Según datos que publicó el Ministerio de Trabajo, estos rescates se llevaron a cabo en 8.400 operativos de fiscalización. El informe abarca registros desde 1995, cuando Brasil reconoció oficialmente la existencia de formas contemporáneas de esclavitud.

Desde 2003, más de 155 millones de reales, lo que representa unos 26,4 millones de dólares, fueron destinados al pago de derechos laborales y compensaciones a las víctimas.

Previamente a 2003, no se contaba con un registro preciso, ya que el Seguro-Desempleo del Trabajador Rescatado (SDTR), que consiste en tres pagos equivalentes al salario mínimo, fue implementado ese año.

El Código Penal de Brasil define el trabajo análogo a la esclavitud como aquel que implica trabajo forzado, jornadas extenuantes, condiciones degradantes o restricciones de movilidad debido a ‘deudas’ contraídas con el empleador.

Solo en 2024, el Ministerio de Trabajo y Empleo de Brasil llevó a cabo 1.035 operativos de fiscalización en los que rescató a 2.004 personas.

A pesar de que la cifra es menor a la del año anterior, cuando más de 3.100 personas fueron rescatadas, sigue reflejando la gravedad de estas violaciones de los derechos laborales.

Los sectores con mayores índices de explotación incluyen la construcción, el cultivo de café, la agricultura y la horticultura.

Aunque el trabajo forzado suele producirse en áreas rurales también se encuentra extendido en las grandes ciudades, donde se detectan, principalmente, en el sector del textil, que emplea a un mayor número de mujeres, o en la construcción.

Políticos en la «lista sucia»

El portal G1 informó que Marcus Rinco, alcalde reelecto de Alto Paraíso de Goiás, y cinco concejales, Fernando Morandi, Eduardo Lima, Fabiano Francisco da Silva, Manoel Nascimento y Gilvan Macedo, fueron incluidos en 2024 en la llamada “lista sucia” de trabajo esclavo. Algunos de ellos incluso no pagaron las multas impuestas.

Creada en 2004, la lista, de consulta pública y considerada por la ONU como una herramienta clave en la lucha contra la esclavitud, reúne a empresas y personas que usan mano de obra esclava. Aparecer en ella es una enorme mancha difícil de borrar para las compañías.

Los establecimientos vinculados a estos seis políticos fueron multados por violaciones laborales, que incluyen la falta de acceso a agua potable, jornadas laborales extenuantes, condiciones de alojamiento inadecuadas y exposición a sustancias tóxicas.

El caso más destacado fue el del alcalde Rinco. Su empresa Nascente Agro-Industrial recibió 15 multas por no proporcionar agua potable ni baños adecuados a sus empleados, y fue incluso clausurada temporalmente por «riesgos graves e inminentes».

Otro caso significativo fue el del concejal Eduardo Lima, propietario de Fazenda Pimenteiras, una empresa dedicada a la producción de castañas de cajú en Beberibe, en el estado de Ceará. Durante una inspección entre noviembre de 2022 y enero de 2023, se rescataron a 22 trabajadores, incluidos dos menores de edad.

Los empleados dormían en el suelo y no tenían acceso a normas de higiene básicas. Lima tiene una deuda de 315.000 reales (unos 53.000 dólares) en multas impagas.

La inclusión en la ‘lista sucia’ del trabajo esclavo no es una sanción judicial, sino una herramienta de transparencia para que la sociedad conozca qué empresas y personas han sido identificadas como explotadoras de personas en condiciones degradantes.

Jamile Freitas Virginio, auditora fiscal de Trabajo, recordó que «la lista no es una penalización, sino una forma de garantizar que la sociedad tome decisiones informadas».

Por su parte, la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) consideró preocupante que personas con antecedentes de explotación laboral ocupen cargos de liderazgo. «Pensamos que una persona que se postula para un cargo de concejal o alcalde siempre busca el bien común, pero vemos que, en la práctica, no es así», advirtió el coordinador del programa de combate al trabajo esclavo de la CPT, Fray Xavier Plassat.