Los diputados habían citado la semana pasada a Lugones y Leguizamo para que explicaran los motivos por los cuales solo podrán acceder a los remedios gratuitos aquellos jubilados que cobren un haber de hasta 389 mil pesos y no tengan una prepaga.

El presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin, criticó con dureza que los funcionarios del Poder Ejecutivo hayan pegado el «faltazo» ante una citación de ese organismo, y dijo que «es obligación» concurrir para argumentar sobre esa medida que perjudica a los jubilados.

«La invitación llegó a ambos funcionarios y evidentemente estamos nuevamente ante un faltazo del Poder Ejecutivo siendo convocado formalmente a las comisiones de nuestro Congreso», expresó.

Yedlin recordó que «esta misma comisión citó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; al ex ministro Mario Russo, ya citó una vez a Lugones y ahora se suma también Leguizamo a la lista de funcionarios del Poder Ejecutivo que se niegan a venir a dar explicaciones, a venir a trabajar al Congreso a ver cómo solucionamos los problemas que tiene la gente».

El legislador planteó que «la mitad de los jubilados» dejaron de tener los medicamentos al 100 por ciento porque cobran haberes superiores a 389 mil pesos y otros «otros porque tenían que hacer una serie trámites administrativos que, por supuesto, fueron imposibles de realizar en los tiempos que teníamos».

El titular de la comisión comunicó que elaborarán un informe con preguntas que recogerán de los distintos bloques para «llevárselas» personalmente a dichas autoridades a fin de que respondan.

En la misma línea se expresó, el presidente de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, quien afirmó que Lugones y Leguizamo «se borraron de la Comisión de Salud donde fueron convocados para fundamentar el recorte de medicamentos a las y los jubilados. No se animan ni a poner la cara», expresó.

«Crueles. Inhumanos. Cobardes», escribió Martínez en la red social X.

Si bien no asistieron Lugones ni Leguizamo, si lo hicieron el secretario de la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad, Eduardo Semino, y el subsecretario general de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Juan José Bockel.

Semino hizo duras críticas a la decisión del PÄMI de recortar los medicamentos gratis al señalar que «hay 5 millones de jubilados que ganan 329 mil pesos, lo cual agrava todo y el estado de necesidad.

«El haber es miserable y por eso la necesidad de un medicamento al 100%», subrayó.

Señaló que la obra social de los jubilados «representa el tercio del mercado de los medicamentos y el que pone las condiciones, condiciona al resto del mercado, por lo cual es un problema estructural».

Por su parte, Bockel aclaró que no pueden dar una opinión hasta no escuchar las respuestas a un cuestionario que enviaron a las autoridades ya que decidieron «actuar de oficio».

Bockel detalló que se le pidió al PAMI que precise si evaluaron «la capacidad económica real para determinar la exclusión del subsidio, y los mecanismos existen para que un jubilado pueda solicitar una revisión en caso de exclusión injusta».