Maryland, Massachusetts, Nuevo México, Rhode Island y Vermont.

Asimismo, el alcalde de Newark, en el estado de Nueva Jersey, el demócrata Ras Baraka, calificó los anuncios de Trump como “acto atroz”, y dijo que su administración “no se quedará de brazos cruzados mientras se aterroriza ilegalmente a la población”,

Baraka informó en un comunicado que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) “allanaron un establecimiento deteniendo residentes indocumentados y también a ciudadanos, sin presentar una orden judicial”.

El alcalde indicó que uno de los detenidos es un veterano del Ejército estadounidense, una acción que calificó como un “acto atroz y una violación flagrante” de la Constitución de Estados Unidos.

Un juez federal bloqueó la orden de Trump que pone fin a la ciudadanía por nacimiento

Un primer freno a la política antimigratoria de Trump lo puso el juez del Tribunal de Distrito Federal, John C. Coughenour, quien bloqueó temporalmente la orden ejecutiva que ponía fin a la ciudadanía automática para todos los bebés que nacen en Estados Unidos, uno de los primeros pasos del presidente Donald Trump contra la inmigración.

La medida, que pone un freno por 14 días al decreto presidencial, renovables en su vencimiento, fue adoptada por el juez federal a raíz de una denuncia presentada por los fiscales de los estados de Washington, Arizona, Illinois y Oregón.

Esta es solo una de las diversas demandas que se presentaron contra la iniciativa del nuevo mandatario. En total, 22 estados, junto con activistas y mujeres embarazadas, han hecho presentaciones judiciales para frenar la normativa.

La iniciativa de Trump, llamada “Protección del significado y el valor de la ciudadanía americana”, fue firmada el pasado 20 de enero luego de su asunción presidencial. La misma iba a entrar en vigencia a partir del 19 de febrero.

Dicha orden ejecutiva arremete contra la 14° Enmienda constitucional, que establece que “toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos, y sujeta a su jurisdicción, es ciudadana de los Estados Unidos y del estado en que resida”, argumentando que “nunca ha sido interpretada como una extensión universal de la ciudadanía a todas las personas”.

Así, el presidente estadounidense estableció que no se emitirán documentos que reconozcan la ciudadanía de los Estados Unidos tanto para los bebés nacidos de mujeres inmigrantes ilegales, como también en el caso de mujeres que tenían una residencia “legal pero temporal” si su padre no es ciudadano estadounidense o residente permanente, como el caso de turistas.

Tras el fallo judicial adverso, Trump adelantó que va a apelarlo y apuntó contra el Coughenour: “Obviamente, apelaremos. Lo presentaron ante cierto juez de Seattle, supongo. ¿Verdad? Y no hay sorpresas con ese juez”.