Grabois tomó el Instituto Perón cerrado por Milei y terminó preso

El lugar, de gran valor simbólico, había sido disuelto días atrás por el gobierno nacional a través del decreto 346/2025.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, denunció que se trató de una “irrupción violenta”, mientras que desde el espacio de Grabois se defendieron alegando una “ocupación pacífica y simbólica”.

Pasadas las 14 horas, alrededor de 50 personas ingresaron al edificio ubicado en la calle Austria 2593, en el barrio porteño de Recoleta, donde funcionaba el instituto desde 1997. Lo hicieron a través del café lindero “Un café con Perón”, que permanecía abierto, y accedieron al interior por una puerta interna.

El propio Grabois compartió desde su cuenta en X: “Hace minutos la juventud del movimiento nacional recuperó del odio gorila la antigua residencia de Perón y Evita, donde funcionaba el Instituto disuelto ilegalmente por el régimen de Milei”.

En el edificio estaban presentes también los diputados nacionales Itai Hagman y Natalia Zaracho, el senador bonaerense Federico Fagioli y la diputada provincial Lucía Klug, todos referentes de Patria Grande. Desde los balcones, colgaron banderas con leyendas como “Si no podés elegir, no hay democracia” y “Defendamos nuestra historia”.

La respuesta del Gobierno fue inmediata. Alrededor de las 17, un operativo de la Policía Federal, con apoyo de la Policía de la Ciudad, se desplegó en la zona. Agentes de Infantería ingresaron al inmueble, desalojaron a los ocupantes entre forcejeos y lanzaron gas pimienta. Juan Grabois fue detenido y fotografiado dentro del móvil policial. “Meteme preso Milei, pero la bandera argentina no me la sacás”, escribió el dirigente en sus redes sociales, en referencia a una bandera que llevaba consigo.

Más tarde, desde el Ministerio de Capital Humano se difundió un comunicado oficial en el que se informó que el Instituto “contaba con 20 empleados y generaba un gasto anual de más de 400 millones de pesos”. En el parte se agregó que el presupuesto era destinado “a salarios y mantenimiento de servicios básicos, sin que se haya realizado ninguna investigación significativa”.

La cartera que dirige Pettovello aseguró además que, tras el cierre del organismo, se tomaron “acciones para resguardar el patrimonio histórico y cultural”, el cual se encuentra “inventariado y en proceso de transferencia a la Biblioteca Nacional y al Archivo General de la Nación”. Según el texto oficial, estas medidas evitaron que el patrimonio fuera dañado por “quienes irrumpieron con violencia”.

Sin embargo, desde el espacio de Grabois se insistió en que se trató de un acto de resistencia no violenta. “Es un acto de reafirmación del derecho de nuestro pueblo a su memoria histórica, no solamente de los peronistas, sino de cualquier ciudadano que quiera conocer su historia”, explicó el dirigente. “Acá había un museo, un lugar de homenaje. Hicieron una cosa muy fea: pusieron una bolsa mortuoria en la estatua de Perón y Evita. Eso nos motivó a defender este espacio con nuestra presencia”.

La tensión en torno al Instituto Perón comenzó el 7 de mayo, cuando el vocero presidencial Manuel Adorni anunció el cierre del organismo. Según el Gobierno, la medida respondía a una política de ajuste y a la idea de que los estudios históricos sobre Perón podían realizarse en otras instituciones sin necesidad de financiamiento estatal.

La respuesta del Partido Justicialista no se hizo esperar. Acusaron al Ejecutivo de llevar adelante una “persecución ideológica” y solicitaron formalmente que el PJ sea el responsable de preservar el patrimonio documental, bibliográfico y artístico del instituto.

El Instituto Nacional “Juan Domingo Perón” fue creado en 1995 bajo la presidencia de Carlos Menem y funcionaba desde 1997 en la antigua Quinta Unzué. En ese mismo lugar, Eva Perón falleció en 1952 y Juan Domingo Perón vivió hasta su derrocamiento. La residencia fue demolida por orden del dictador Pedro Eugenio Aramburu en 1958, y sólo se salvó el edificio donde funcionaba el instituto.

“Para nosotros es un símbolo de los atropellos del Gobierno contra los derechos sociales. Muchos de esos derechos se forjaron acá, y son parte de la identidad de nuestro país”, expresó Grabois antes de ser detenido. “Va a haber una permanencia pacífica. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo decida la justicia. Yo estoy acá también como abogado. No les tenemos miedo”.

El operativo de desalojo concluyó con varios militantes heridos, forcejeos entre fuerzas de seguridad y la detención de Grabois, que fue trasladado a una dependencia policial. El futuro del edificio, así como del patrimonio allí alojado, quedó en manos del Gobierno, mientras que desde la oposición ya anticipan nuevas acciones judiciales y movilizaciones.