La bancada que preside Cristian Ritondo recordó, en ese sentido, que la diputada Verónica Razzini presentó un proyecto de ley que apunta a «tipificar los bloqueos como delito penal, ya sean directos o indirectos, y establecer una pena de prisión efectiva para quienes impidan el normal funcionamiento de las empresas».

«Cuando una empresa no produce por culpa de un bloqueo sindical, no genera ingresos. Sin ingresos, no puede pagar los sueldos a sus empleados. Los bloqueos atentan contra el trabajo. Quienes los generan no defienden trabajadores, sino sus propios privilegios», señaló el PRO en un comunicado difundido en sus redes sociales.

«La Argentina de la extorsión se tiene que terminar», remarcó.

Así las cosas, la bancada dialoguista metió presión al Gobierno para que tome alguna iniciativa destinada a prohibir las medidas de acción directa gremial que implican cese de actividad en medios de transporte. Este pronunciamiento se produjo en medio del conflicto con los gremios aeronáuticos, y luego del anuncio del Ejecutivo en torno a la desregulación de los servicios de rampas que supone el fin del monopolio que ejercía la empresa estatal Intercargo.

Ayer, el presidente Javier Milei encabezó la reunión de Gabinete y envió un mensaje a los trabajadores aeronáuticos, al enfatizar: «Obviamente que Intercargo se termina».

«Hay una manipulación de la realidad», denunció el personal aeronáutico

La Asociación del Personal Aeronáutico (APA) consideró que se «manipularon» los hechos sobre las asambleas en Aeroparque y responsabilizó al gobierno de Milei por lo que pudiera suceder si las fuerzas de seguridad se hacen cargo de las operaciones en los aeropuertos del país.

«Desde marzo de este año hemos reclamado insistentemente a las autoridades de la empresa las fallas de la operativa por la falta de personal, retiros voluntarios (despidos encubiertos), la falta de inversión, la reducción de horas extras en Aeroparque y el salvaje desfasaje salarial», indicó APA en un comunicado. Y sostuvo que, «a pesar de esto, la empresa ha decidido despedir a 15 empleados de manera injusta, utilizando esta medida como represalia por ejercer sus derechos de protesta».

«Esta acción -continuó- no sólo es un ataque directo a los derechos laborales, sino que también busca intimidar y silenciar a los trabajadores que luchan por condiciones justas y dignas».

En ese sentido, APA señaló que «la acusación de que cientos de pasajeros, incluidos niños, embarazadas, ancianos y personas con capacidades reducidas, no pudieron descender de los aviones por casi tres horas, poniendo en riesgo su salud, es una manipulación de la realidad».

APA aclaró también que «la asamblea se llevó a cabo de manera pacífica y siguiendo todos los protocolos necesarios para asegurar la seguridad de todos los involucrados, desde la colocación de las escaleras y mangas en las aeronaves hasta la coordinación del descenso de los pasajeros que fueron trasladados fuera del hall de Aeroparque»