“La sanción del proyecto de ley que establece modificaciones al régimen de movilidad previsional no constituye un acto maduro y responsable: se establecen gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria. Se trata de un gasto que, por su efecto acumulativo, se incrementaría año tras año, condenando al país a más emisión, deuda, inflación y pobreza”, opinó.

Luego, el funcionario agregó: “La administración de los recursos públicos debe llevarse a cabo de manera madura y responsable, alineada con los objetivos públicos y los principios de buena administración, evitando las ilusiones de mejoras sin fundamento. Esto se debe hacer con responsabilidad institucional, sin quebrar el equilibrio fiscal ni agravar la deteriorada situación del Sistema Integrado Previsional Argentino”.

El jefe de Gabinete también detalló que entre 2020 y 2023 “las jubilaciones sufrieron una caída del 45% en términos reales” y que “además se redujeron las jubilaciones de quienes habían aportado toda su vida, se confiscaron los ahorros de quienes habían elegido libremente que sus aportes no fueran administrados por el Estado y fueron incorporados al sistema contributivo millones de personas que no realizaron los aportes correspondiente”.

“Por el contrario, esta gestión estableció aumentos mensuales según el IPC, lo cual permitió una recuperación del poder de compra de los haberes jubilatorios de casi el 10% en lo que va del año, y de casi el 6% con respecto a noviembre de 2023”, consideró.

Según dijo, “esto refleja la voluntad de este Gobierno de garantizar un sistema de movilidad previsional justo y equitativo, donde los jubilados nunca más pierdan contra la inflación, evitándoles el flagelo que han padecido en los últimos 22 años”.

“No hay posibilidad de mejorar el sistema jubilatorio argentino si no es a través del crecimiento de la economía. Si seguimos con una relación de trabajadores informales superior a los trabajadores formales del sector privado es impensable mejorar el sistema previsional, impensable crear más puestos de trabajo sino es a partir de la estabilidad, del equilibrio fiscal, de generar confianza y darle libertad a todos los argentinos”, finalizó.

El presupuesto de la SIDE

El jefe de Gabinete también afirmó que el presupuesto de 100 mil millones de pesos adicionales en gastos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) que por decreto dispuso el Gobierno nacional es “una suma completamente razonable para montar un sistema de inteligencia que verdaderamente proteja a los argentinos”.

“Mientras históricamente los organismos de inteligencia en Argentina llegaron a tener presupuestos de 250 millones de dólares, en 2023 la AFI tuvo sólo 50 millones de dólares asignados. Esto no se alinea ni siquiera con el presupuesto designado por el sector privado para algo tan sensible como la ciberseguridad”, argumentó.

“Vinimos a modernizar el sistema de inteligencia y alejarlo de cualquier interés personal y partidario de la administración de turno. Por eso, enviamos sendos DNUs al Congreso para discutir el presupuesto que requiere la nueva SIDE, con una suma completamente razonable para montar un sistema de inteligencia que verdaderamente proteja a los argentinos”, señaló el funcionario.

Durante su discurso en la Cámara de Diputados, Francos defendió la decisión del Gobierno de Javier Milei de disolver la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que a su juicio estaba “totalmente desmantelada y desfinanciada, sin capacidad técnica, profesional ni material para hacer frente a las tareas de suma importancia que debía desarrollar”.

“Durante años, muchos de los fondos que debían destinarse a garantizar la seguridad de los argentinos fueron utilizados para el espionaje político, la persecución ideológica y el tráfico de influencias”, cerró el ministro coordinador.